Las FARC se acreditan el ataque a un helicóptero y la muerte de 21 soldados en Colombia
Reuter, Dpa, Afp y Efe, Santafé de Bogotá, 9 de julio Ť En tanto que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmó que ``la estrategia de guerra del Estado fracasó y el ejército está a la defensiva'', las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se responsabilizaron del derribo el domingo pasado de un helicóptero y la muerte de 21 soldados.
Dos líderes encarcelados del ELN, Francisco Galán y Felipe Torres, enviaron una carta a representantes de cuatro conglomerados empresariales, en donde abogan por hablar con ``sectores más estables del Estado y la sociedad'', pues acusan al presidente Ernesto Samper de ser ``débil y variable'' por cambiar sus planes en torno al diálogo por la paz.
En ese sentido, señalaron que el mandatario ha tenido una ``actuación errática'' al pedir a su colega venezolano Rafael Caldera ``abstenerse de realizar contactos'' con la insurgencia colombiana. Por ello, califican de ``errática'' y ``débil'' su actuación ante los anhelos de paz de los colombianos y el pronunciamiento empresarial favorable a la misma.
En esa oportunidad, Samper criticó a la insurgencia al apuntar que a ésta sólo le interesa tener acercamientos internacionales para lavar afuera sus culpas domésticas, como el derribo del helicóptero en una zona petrolera de Arauca, pues las autoridades atribuyeron este hecho al ELN, aunque después dijeron que fue una acción conjunta con las FARC.
``Sólo en la medida en que los gestos de reconciliación de la guerrilla correspondan con una clara voluntad de abandonar definitivamente el camino de las armas, el gobierno de Colombia aceptaría y buscaría los esfuerzos de facilitación y aproximación de un gobierno amigo, como el de Venezuela'', acotó entonces el presidente.
Por ende, en su carta a los empresarios, el ELN asienta que ante ``tanta variabilidad'' de Samper se genera sólo un clima de incertidumbre, y que por eso la guerrilla considera oportuno invitarlos a ellos a buscar construir diferentes escenarios para la paz en una interlocución con ``sectores más estables del Estado y la sociedad''.
No obstante, piden a los empresarios que estudien en ``conjunto'' una aseveración del ex presidente liberal Alfonso López Michelsen (1974-78), en cuanto a que el país ``se enrumbó en una desbocada concentración de la riqueza'', y que el ingreso de los ricos en Colombia es 16 veces más alto que el de los pobres, o sea el 80 por ciento de la población.
En la misiva, dirigida a los empresarios Adolfo Arango, Carlos Ardila, Augusto López y Luis Carlos Sarmiento, tras señalarles que la guerra también les incumbe, apuntan que ante el fracaso del ejército, piden a la ONU que ``constaten'' en el terreno que las operaciones político-militares de la guerrilla ``no violan el derecho humanitario''.
Justifican que la reciente muerte de menores de edad y otros civiles no combatientes obedeció a ``serios errores de improvisación o fuego cruzado en medio del combate, pero no aceptamos que se nos acuse de que estas víctimas son producto de actos deliberados''. Al parecer, respondieron así a calificativos de que son una ``turba de asesinos''.
Por su parte, las FARC entregaron a la prensa un comunicado en el que se responsabilizan del derribo de un helicóptero, lo que causó la muerte de 21 de sus ocupantes. A la par, reivindicaron también el atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, señuelo para atraer al helicóptero y derribarlo cuando descendía.
Sin embargo, en la misiva, los líderes del ELN enfatizan que el helicóptero en cuestión era civil, y que eso demuestra que las fuerzas militares ``cometen perfidia al usar aeronaves civiles, enmascarando su naturaleza ofensiva con el fin de obtener ventajas en el terreno de la confrontación''.
Mientras proseguían los combates entre ejército y guerrilla, con casi una decena de bajas, se informó que dos soldados venezolanos resultaron heridos en La Charca, en el fronterizo estado de Apure, tras un ataque de presuntos rebeldes del ELN.
En tanto que el gobierno anunció que revisará las asociaciones de seguridad social, acusadas de ser grupos paramilitares ligados al ejército, juristas independientes difundieron que los asesinatos políticos descendieron en 13 por ciento en 1996. En otros hechos, la justicia colombiana condenó a 21 años de cárcel al narco Miguel Rodríguez Orejuela. A su vez, Estados Unidos insistió en exigir la extradición de los principales capos colombianos.