El gobierno mexicano ha anunciado en estos días ``serias'' mejoras en materia de educación, en donde, según lo manifestado, se pretenden mejorar fundamentalmente tres aspectos: cobertura, calidad y equidad. En este sentido, ha hablado de un proyecto de educación donde se ha ejecutado una serie de reformas a los planes y programas de estudio, con los cuales cree poder lograr la eficacia educativa, misma que seguramente avalará mediante la incierta palabra de las cifras.

Los logros anunciados y previstos tendrán razón en algunos sectores de la sociedad nacional, más no así en las zonas rurales y particularmente en las regiones indígenas donde la realidad es radicalmente distinta. Al respecto, es muy sintomático lo que ha expresado el presidente Zedillo en territorio tzotzil cuando ha anunciado ``un programa para dotar gratuitamente de libros de texto a 230 mil alumnos de primero de secundaria de las 956 comunidades más pobres del país'', instruyendo al mismo tiempo ``al secretario de Educación, a que junto con el gobierno del estado se programen y lleven a cabo, en un corto plazo, acciones que ayuden a enfrentar más rápidamente el analfabetismo...'' (La Jornada, 1o. de julio de 1997, p. 8).

Si bien este tipo de esfuerzos emprendidos por parte del Ejecutivo federal merecen, por un lado, nuestro reconocimiento, por otro merecen también nuestro desacuerdo, debido a que consideramos que su manera de proceder es sencillamente inadecuada. Porque no sólo se trata de repartir libros gratuitamente. No sólo se deben emprender acciones a corto plazo para dar una supuesta solución a algunos aspectos del problema educativo, como es el hecho de procurar abatir el analfabetismo. Más bien es necesario definir políticas que permitan una modificación profunda al sistema educativo nacional.

Mantener el asistencialismo gubernamental en los términos como lo hemos vivido, nos seguirá llevando a más estancamientos y desperdicio de recursos y potencialidades. La razón principal de estos fracasos consiste en que las políticas públicas, relacionadas con la educación, aplicadas en nuestras comunidades han sido diseñadas desde las instancias burocráticas del Estado, es decir, sin la participación de los pueblos indios.

Consecuentemente, la educación ``escolarizada'' que hemos recibido en nuestras comunidades no ha considerado nuestras lenguas y culturas indígenas; de ahí que la llamada educación bilingüe intercultural en México no existe o, al menos, deja mucho qué desear.

En nuestros pueblos, la transmisión de conocimientos dentro de las aulas se sigue haciendo en una sola lengua y con base en una sola cultura: el español y la cultura de occidente, en una lengua y una cultura ajenas y distintas a las nuestras, lo cual ha dado lugar a efectos psicológicos negativos entre nuestros educandos, tales como la timidez, la inseguridad y el desinterés, como los más comunes. De aquí la deficiencia en cuanto al aprovechamiento escolar que ha llevado a un rendimiento académico muy bajo, y por lo tanto a un alto porcentaje de deserción.

Si hay verdadera voluntad por mejorar la educación en los pueblos indígenas, lo que debe hacerse es crear un nuevo modelo educativo cuyo objetivo sea la obtención de una educación realmente indígena. Esto es, una educación surgida desde nuestros pueblos y que, consecuentemente, esté en manos de ellos mismos, con lo cual se tendría una educación acorde con nuestra propia visión del mundo y que, por tanto, sí tome en cuenta y respete nuestras lenguas y nuestras culturas; en otras palabras, una educación que sea realmente bilingüe intercultural.

Para tal, los contenidos y métodos educativos deben provenir de la cultura de origen de los alumnos y también de la cultura nacional, cuidando que el conocimiento de esta última no signifique la pérdida de su propia identidad ni el abandono de su lengua materna.

Urge entonces retomar, en el plano de las discusiones nacionales, lo que ha quedado consagrado en los Acuerdos de San Andrés para facultar, en la Constitución federal y en la Ley General de Educación, a los pueblos indígenas de capacidad para controlar sus espacios educativos propios y poder determinar sus modelos de enseñanza conforme a sus necesidades y características particulares y específicas. Urge romper las barreras estructurales que han dado rigidez e inmovilidad al proceso educativo. Urge una reflexión profunda de los educadores para cambiar actitudes y mentalidades que permitan valorar y dignificar la cultura indígena. Urge también poner las bases esenciales que den un rostro pluricultural a la educación mexicana.

De lo contrario, la llamada educación indígena seguirá siendo una declaración de buena voluntad de los gobernantes y de todos los actores inmersos en este asunto.