Indicios de que la muerte del hijo de Carlos Menem no fue accidental

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 3 de julio Ť Los peritajes de la gendarmería nacional dan cuenta de una serie de ``elementos sospechosos'' que indica-rían que hubo disparos contra el helicóptero que piloteaba Carlos Menem Yoma, hijo del presidente Carlos Menem, cuando éste se estrelló en San Nicolás, provincia de Santa Fe, en marzo de 1995.

La versión de que la muerte de Menem Yoma no fue accidental cobró fuerza en momentos en que Martín Laguens, jefe de anatomía patológica de la Dirección de Asesorías Periciales del Poder Judicial, informó que la la última autopsia al asesinado reportero gráfico José Luis Cabezas demuestra que recibió una salvaje golpiza y fue ultimado de dos balazos en la nuca, lo que revela además que los anteriores peritajes sobre el crimen ocurrido en enero pasado fueron falseados.

La posibilidad de que Menem Yoma no hubiera muerto accidentalmente fue denunciada desde mayo de 1995 por la ex esposa de Menem, Zulema Yoma, quien como madre del joven de 25 años inició una querella ante las irregularidades que detectó en el informe final del supuesto accidente.

Enfrentándose al gobierno y a su ex marido, Yoma mantuvo desde entonces la tesis, y los hechos actuales parecen darle la razón. Nunca se investigaron los restos del helicóptero, y no se pudo lograr una autopsia en un primer momento. Esta mañana se difundió una llamada de un supuesto militar que aseguró que Carlos Menem junior pidió auxilio después de informar que le habían disparado.

En estos días se adelantó que la Comisión de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas también habrían encontrado señales de disparos. En las últimas horas la tesis del crimen se ha potenciado, y la extraña muerte de por lo menos cuatro testigos de lo que pudo ser un atentado parecen ratificar las denuncias que desde mayo de 1995 mantiene quien ha acusado al círculo ``áulico'' del presidente de haberlo aislado de la realidad. Yoma desafió todas las presiones e instaló desde entonces una querella, y en sus primeras denuncias ubicó como ``mafiosos'' al secretario privado de la presidencia, Ramón Hernández, y a otros funcionarios como Alberto Kohan y Carlos Corach.

Una cadena de asesinatos en torno a la muerte de Carlitos junior

El gobierno, en tanto, ratifica que fue un accidente, pero se conoce que los dos peritajes habrían confirmado una aleación de plomo y antimonio que es común cuando se utiliza un proyectil. Desde un principio, abogados que rodean a Yoma confirmaron a La Jornada que había trazos de disparos que posiblemente interesaron el tanque del combustible haciéndole perder altura hasta estrellarse. Lo que obliga a pensar que hay un hecho oscuro es la serie de muertes en torno a este supuesto accidente. El primer perito que actuó fue asesinado en la puerta de su casa; otro de los testigos --un campesino de la zona-- fue atropellado por un camión intencionalmente, un detenido que envió a Zulema Yoma una carta con algunas denuncias murió en un extraño tiroteo, y un funcionario que había escuchado decir en la secretaría de seguridad que había tres personas en el helicóptero recibió una extraña visita ``mafiosa'': una ráfaga de disparos en el frente de su casa a principios de junio pasado.

Así va creciendo otra novela negra, en un país donde ninguno de los graves hechos ocurridos en los últimos años se aclaró: ni amenazas, ni atentados, ni agresiones.

Por esta razón, el día de ayer la periodista Magdalena Ruiz Guiñazu no se sorprendió cuando después de haber sido reiteradamente amenazada encontró en la puerta de su departamento una bala. Esto a pesar de que había un policía de guardia en la puerta del edificio.

Virginia Shopee, de Amnistía Internacional, se mostró preocupada por la falta de respuesta gubernamental ante la grave situación, cuando ya suman 800 las amenazas y agresiones contra periodistas, con dos asesinatos, el de Mario Bonino en 1993, y el de Cabezas, este año, sin aclarar. El organismo internacional solicitó al gobierno una pronta aclaración de estos hechos, pero las irregularidades y presiones que rodean al crimen de Cabezas y otros, incluyendo el posible atentado contra el hijo del presidente, dejan severas dudas sobre una verdadera decisión de la justicia en este aspecto.

La última autopsia de Cabezas demuestra que éste recibió una salvaje golpiza antes de ser asesinado de dos balazos en la nuca, pero además revela que las anteriores pericias fueron falseadas. Una amenaza contra la periodista Genoveva Biegier, también docente universitaria y con ella a todos los periodistas de Radio América, revela una vez más que quienes amenazan cuentan con los datos precisos de teléfonos y de celulares que no siempre aparecen en los directorios telefónicos.

En tanto, con visible apresuramiento, los legisladores oficialistas votan leyes con estricto quórum, como la que dio vía libre a la venta del Banco Hipotecario Nacional, empresa que tenía un superávit de 300 millones de dólares anuales, resistida por toda la oposición e incluso por sectores del propio peronismo.

Asimismo, una maniobra oficialista estuvo a punto de lograr en la madrugada de ayer --aprovechando la ausencia de la oposición-- que se votara un proyecto de ley que impulsa el gobierno para reglamentar el Consejo de la Magistratura, y mediante el cual se viola la última Constitución de consenso para legalizar el control de la justicia por parte del Ejecutivo.

Esta actitud, así como el bloqueo del justicialismo que impidió el voto de censura para el ministro de gabinete Jorge Rodríguez por haber recibido al sospechado empresario Alfredo Yabrán, muestran el apresuramiento del gobierno por ganar espacio ``a cualquier precio'' antes de las elecciones legislativas de octubre próximo.