En el curso de esta semana, y en el contexto de un proceso electoral que está por llegar a su punto más candente y que se prefigura como el más disputado, vigilado y transparente que haya tenido el país en muchas décadas, el presidente Ernesto Zedillo ha formulado repetidos llamados a la sensatez, la convivencia civilizada, la tolerancia y el diálogo entre las distintas fuerzas políticas como mecanismos para resolver las diferencias. Asimismo, ha expresado un importante reconocimiento a las actitudes que caracterizan, hoy en día, a los partidos opositores. Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Partido de la Revolución Democrática al gobierno de la ciudad, y otras figuras de su instituto político, han hablado de las condiciones de equidad y limpieza en que transcurre este proceso electoral, especialmente si se le compara con los desaseos, las prácticas ilegales y la parcialidad gubernamental que, hasta hace unos años, caracterizaban a los comicios en el país.

Estas declaraciones son trascendentes para el desarrollo cívico y político de México, no sólo porque recogen los propósitos de la sociedad de transitar a la brevedad posible a un régimen de partidos, a una definitiva separación entre el partido gobernante y las instituciones del Estado y a una normalidad democrática plena, sino también porque, en lo inmediato, en vísperas de los comicios, contribuyen a despejar las pasiones políticas después de unas campañas que, en el caso de varios de los contendientes, se centraron en los excesos verbales, los ataques y la descalificación personal de sus adversarios.

Dejar atrás la virulencia partidista señalada y propiciar un clima de entendimiento, respeto y tolerancia resulta fundamental, toda vez que éste es necesario para que el nuevo mapa político plural que, con razonable certeza, surgirá de la elección del 6 de julio, se traduzca en soluciones para el país y no en nuevos enconos y confrontaciones. El gobierno federal y las fuerzas políticas en pugna dan muestras de haberlo entendido así, y cabe felicitarse por ello.

Por otra parte, no deben pasarse por alto los riesgos que se ciernen sobre los comicios inminentes, empezando por la posibilidad de que grupos de interés incrustados en los ámbitos político y económico, u organizaciones mafiosas y corruptas, intenten desconocer la voluntad popular expresada en las urnas si ésta es contraria a los designios o a la perpetuación del poder de tales grupos.

Un hecho especialmente preocupante es la versión sobre el secuestro del hijo de Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia del estado de Guerrero, información confirmada y luego desmentida que presenta, sin embargo, rasgos de verosimilitud. Tanto si se trata de un rumor sin fundamento --y cabe esperar que así sea-- como si el secuestro realmente ocurrió, el asunto se enmarca en un delicado momento político y conlleva, a tres días de los comicios, riesgos --y acaso también intenciones-- de desestabilización. Por ello, resulta necesario que se esclarezcan a cabalidad las incertidumbres sembradas entre la ciudadanía por las versiones contradictorias sobre el supuesto secuestro, el cual, de haberse realizado, vendría a sumarse a una serie de acciones similares cometidas o intentadas en días recientes. No puede permitirse que las aspiraciones cívicas y democráticas de la sociedad sean saboteadas por desinformadores ni por secuestradores.