Alto costo para el país, la nueva ley del IMSS, señalan PRD y analistas

Oscar Camacho Guzmán Ť Al entrar en vigor la reforma a las Afore, el ex director del IMSS, Ricardo García Sainz, diputados del PRD y especialistas señalaron que, de ganar la oposición el próximo 6 de julio, deberá promoverse ``la reforma a la reforma'' de la Ley del Seguro Social, por considerar que el nuevo modelo constituye el desmantelamiento más grande del sistema de seguridad social en el país en el presente siglo.

Por su lado, el coordinador de la fracción parlamentaria perredista, Pedro Etienne Llano, señaló que el modelo propuesto por el gobierno no ha podido acreditar en ninguna experiencia latinoamericana que con los sistemas privados de pensiones se incremente el ahorro interno en los márgenes esperados.

Dijo, incluso, que la reforma a la ley tendrá un alto costo para el país, calculado en 82.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) para los próximos 50 años. ``Ese costo será cubierto por los contribuyentes y con la contratación de deuda pública, lo que en los hechos representará un desahorro nacional que pone en entredicho el propósito de fincar el desarrollo del país en una estrategia de ahorro interno forzado''.

Lo anterior quedó de manifiesto durante la presentación del libro La seguridad social mexicana: en la ruta de la privatización, texto elaborado por los diputados Saúl Escobar y Rosa María Márquez, junto con los investigadores Carlos López y Odilia Ulloa, y en el que, además de un análisis sobre las implicaciones a la reforma del Seguro Social, se recogen las participaciones que en tribuna hicieron diputados de la oposición durante los 29 días que le tomó al PRI aprobar la nueva ley.

El ex director del IMSS y ahora candidato externo del PRD al Congreso, indicó que esa reforma contribuirá a ``desmantelar el estado de bienestar social en el país, por pedido y en los términos que le impusieron'' a México el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dentro del programa de ajuste estructural.

``La ley es la continuación del proceso de desmantelamiento del sistema de medicina social más grande del continente, provocado por la conciencia que existe en la administración del presidente (Ernesto) Zedillo de la insuficiencia de recursos para atender con eficacia las tareas del Seguro Social.''

García Sainz indicó, sin embargo, que la privatización implícita en la reforma no resolverá cuestiones fundamentales que la ciudadanía reclama, como es una mejor atención en enfermedades generales y maternidad, ni los requerimientos urgentes en guarderías ni el abasto de medicamentos, pues para ello el gobierno no contará con mayores recursos al tiempo que se incrementa cada día la demanda de servicios.

Es decir, el Seguro Social ``continuará en un proceso de desarticulación, que necesariamente lo llevará a la privatización de los servicios médicos y la reducción sensible de su cobertura. Se pone fin al sistema solidario y, sin mayor demostración de su beneficio, se sustituye por un sistema de ahorro individual''.

Señaló que el nuevo modelo tendrá tres efectos que afectarán a los trabajadores y derechohabientes: el primero es que el ahorro individual será sensiblemente menor a lo que se puede cubrir por el sistema solidario; el segundo reflejará los riesgos del mercado, que se les transfieren a los nuevos pensionados, y el tercero impondrá a la sociedad entera una inmensa carga fiscal para absorber el costo de la transición durante los próximos 40 años.

Pedro Etienne Llano aseveró que ``una reforma que no tuvo consenso no puede aspirar a ser recibida con pasividad'', y que la fracción perredista continuará promoviendo el cambio de esa ley, pues coincidió con García Sainz en que tendrá efectos negativos en el sistema de enfermedades y maternidad, el debilitamiento en el sistema de guarderías y en la provisión de servicios públicos de salud.

Tareas legislativas pendientes

La presentación del libro se realizó en el Palacio de San Lázaro, con la participación de Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; el profesor Pedro Moreno, de la UAM Xochimilco, y el diputado Saúl Escobar.

Berenice Ramírez criticó de entrada el poco tiempo destinado a la discusión de esa reforma por el PRI, y sostuvo que constituye una modificación a la ley que, ``además de afectar conquistas sociales, presenta ambigüedades que tienden a producir más inseguridad que seguridad social''. Explicó que la lógica de esas reformas forma parte del modelo de reproducción social que impera en el país desde los años 80.

``Lo que sigue pendiente, y sería tarea de la siguiente asamblea legislativa, es la discusión acerca de la seguridad social mexicana con todas sus implicaciones, no sólo lo que ha sucedido en cuanto a la reforma de las pensiones, sino a las tendencias que estará mostrando la salud, la necesidad de guarderías y, espacios de esparcimientos'', entre otros.

Por su parte, Pedro Moreno dijo que como ciudadano exigía a las autoridades actuales y futuras continuar la discusión sobre la problemática de la seguridad social y sus alternativas de solución.

Aseveró que en la agenda de la seguridad social debe incluirse la discusión sobre cuestiones como la creación del seguro de desempleo, el concepto de esperanza de vida activa y sus repercusiones en los sistemas de salud y seguridad social, y la integración de un paquete mínimo garantizado que contenga atención a la salud, asignaciones familiares y servicios de guardería.

Por último, el diputado Saúl Escobar señaló que el libro presentado constituye un testimonio de la posición política que mantuvo el PRD en la discusión de las reformas, la cual el PRI no quiso dar y provocó la aprobación de la ley de manera apresurada, con un ``ausente fundamental'': el sector de los asalariados, que serán los principales afectados por el nuevo sistema de pensiones.

Angeles Cruz, Andrea Becerril y Fabiola Martínez Ť La nueva Ley del Seguro Social deberá tener vigencia para los trabajadores que ya cotizan en la institución sólo si renuncian al régimen anterior, de tal suerte que mientras ello no ocurra preserven sus de- rechos ya adquiridos, plantearon ayer integrantes del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social Pública. Informaron que presentarán demandas de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y juzgados de distrito.

En tanto, la Coordinadora Nacional en Defensa de la Seguridad Social Solidaria presentará hoy ante la Cámara de Diputados una carta de protesta por lo que considera ``el carácter privatizador'' de la nueva ley del IMSS.

``Acudimos ante ustedes para manifestar nuestro derecho constitucional de inconformidad a las reformas promovidas por el Ejecutivo federal y aprobadas por el Poder Legislativo. Exigimos que la nueva ley del IMSS sea sometida a reconsideración y se legisle para que dicha normatividad sea abrogada'', se destaca en la misiva.

En un mitin realizado en el Zócalo capitalino, representantes de 30 organizaciones sociales también manifestaron su preocupación por la ``evidente amenaza'' de reformar la ley del ISSSTE. Después, los cerca de 200 manifestantes se trasladaron al Banco de México, para exigir que la cuenta concentradora que administrará los ahorros de más de 4 millones de trabajadores no cobre comisión.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), hasta el 30 de junio se inscribieron en alguna Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) 4 millones 700 mil trabajadores, casi 50 por ciento del total de derechohabientes.

``No queremos engaño''

Antonio Vital Galicia, ex dirigente de la sección 14 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, señaló en el Hemiciclo a Juárez que a partir de ayer se empezaron a reunir solicitudes de amparo, las cuales serán presentadas ante un juzgado de distrito y la Suprema Corte. Calculó que para agosto tendrán unos 80 mil de esos recursos legales.

Con esa acción, apuntó, se buscará evitar que la ley se aplique a los trabajadores afiliados. ``Lo que queremos es que no haya engaño, y mientras los trabajadores no renuncien al viejo sistema, preserven sus derechos.''

Señaló que ``por lo menos la mitad de los trabajadores inscritos en las Afore es personal de confianza que fue obligado a ello''. Específicamente mencionó a los 30 mil empleados que no son de base en el IMSS.

En tanto, los integrantes de la coordinadora, entre ellos fracciones democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el Movimiento Proletario Independiente, la Unidad Obrera Socialista, organizaciones del Movimiento Urbano Popular y otros sindicatos independientes, afirmaron que el nuevo sistema de pensiones representa una ``estructura corporativa llena de irregularidades y coerción'' hacia los trabajadores. Aseguraron que ``están resquebrajadas'' las garantías mínimas constitucionales de bienestar social para el pueblo.

Publicidad engañosa

Los trabajadores tienen cuatro años para decidir la mejor opción en cuanto a las Afore, advirtieron los legisladores obreros Abelardo Carrillo Zavala y Javier Pineda Serino. ``Es falso'' que sea ya el límite para optar por alguna Afore, y que de no inscribirse los obreros quedarán fuera, como alguna ``publicidad engañosa'' quiere hacer creer.

Carrillo Zavala expresó que lo mejor es analizar el comportamiento de cada administradora y luego decidir, pues se trata de los ahorros de toda la vida de los trabajadores.

Pineda Serino indicó que en el caso de los trabajadores cetemistas la dirigencia sindical les ha recomendado que se inscriban en la Afore Siglo XXI del IMSS, ya que es la que da mayor seguridad. ``Las demás administradoras no garantizan la recuperación de los ahorros de los trabajadores'', agregó.

En vigor, nueve reglamentos

Con la nueva Ley del Seguro Social también entraron en vigor nueve reglamentos para ``reducir trámites administrativos, dar mayor certeza a los derechos y obligaciones de patrones y trabajadores, modernizar procedimientos e incorporar la más reciente tecnología informática y de telecomunicación'', dijo Sergio Valls, director jurídico del IMSS.

Los nuevos ordenamientos son los reglamentos para el Pago de Cuotas del Seguro Social, de Afiliación, de la Seguridad Social para el Campo, del Recurso de Inconformidad, del Seguro de Salud para la Familia, para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, de Servicios Médicos, para la Prestación de los Servicios de Guardería, y para el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante el IMSS.

Mejorarán la captación y distribución de los recursos: Juan Moisés Calleja

La nueva ley del IMSS garantiza la captación y distribución de los recursos del instituto de manera ``eficiente y expedita'', y se termina con la evasión de las cuotas patronales, sostuvo el secretario general de esa dependencia, Juan Moisés Calleja.

Aseguró que más de un millón de empresarios aportan al Seguro Social, y ``sólo un porcentaje mínimo'' está retrasado en el pago de sus obligaciones.