Clara culpa de Figueroa sobre Aguas Blancas

Jesús Aranda Ť Rubén Figueroa, ex gobernador de Guerrero, pretendió ``ocultar la verdad'', confundir los hechos, callar con rápidas indemnizaciones --``por cierto no total y satisfactoriamente cumplidas''-- a los familiares de las principales o más desdichadas víctimas y multiplicar las explicaciones a través de entrevistas con los medios informativos sobre la matanza de Aguas Blancas, señaló el ministro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro.

En la edición corregida y aumentada de su libro Diálogo de mestizos. Antiensayo de lo mexicano, Castro y Castro retoma en un pasaje la actuación del máximo tribunal de justicia en la investigación que hizo sobre el asesinato de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en la que concluyó que las autoridades guerrerenses encabezadas por Figueroa habían ``engañado a toda la sociedad''. Respecto a la actuación del ex mandatario, el ministro de la Corte establece que si hubiera procedido de otra manera, ``la justicia se habría magnificado si el gobernador de inmediato se hubiere unido a la indignación general de la sociedad guerrerense y a la del país''.

Así, continúa, habría actuado con energía a través de su procurador --no de un procurador o fiscal especial-- y de sus principales autoridades, y hubiese dictado de inmediato disposiciones para aclarar totalmente los hechos, y restructurado los cuerpos de policía preventiva, ``mostrando realmente lo filmado para escarnio de los asesinos y de sus cómplices''.

Castro y Castro enfatiza que ``para confundir aún más la situación'', las autoridades guerrerenses no dudaron en presentar a los habitantes de esa entidad como proclives a las ``broncas'', con respuestas radicales en todos los casos, con lo cual se afirmó que la violencia en Guerrero ``no es lo mismo que los acontecimientos en cualquier otro estado de la República''.

Con este razonamiento, insiste Castro y Castro, se pretendió decir que ``es normal lo que en otros estados es grave violación de garantías individuales, salvando así a su gobierno de supuesta negligencia, puesto que la violencia es propia de Guerrero''. Esa tesis es muy peligrosa para nuestra profunda constitucionalidad, asevera, porque se daría lugar a la existencia de ``excepciones de regionalidad''.

El ministro de la Corte recuerda que en su dictamen sobre el caso Aguas Blancas, cuyo segundo aniversario se cumplió apenas hace unos días, el máximo tribunal de justicia del país hizo referencia a la cultura del engaño.

Además de que se estableció que en el vado de Aguas Blancas se cometió una grave violación del derecho a la vida de 17 campesinos y se causaron heridas a 21, además de que no hay evidencias de que el gobierno de Guerrero hubiera actuado como era su responsabilidad; ``más bien, actuó como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y no proteger a los responsables de los hechos''.

Por tal motivo, subraya, fue evidente la responsabilidad de los entonces gobernador, procurador general de justicia y secretario general de Gobierno, así como de los funcionarios consignados, ``porque actuaron como cultivadores del engaño, la maquinación y la ocultación''.

Al respecto, argumenta el ministro que la entrega de información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que veda la posibilidad a la sociedad de conocer la verdad, es característica de los regímenes dictatoriales. Por ello, concluye que una de las bases de sustentación de la democracia como sistema de vida radica precisamente en que el derecho a la información sea elevado a rango constitucional.