PRD: continúa la entrega de videos; teme que se repartan el 6 de julio

Rosa Icela Rodríguez Ť A ocho días de las elecciones, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ayer que, a pesar de la denuncia penal que presentó por la distribución del video que lo difama, continuó la entrega del mismo, con el riesgo de que el día de las elecciones sea repartido, lo que, sin duda, configuraría un delito electoral.

El PRD, además, manifestó su descontento ante la inmediata liberación de los detenidos involucrados en este caso y la aclaración de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los hechos no configuran delitos electorales.

El asesor jurídico de la presidencia de ese partido y representante legal de Cuauhtémoc Cárdenas, Samuel I. del Villar, dijo que las autoridades tienen la obligación de indagar sobre los hechos, ya que ``hizo falta una investigación a fondo'' por parte de la fiscalía especializada en delitos electorales de la PGR, como lo hizo ver al propio titular de esa dependencia.

``Presumiblemente, existe un adversario politíco que tiene interés en promover este tipo de conductas delictivas, y los adversarios son partidos políticos, requerimiento suficiente para que sea un delito electoral'', expresó Del Villar.

Asimismo, denunció que ``la PGR ni siquiera agotó el término constitucional de 48 horas para integrar la indagatoria antes de poner en libertad a estos presuntos delincuentes electorales, como si le urgiese ejemplificar que gozan del aval de las autoridades para ello''.

Además, dijo, estas conductas criminales pueden manifestarse durante la jornada electoral.

El problema es que la PGR, al determinar arbitrariamente que no existen delitos electorales, impide la comprobación de los mismos.

Para Del Villar, al garantizarse la impunidad de los delincuentes detenidos en flagrancia, se estimula la delincuencia electoral encubierta. Seguramente, dijo, ``bajo el amparo de esta impunidad seguirán actuando hasta que se realicen las elecciones''.

En caso de que se hubiese liberado bajo caución a los detenidos, la PGR estaría incumpliendo con su obligación de haberlos consignado ante un juez federal. Pero el hecho es que no profundizó en la investigación a los responsables de los delitos, contemplados en la ley de imprenta, en agravio de Cuauhtémoc Cárdenas y del PRD.