En varias regiones del estado de Chiapas no existen las condiciones políticas mínimas para que se realicen las votaciones del próximo 6 de julio. Esto aparece como una conclusión irrebatible de un valioso informe del IFE sobre la situación prevaleciente en los distritos electorales 01, 02, 03 y 05, presentado en su Consejo General del 27 de junio. De llevarse a cabo, el proceso electoral dañará aún más y, sin lugar a dudas, los sensibles y débiles tejidos sociales de una región que hoy se encuentra en un virtual estado de guerra.

Los datos aportados por los comisionados del IFE para valorar la situación política de las regiones sureñas referidas son escalofriantes, por decir lo menos. En una de sus partes dice:

``En comunidades de los municipios de Tila, Sabanilla y Salto de Agua del distrito 01; en el municipio de El Bosque del distrito 02, así como en los municipios de Chenalhó y Pantelhó del distrito 05, existe un ambiente social de inseguridad ocasionado por factores criminales, políticos y económicos. La violencia real y potencial que prevalece en dichos municipios implica un riesgo para el derecho ciudadano del sufragio libre [...] En ciertos municipios pertenecientes a los distritos aquí analizados -agrega el documento del IFE- prevalece una situación excepcional, que incluye la presencia del Ejército mexicano; esta situación puede (??!!) incidir en el ánimo de los electores el día de los comicios''.

La lista de agravios parece interminable: ``problemas de facciones partidistas, invasiones de tierra, religiosos, y los generados por la inconformidad de comunidades con la Comisión Federal de Electricidad; imposibilidad (absoluta) para realizar actos de campaña...; alta inseguridad generada por enfrentamientos, emboscadas y asesinatos que se han presentado en los últimos meses (y) que han traído como consecuencia el desplazamiento de los habitantes de algunas comunidades de estos municipios...; inseguridad [...] en las comunidades de Patasatal, Huanal, Jolnixte, Agua Fría, Nuevo Limar, Senobio Aguilar, La Trinidad, Nuevo Corozal, Corosi, Panchuc, El Crucero, Masoja, Yoxija y Usipa; enfrentamientos de grupos armados por problemas socio-políticos en la localidad de San Pedro Nichal-Ucum (y) en la comunidad Alvaro Obregón...; el condicionamiento de pagos superiores a los legalmente establecidos para desempeñarse como funcionarios de casilla en los municipios de El Bosque, Huitiupán, Ixhuatán, Jitotol, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Solosuchiapa, Tapalapa y Tapilula''.

Con todo, el IFE plantea contradictoriamente, en el mismo informe, que ``ha realizado en tiempo y forma los trabajos preparatorios para la jornada electoral del 6 de julio'', y que ``en términos generales existen condiciones para llevar a cabo el proceso electoral en el estado de Chiapas''.

Sólo la voz del PRD en el Consejo General de la institución se expresó en contra de tales conclusiones, que fueron por lo demás definidas a contrapelo de la opinión y convicción de algunos consejeros, uno de los cuales consideró que ``las condiciones favorables'' para llevar a cabo el proceso electoral no pueden limitarse a la instalación de las casillas y al palomeo de las listas de funcionarios electorales.

El problema ya ha quedado, pues, en manos de otros actores políticos. El gobierno federal y los poderes del priísmo local quieren llevar a cabo el proceso electoral cueste lo que cueste: han labrado paciente y concienzudamente una situación que sólo puede favorecer el fraude, la manipulación, el ``voto del miedo'', el ``no-voto'' y la violencia.

Quieren desesperadamente canalizar votos para neutralizar el inminente derrumbe de su partido, pero también aprovechar las circunstancias para seguir su guerra a muerte contra las fuerzas del zapatismo. Las comunidades que están dentro de las áreas del conflicto piensan y actúan en sentido contrario: no quieren participar en un proceso electoral que no está pensado para alcanzar la paz sino para seguir la guerra.

En mi opinión, Chiapas en su conjunto debería ser considerado legal y políticamente como un ``estado de excepción'', donde hoy por hoy no puede haber elecciones.

El representante del PRD ante el Consejo General del IFE, Leonel Godoy, fijó una posición que debería ser aún considerada: la posposición de las elecciones en los tres distritos electorales de mayor conflictividad, en el entendido de que ``las elecciones [...] se traducen en un procedimiento democrático que es la fuente de legitimidad [...] para ejercer un mandato popular por determinado tiempo'', y que debe ser, en consecuencia, ``un procedimiento pacífico apegado a las normas y a los principios democráticos''