Desde hace dos años, la vida de las comunidades ubicadas en la ruta a Tepetixtla ha estado marcada por la violencia. Primero, la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995; después, asesinatos políticos, persecución contra dirigentes y militantes de las organizaciones sociales; y desde hace un año, cuando se hizo pública la actividad del Ejército Popular Revolucionario, en esta región se vive cotidianamente con un gran despliegue militar.

En Paso Real, una comunidad donde habitan unas 60 familias, cinco se quedaron sin padre, porque cinco de los muertos en el vado de Aguas Blancas eran de ahí, lo mismo que 11 de los 21 heridos que aún están incapacitados para llevar una vida normal.

En Atoyaquillo, con poco más de cien familias, 11 no tienen padre desde entonces, y los diez heridos quedarán afectados de por vida. Muchos de los sobrevivientes de ambas comunidades que resultaron ilesos en Aguas Blancas, han tenido que emigrar porque el Ejército los acusa de guerrilleros.

En Tepetixtla, la comunidad más poblada de la sierra guerrerense, con casi 20 mil habitantes, diez miembros de la OCSS han sido asesinados por motivos políticos después de la matanza de Aguas Blancas, pero también han muerto 11 priístas como parte de la violencia política, en hechos cometidos por bandas de origen desconocido, lo cual ha alimentado la confrontación.

Presencia militar en caminos, pueblos y el campo

Yerbasantita, en lo alto de la sierra, donde la guerrilla de Lucio Cabañas realizó uno de sus ataques más contundentes contra las tropas del Ejército en 1973, es hoy la comunidad más golpeada por la presencia militar.

Todo lo que acontece en otros lugares de la sierra repercute aquí, y la comunidad ha sido ocupada por militares al menos cinco veces en los últimos dos años. La primera, inmediatamente después de la matanza de Aguas Blancas, cuando aún se desconocía la existencia del EPR, no obstante que el entonces comandante de la novena región militar, general Enrique Tomás Salgado Cordero, pretendió ocultar el desplazamiento de sus tropas hacia Yerbasantita.

Después de la aparición del EPR el 28 de junio de 1996, llegaron a esta zona miles de soldados con helicópteros artillados y los más avanzados equipos y armamentos.

El 9 de julio, el comandante de la novena región militar, general Elpidio Leyva, presentó armamento, documentación, uniformes y equipo de campaña del EPR, que los soldados habrían encontrado en cuevas del cerro del Guajolote, e informó de los primeros campesinos detenidos por las tropas, acusados de pertenecer al EPR: Teodoro Juárez Sánchez, de Tepetixtla; Domingo Ramiro Jiménez Sonora, Lorenzo Adame del Rosario y Jerónimo Adame Benítez, de Yerbasantita.

A pesar de que existen pruebas de que los campesinos fueron torturados durante una semana por los militares, en la sierra y en el cuartel de Acapulco --incluso colgándolos de los pies desde un helicóptero en vuelo para obligarlos a confesar su participación en el grupo armado--, los cuatro jóvenes, militantes de la OCSS, fueron sentenciados a seis años de prisión por los delitos de conspiración y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Posteriormente, el 18 de septiembre los militares ocuparon nuevamente Yerbasantita en el momento en que los habitantes sepultaban a Benjamín Avila Blanco, de 21 años, eperrista muerto dos días antes durante un enfrentamiento con el Ejército en el vado de Aguas Blancas, quien fue identificado porque en un bolsillo de su camisola verde olivo llevaba su credencial de elector.

Recientemente, Yerbasantita fue sitiado por soldados durante dos días, después del enfrentamiento del EPR con el Ejército en El Guanábano, en la sierra de Atoyac, el 27 de mayo.

Pueblos como Atoyaquillo, Los Encinos, Tepetixtla, Las Compuertas, Las Polvaredas y Las Palmitas, también han sido ocupados, sitiados y cateados en el último año, en busca de eperristas o de armas.

Cada día más pobres

Desde la matanza de Aguas Blancas la región está cada vez más pobre. La única actividad económica visible es la construcción de la carretera Coyuca-Tepetixtla, una vieja demanda a la que el gobierno dio respuesta sólo después del 28 de junio de 1995, y los campesinos no han podido trabajar normalmente desde que el Ejército está en sus parcelas.

Todo el maíz ``pronto'' que estaba sembrado se perdió, porque cuando llegaron los soldados los labriegos no pudieron acudir a sus parcelas a cuidarlo y se lo comieron los tejones. Lo mismo pasó con el frijol, y muchos más dejaron de cosechar las huertas de café por la presencia de los militares.

Además, existe hostigamiento directo contra los familiares de los dirigentes de la OCSS, de los presos y de los 17 muertos y los 21 heridos en Aguas Blancas. Los habitantes viven atemorizados, cualquiera puede ser interrogado en los retenes de la carretera o en el campo, cualquiera puede ser detenido por soldados en su propia casa y ser acusado de guerrillero, o bien acribillado y presentado como eperrista muerto en un ataque contra las tropas, como ocurrió el 12 de marzo con Isidoro Bahena Maldonado.

Viudas, heridos y sobrevivientes

Juan Pastrana Ramírez, de 50 años de edad, vecino de Paso Real, no ha podido trabajar desde hace dos años porque con frecuencia se desmaya. Es uno de los 21 campesinos heridos el 28 de junio de 1995, al igual que sus hijos Aníbal y Norberto.

Recuerda que bajaba de Atoyaquillo a Coyuca de Benítez a bordo de una camioneta, cuando en el lugar conocido como ``el vadito'' decenas de policías apostados en los alrededores comenzaron a disparar.

Recibió dos balazos en sedal en la cabeza, cerca de la oreja izquierda. Fue trasladado por los propios policías al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Acapulco y esa misma noche salió del nosocomio y regresó a su pueblo. Nunca más recibió atención médica a pesar de que perdió el oído, quedó afectado del sentido del equilibrio y vive con un zumbido permanente, sufre mareos, dolores de cabeza y todo el tiempo lo acompaña su hijo de 12 años, porque en cualquier momento se cae.

``No he podido sembrar, me siento mal, no puedo trabajar'', dice Juan Pastrana, y explica que sólo tres de los 21 heridos reciben una pensión de mil pesos mensuales. Uno de ellos es Apolinar Ojendis Contreras, vecino de Atoyaquillo, quien quedó paralizado de por vida por una lesión en la médula espinal.

Los otros heridos que están incapacitados para trabajar no han tenido la reparación del daño que legalmente les corresponde. El gobierno del estado se niega a pensionarlos.

Juan Pastrana, Santos Galeana Santiago, de 44 años, quien tiene una bala incrustada en la cabeza, y Felipe Sánchez, con una bala en la espalda, entre dos vértebras, exigen que el gobierno les otorgue una pensión.

Santos Galeana se queja: ``Yo he ido hasta Chilpancingo a tratar de hablar con el gobernador (Angel Aguirre), pero no me recibe. Quiero pedir que me pensionen porque no puedo trabajar, ya me dijeron varios médicos que no me pueden sacar la bala y nunca voy a quedar bien. El gobernador no hace caso de los que estamos afectados.''

Las viudas, por su parte, después de meses de ir y venir, en mayo pasado lograron un aumento en las pensiones que reciben mensualmente, de mil a mil 500 pesos. Y también son propietarias de las casas que les entregó el gobierno. ``Pero sólo fue para cumplir porque están mal construidas, los techos gotean y están a punto de caer'', explica Mónica Balanzar Ramírez en Atoyaquillo.

Encima de la pérdida de los padres y del sustento de muchas familias, el hostigamiento contra los deudos, los lesionados y los sobrevivientes no ha cesado.

Muchos ya abandonaron sus comunidades, como Paula Galeana Balanzar, viuda de Amado Sánchez Gil, quien era acosada por agentes del gobierno. Y también su suegro, Felipe Sánchez, detenido por soldados después del enfrentamiento entre el Ejército y el EPR cuando iba a trabajar a su milpa.

Otros que dejaron su tierra son el campesino Silvestre Reséndiz y su hijo, menor de edad, del mismo nombre, a quienes trataron de involucrar con el EPR.

Régulo Reséndiz, uno de los representantes de la OCSS en Atoyaquillo y sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas, dejó su comunidad obligado por el acoso militar para buscar trabajo en otra región, sin embargo, ahora los militares persiguen a su esposa, Cipriana Castañeda, y a sus hermanos. El pasado 27 de mayo rodearon su casa para exigir que entregaran fotos de Régulo.

Paula Mendoza Téllez explica que efectivos del Ejército han ido a su casa en Atoyaquillo para amenazar a su familia y a su hijo mayor, Santana Rogel Mendoza, de 51 años, a quien los soldados se llevaron dos veces en agosto de 1996 para interrogarlo, porque ``dicen que somos del EPR''.