Video tomado por personal del gobierno de Guerrero el 28 de junio de 1995 en el vado de aguas blancas

A dos años de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, ocurrida el 28 de junio de 1995, los 15 ex funcionarios de nivel medio y 28 policías procesados como autores materiales del crimen aún no han sido condenados por la justicia, en tanto que el gobernador con licencia Rubén Figueroa Alcocer, señalado como principal responsable de graves violaciones a los derechos humanos, ha vuelto a la actividad política y abiertamente apoya las campañas electorales de los candidatos del PRI a diputados federales.

El proceso penal se cerró en enero pasado y sólo se concentró en los autores materiales. Pero fuera del expediente judicial han aparecido evidencias de que la matanza de Aguas Blancas fue parte de la política de contrainsurgencia del entonces gobernador, Rubén Figueroa, obsesionado por evitar el resurgimiento de la guerrilla en Guerrero.

Los autores intelectuales nunca fueron investigados ni se supo qué pasó en la reunión celebrada dos días antes entre Figueroa y los jefes policiacos y asesores en materia de seguridad, como el general Mario Arturo Acosta Chaparro, en la que el gobernador planeó la operación para detener al contingente campesino.

Durante el juicio, tampoco fueron llamados a declarar los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) --a la que pertenecían los campesinos asesinados--, quienes fueron testigos de los hechos. Y nunca se investigó la versión de que hubo un provocador.

Y al igual que Figueroa Alcocer, quien en los días posteriores al crimen pretendió justificar la matanza, durante el proceso penal los defensores de los policías y funcionarios inculpados manejaron el argumento de que las fuerzas del orden habían reaccionado a la defensiva ante una agresión armada de los campesinos, a pesar de que la investigación del fiscal contratado por el propio Figueroa demostró que los miembros de la OCSS iban desarmados.

Acusados por los delitos de homicidio, lesiones, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, están en prisión 28 policías motorizados y tres funcionarios de nivel medio de la administración de Figueroa Alcocer: el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino; el ex director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, y el ex director operativo de la Policía Motorizada, mayor Manuel Moreno González. En tanto que 12 ex agentes del Ministerio Público, peritos y ex funcionarios, procesados por ejercicio indebido del servicio público, gozan de libertad provisional.

Ante la ola de protestas por la matanza, por decisión presidencial la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y autoridades, y el máximo órgano judicial emitió un informe en el que señala a ocho responsables de violaciones a las garantías de tránsito, libre expresión, libertad personal de los transeúntes y de seguridad, de defensa, de petición y del respeto a la vida. Sin embargo, los funcionarios de mayor rango, encabezados por el gobernador, fueron exonerados por los poderes locales y las autoridades federales nunca se hicieron cargo de investigar los delitos de su competencia.

El 12 de marzo de 1996 Figueroa Alcocer solicitó al Congreso de Guerrero licencia ``definitiva'' para separarse del cargo, con el fin de ``facilitar la investigación'' de la matanza de Aguas Blancas que el presidente Ernesto Zedillo había solicitado a la Suprema Corte.

En su solicitud, Figueroa inculpó a sus subordinados: ``Instruí una acción política que no fue atendida, y carezco de participación alguna en el desarrollo de los sucesos que llevaron a los lamentables homicidios.''

Como si fuera una orden, las instancias de procuración y administración de justicia adoptaron plenamente esa posición, empezando por el fiscal especial nombrado por el propio Figueroa Alcocer, quien cerró la investigación exonerando al gobernador.

Figueroa Alcocer fue sustituido por Angel Aguirre, y durante la gestión de éste, en un informe del 14 de junio de 1996, la Procuraduría General de Justicia determinó que el ex gobernador Figueroa; el ex secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán; el ex procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar, y el ex director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, ``no participaron en forma directa, indirecta o inductivamente en la comisión de delitos en materia de las causas penales relacionadas con el caso Aguas Blancas''.

El Congreso local desechó el juicio político

Ninguna autoridad estatal ni federal actuó en consecuencia luego del informe de la Suprema Corte. La intervención de este órgano sólo sirvió para que Figueroa se separara del cargo, pero no se investigaron los ilícitos que cometieron ocho ex funcionarios señalados como responsables de la violación de derechos humanos: Figueroa Alcocer, Robles Catalán, Alcocer Salazar y Olea Godoy, más el ex procurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino; Rosendo Armijo de los Santos, ex subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex fiscal especial, y Esteban Mendoza Ramos, ex director general de Gobernación.

Evitar la guerrilla

En las consideraciones especiales de su informe, los ministros de la SCJN apuntaban: ``En el estado de Guerrero, como ya se ha expuesto, prevaleció antes y después de los graves acontecimientos del 28 de junio (É) un generalizado estado de enfrentamiento entre un grupo de organizaciones campesinas (la OCSS) y el gobierno del estado, preocupado obsesivamente por evitar (que) ocurrieran levantamientos similares a los del estado de Chiapas.''

A los pocos días de la matanza, Figueroa intentó justificar la violencia utilizada contra los campesinos con el argumento de que la OCSS era un grupo radical, vinculado al Procup y al Partido de los Pobres.

El encargado de la información política del gobierno de Figueroa, Esteban Mendoza Ramos, quien está preso, reconoce que el gobierno tenía conocimiento de que había guerrilla en Guerrero y en particular en la zona donde ocurrió la matanza de Aguas Blancas.

El comandante Antonio, del Ejército Popular Revolucionario, ratificó esa versión durante una conferencia de prensa realizada en la Costa Grande de Guerrero el pasado 26 de abril:

``Desde antes del caso Aguas Blancas había unidades nuestras en la zona. El gobierno había detectado la presencia nuestra y que había simpatía para nosotros en algunas comunidades y actuó para aniquilar, antes que dar solución política a la inconformidad social que dio origen al surgimiento de grupos armados en esa área.

``Figueroa es uno de los representantes, pero es toda una política del gobierno, esto no se hizo con el desconocimiento de otras instancias, tuvo el conocimiento y la conformidad de la Sedena, y es así como uno de sus elementos, dicen algunos que es el más preparado en el combate a la guerrilla que es Acosta Chaparro, interviene directamente ahí y subordina a todas las corporaciones policiacas y a las unidades militares que están en el área, e interviene en la masacre.''