El príncipe Tommasso do Lampedusa inmortalizó en su libro Il Gattopardo la recomendación de que hay que cambiar para que nada cambie, la cual se ha transformado en la regla de oro de muchos regímenes. El gobierno del presidente Carlos S. Menem, en Argentina, por ejemplo, está pasando por una serie de escándalos y se ha visto obligado a sustituir a su ministro de Justicia por su embajador en Washington, pero es difícil que ese cambio sea realmente una modificación de la política y de los métodos que se aplican desde ese importante ministerio y, por lo tanto, pueda conducir a un mejoramiento del clima político en ese país hermano.

En efecto, el anterior ministro había declarado que no conocía al empresario Yabrán, el zar de las telecomunicaciones argentinas de origen libanés, quien está siendo acusado por el ex superministro Domingo Cavallo de ser jefe de un grupo mafioso enquistado en el gobierno, y por la opinión pública y los periodistas de ser el mandante del crimen contra el fotógrafo de prensa José Luis Cabezas, torturado, asesinado e incinerado por miembros de la policía ligados a Yabrán. Sin embargo, ante el registro de las conversaciones telefónicas entre el sospechoso y el ministro, éste tuvo que renunciar y fue reemplazado por el embajador en Washington, el abogado Raúl Granillo Ocampo.

Ahora bien, el juez que estudia el caso del asesinato de Cabezas encontró otras 35 llamadas telefónicas de Yabrán a la secretaria de la Presidencia, y más precisamente al número que, según la prensa, pertenece al secretario privado de Menem, en el periodo en que el empresario se defendía de la acusación de asesinato por motivos políticos y comerciales. Además, el nuevo ministro de Justicia es el especialista que redactó la ley de amnistía para los militares que torturaron y asesinaron a millares de sus compatriotas y a cientos de extranjeros. Hay que recordar al respecto que Menem tiene actualmente graves problemas con Francia, que es el principal inversionista en Argentina, porque ascendió y reincorporó a la Seguridad de la Marina a uno de dichos torturadores, el capitán de navío Astiz (condenado en aquel país europeo a cadena perpetua por el asesinato de dos monjas francesas en las cárceles de la Marina argentina). Por si esto fuera poco, el nuevo ministro tuvo que ser enviado a Washington porque estaba muy implicado en el escándalo provocado por un fraude multimillonario (en dólares) y por la corrupción que, por el nombre de la empresa exportadora de carne involucrada, se llamó Swiftgate. Su currículum, por lo tanto, no parece ofrecer garantías ni en el campo de los derechos humanos y del respeto a la Constitución ni en el de la lucha contra la corrupción y hace temer que, en vez de resolver el problema explosivo de las relaciones entre el gobierno y Yabrán, siga alimentando la polémica.