Italia, en muchos aspectos, es un excelente laboratorio social. Obligado por la imposición del Tratado de Maastricht que no acepta un déficit fiscal superior al 3 por ciento del PIB, su gobierno (llamado de centroizquierda) quiere hacer, con el apoyo de la derecha, una maniobra fiscal simple: para ahorrar piensa cortar 8 mil millones de dólares del Estado Social, o sea, lisa y llanamente reducir las pensiones y jubilaciones.

Los argumentos van desde el esgrimido por la ministra Livia Turco (¡del Partido Democrático de Izquierda!), según el cual el dinero que va a los jubilados no puede ser destinado a crear empleos y los ancianos, por lo tanto, impedirían trabajar a los jóvenes, hasta el del viceministro Piero Fassino (del mismo partido socialdemócrata a la italiana), según el cual como los jubilados son muchos se les puede quitar un poco a cada uno sin muchos problemas; o hasta el del consejero del gobierno, el profesor Onofri, según el cual hay que reducir los gastos sociales hasta tener la moneda única europea, para después hacerlos volver al nivel actual (inferior al promedio europeo) porque habría demasiados jubilados.

Los sindicatos, en particular la Confederación General Italiana del Trabajo --CGIL--, bajo el estímulo del ala comunista de ésta y de Rifondazione Comunista, se oponen resueltamente a este plan y se declaran dispuestos a llevar a cabo una lucha de masas aunque pueda caer el gobierno de centroizquierda, convocándose así a elecciones generales anticipadas en las que, sin el apoyo de Rifondazione, el centroizquierda perdería el gobierno y el PDI se quedaría sin sus ministros, por tanto tiempo soñados.

El argumento de la izquierda es que no existen demasiados jubilados sino demasiados desocupados que, por lo tanto, no pueden cotizar para su futuro y tampoco tienen porvenir alguno. Así, el problema central para reducir el déficit estatal, consiste en ampliar el mercado interno creando cientos de miles de nuevos puestos de trabajo juveniles (como los 100 mil en el Sur arrancados por Rifondazione, que impuso una ley al respecto). Al mismo tiempo, hay que recuperar parte de la evasión contributiva o fiscal (que equivale en Italia a 150 mil millones de dólares) pues el 10 por ciento de esa superganancia ilegal que se ponen en el bolsillo los capitalistas (los únicos que pueden evadir los impuestos) equivale al doble del ``ahorro'' que se pretende obtener desangrando a los jubilados, ya en el límite de la supervivencia.

La solución no puede ser oponer jubilados a desocupados, sino aumentar los ocupados y, al mismo tiempo, los ingresos del Estado, junto con una expansión del consumo y una reducción del horario de trabajo, de modo de lograr que trabajen más personas y todas ganen más.

Esta política ni va contra el libre mercado ni es socialista, pero carga de modo más equitativo el costo de la recesión y, además, defiende dos elementos fundamentales de la civilización: la idea de la solidaridad social (entre las diversas generaciones y entre quienes trabajan y quienes no) y la justicia o, mejor dicho, la igualdad ante la ley (ya que a los asalariados los impuestos se les descuentan automáticamente o los pagan en el IVA, mientras que los patrones tienen mil triquiñuelas para evadirlos, estafando a su Estado).

Es, en realidad, una política democrática: en vez del keynesianismo de los gobiernos del capital financiero, con su protección a los bancos y sus subvenciones a la industria armamentista y a las exportaciones, propone un Welfare State consistente en la creación de empleos socialmente útiles y con alta intensidad de mano de obra (como la renovación del sistema de provisión de agua o de cloacas en las ciudades, la creación de viviendas populares o la defensa del ambiente y del territorio), política que promueve, incluso, el capitalismo pero que es incompatible con éste en su actual fase globalizada.

Esta discusión debería generalizarse, porque saca la disputa del terreno estéril Estado vs mercado y, al mismo tiempo, plantea una base ética y social para la democracia, rechazando la aceptación, por parte de un sector de arrepentidos de la ex izquierda, de que la política del capital es la única posible. En efecto, si el capital permite el libre mercado de mercancías y de capitales, pero no el libre mercado y la libre circulación de la fuerza de trabajo (violando así sus proclamados principios), ¿por qué no imponerle cortapisas sociales para defender el bienestar colectivo y la misma civilización, hoy amenazada por una nueva barbarie?