En su visita del jueves pasado a Olinalá, el presidente Ernesto Zedillo no vino, como algunos creían, en plan de blandir su espada contra el EPR por la emboscada ``artera'', según la versión oficial, ``combate de encuentro'' según el grupo armado, del 24 de mayo pasado contra soldados que venían de auxiliar a los habitantes de ese poblado de La Montaña guerrerense afectados por una granizada.

Zedillo vino a reivindicar el diálogo y la tolerancia, a rechazar el autoritarismo y a expresar lo que llamó un ``compromiso sincero'' con ``la paz, la concordia, la justicia y el cumplimiento de la ley'', con lo que contradijo a quienes pensaban que el Presidente de la República cerraría la ofensiva de las autoridades locales, que han justificado la presencia masiva del Ejército aun si transgrede preceptos constitucionales y legales, y si implica violación de garantías individuales y derechos humanos.

En su columna Astillero del pasado jueves, Julio Hernández dio cuenta de la intervención en tribuna del coordinador del Congreso local, el priísta Florencio Salazar Adame, quien considera que si el Ejército actúa conforme a la ley y al derecho, no podrá enfrentar al EPR con posibilidades de éxito.

Pero también está el gobernador Angel Aguirre, quien dijo que el Ejército no ha violado garantías individuales en Guerrero, pese a denuncias documentadas y con evidencias ante las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos.

Y es que apenas trascendió a la prensa que el gobernador había compartido con los dirigentes de los ocho partidos con registro la inquietud por la actuación de los militares, aquél dio un giro de 180 grados y ha jalado a todos en su gobierno en la idea de que, como el Estado tiene el monopolio de la violencia, no importa que ésta se ejerza por encima de la Constitución y las leyes, extremo éste incompatible con un Estado de derecho o con el ``cumplimiento de la ley'', que es uno de los propósitos de la alianza por la paz a que convocó Zedillo en Olinalá.

Aguirre incluso pudo tomarle la palabra al Presidente y no lo hizo. Prefirió, de nuevo, colmar de elogios al Ejército Mexicano y, lo más grave, lanzarse contra iniciativas de ciudadanos, de la fracción parlamentaria del PRD local y de dirigentes estatales del PAN que han llamado al diálogo, a que el EPR respete la tregua e incluso la amplíe por tiempo indefinido, pero también a que el Ejército vuelva a sus cuarteles y respete íntegramente los derechos humanos. Al cada vez más amplio e influyente movimiento civil que pugna porque a Guerrero no regresen los horrores de la guerra sucia de los años 70, Aguirre se refirió con lenguaje críptico cuando dijo que los guerrerenses no deben ``hacer eco de animosidades suicidas ni de convocatorias mal intencionadas'', como la clase política priísta local llama a las críticas al Ejército y a los llamados a que vuelva a sus cuarteles, que han suscrito defensores de derechos humanos, obispos, consejeros electorales federales y estatales, académicos y escritores de Guerrero.

Aguirre tampoco vio el giro que había dado la posición de diputados y senadores, quienes la semana anterior defendieron el despliegue militar en el estado. El martes 17, dos días antes de la gira del Presidente Zedillo, en el diario El Financiero aparece una nota sin firma con una declaración del senador José Murat, que en su parte sustancial dice que para la Comisión Plural de diputados federales y senadores que visitó Guerrero, en este estado ``puede y debe hacerse un mayor esfuerzo, por parte de las autoridades militares, para que se respete en cualquier circunstancia el Estado de derecho''.

Y tan pierde fuerza el lenguaje de la fuerza, que las mismas frases de Aguirre, destacadas en el boletín oficial, no merecieron espacio en la prensa local, donde en cambio sí aparece resaltado un comunicado del EPR en que dice coincidir con el llamado ``por una paz con justicia'' hecho por una cincuentena de ciudadanos guerrerenses, y que en su párrafo inicial dice: ``Hoy la sociedad guerrerense se encuentra en medio de fuegos cruzados; por un lado el de los guerrilleros del EPR, quienes aseguran luchar contra las injusticias que genera el actual sistema neoliberal; por el otro el Ejército mexicano, que afirma defender la estabilidad social y la legalidad institucional. Los resultados de tan buenas intenciones son la muerte, la persecución, el encarcelamiento, la tortura y el sufrimiento de la parte más pobre de la sociedad''.

Y luego de proponer que se establezca una Mesa de Negociación, termina: ``aún estamos a tiempo de evitar la guerra y establecer los cimientos de una sociedad mejor y más equitativa''.

La salida política, la solución negociada, el lenguaje de la tolerancia y la cultura de respeto a los derechos humanos tuvieron nuevas e importantes victorias declarativas. Falta ver el repliegue efectivo de las armas.