La Jornada 28 de junio de 1997

El priísta José Luis Escamilla deslinda a su partido de la autoría

Jesusa Cervantes Ť Brigadistas del sol decomisaron ayer 380 panfletos en los que se ataca a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del PRD a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, cerca de las oficinas del subcomité distrital 30 del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el documento, firmado por una agrupación denominada Mexicano contra la Corrupción, se alerta a la población sobre el candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno capitalino, de quien se afirma que ``alentó al sindicato de Ruta-100 a organizarse paramilitarmente para apoyar marchas y plantones''.

El delegado del PRI, José Luis Escamilla, rechazó que su partido distribuyera dichos panfletos, e incluso permitió a los reporteros el acceso al edificio para que corroboraran que no había esa propaganda en el interior, lo cual se constató.

Sin embargo, Víctor Gerardo Sánchez Castelazo y Oscar Hernández, brigadistas del PRD, narraron que por la avenida Amezquite de la colonia Santo Domingo, en Coyoacán, un grupo de jóvenes les ofrecieron los panfletos y les mostraron mochilas con paquetes nuevos.

``Cuando les preguntamos quién se los proporcionó y si podían entregarnos los paquetes completos respondieron: `No hay problema, si quieren llévenselos, allí dentro tenemos más propaganda', refiriéndose al subcomité 30 del PRI'', comentaron los perredistas.

Niegan el delito electoral

Camilo Palomino, candidato suplente del PRD por ese distrito, acudió a la subdelegación de Pedregales de la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar el hecho. ``Se negaron a tomarme la declaración, con el argumento de que no era delito electoral''. Más tarde, Joaquín Guerra, subdirector de la PGR y encargado de Asuntos Electorales, le repitió vía telefónica el mismo argumento, sugiriéndole que lo mejor era retirarse del lugar.

A su vez, el delegado del PRD se comunicó al Instituto Federal Electoral (IFE) para que acudieran a dar fe de los hechos, ``pero se negaron a hacerlo diciendo que no era delito electoral y que por tanto no podían ayudarnos''.

El priísta José Luis Escamilla consideró injustas las acusaciones del PRD, y afirmó que desconocían ``la antipropaganda. Pero en caso de que hubiera ese material (en el interior del local partidista), ello no está tipificado como delito electoral. ¿No será que ellos mismos la entregan y luego nos acusan?''

El incidente concluyó luego de que Jesús Ortega, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, y Rosario Robles, secretaria de Organización, acudieron al lugar para calmar los ánimos y hacer un llamado a los brigadistas para que continuaran con su trabajo y se dieran cuenta de quiénes son los que distribuyen la propaganda que ``falsea y lesiona'' a su partido.