En la habitual columna de José Ureña, publicada en La Jornada el 22 de junio pasado, el periodista reseña algunos aspectos de un documento llamado Anáhuac 97, el cual fue atribuido al PAN. El propósito del citado documento sería tratar de levantar en dos semanas las alicaídas campañas blanquiazules.

Esto se lograría a través de una combinación de ataques al PRI y al PRD y a un proceso de acercamiento a algunas figuras públicas, entre ellas algunas relacionadas con el IFE y con la estructura católica.

Ureña resume con cierto detalle las características que tendría la política de ataques a sus contendientes, en especial al PRD, al que califica de PRI de los setenta. Además de la falta de imaginación y la truculencia que el documento revela, se trata de la vieja fórmula de ``calumnia que algo quedará''.

Posteriormente, el comité directivo regional del PAN en el DF negó la existencia de Anáhuac 97. Inclusive, los consejeros electorales Lujambio y Molinar, aludidos por Ureña, afirman desconocer el citado documento. Hasta aquí la historia parece concluida, sin embargo vale la pena recordar algunos eventos. Hace unos meses, la prensa de Coahuila difundió un supuesto plan panista denominado Ave Azul Saltillo 96. Este también fue desmentido por el PAN, agregando que había una guerra sucia contra ese partido.

No hay por qué no creerle a la estructura blanquiazul cuando desconoce la paternidad de dichos documentos. Lo curioso es que a pesar de la negativa, resulta que en la realidad el PAN hace cosas muy parecidas a las que se reseñaron en ambos textos. Es decir, ha recurrido más a las tácticas de desacreditación de los opositores y a la intolerancia que a la propuesta constructiva, el debate y el acercamiento a la ciudadanía.

En los últimos meses hemos visto muestras de lo que es en realidad el PAN detrás de su autoproclamada aura de limpieza e inefabilidad: Castillo Peraza y sus ataques a diestra y siniestra entre desencuentros con sus auditorios capitalinos; el cada vez más enredado ex procurador Lozano Gracia, y el inefable Diego Fernández de Cevallos y el oscuro asunto de Punta Diamante. Esto para no mencionar en detalle las intimidaciones y golpizas de autoridades subordinadas a gobiernos estatales panistas en contra de periodistas y manifestantes, así como los actos de algunos ayuntamientos panistas que son una mezcla de intolerancia e ignorancia.

Hay más. Existe un estilo de gobierno estatal panista que impuso Ruffo y que por fortuna es cada vez más evidente: cuando algo salga mal, hay que cargarle el bulto al gobierno federal; cuando algo sale bien y en ello participó la Federación, hay que hacer mutis y tratar de quedarse con todo el crédito. Parte de ese estilo panista de gobernar salió a relucir en la reunión de apoyo que los gobernadores panistas en funciones le brindaron al señor Castillo Peraza, en la cual se resaltaron algunos logros de las administraciones blanquiazules. Por considerar que en el caso concreto de Baja California se soslayaron algunas informaciones y se sesgó la interpretación de varios hechos, invité al gobernador Terán a sostener un diálogo público y respetuoso sobre cuatro temas capitales en la vida del estado: seguridad pública; bienestar social; medo ambiente y participación ciudadana. La respuesta ha sido que el mandatario estatal carece de tiempo para sostener debates. Sin embargo, sí goza de tiempo para viajar a la capital o al vecino estado de Sonora en apoyo a sus correligionarios.

Ante este panorama, cabe preguntarse si es este el partido de la limpieza y la honestidad, o sólo le ha faltado tiempo para que veamos cómo a mayor experiencia de gobierno, mayores vicios se desarrollan en él.