Ningún candidato o partido explicó en campaña qué decisión tomaría si tuviera que optar entre defender el patrimonio histórico o favorecer los intereses económicos de un grupo empresarial.

Casi todos los candidatos se han dirigido al electorado haciéndole creer que van a gobernar o legislar tomando en cuenta a los ciudadanos, y han tenido que hacer, mal que bien, promesas de mejorar el medio ambiente; pero no ha sido tema de campaña la salvaguarda de los monumentos históricos y de los testimonios de las civilizaciones que han conformado nuestra identidad nacional. Ecología, arqueología y urbanismo, por un lado, y el poder del dinero por el otro, son motivos de constantes conflictos entre ciudadanos y gobernantes, y la capital del país tiene sus ejemplos.

So pretexto de la contaminación y los malos olores, y usando como bandera la salud y el bienestar de los habitantes de Tlalpan, en 1986 el gobierno federal pactó con Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, SA, un programa de regeneración urbana y ecológica del área, permitiendo la comercialización del predio, pero respetando los usos y destinos determinados en el plan parcial de la zona.

Un año después se firmó un convenio entre las mismas partes, en cuya cláusula primera se estableció que 80 por ciento del predio se destinaría a áreas verdes, estacionamientos y circulaciones; se mantendrían y utilizarían las construcciones existentes, y se permitiría la construcción de un pequeño edificio para oficinas.

Pese a haber aceptado estas condiciones, al poco tiempo los propietarios empezaron a solicitar modificaciones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación de Tlalpan, versión 1987, con el fin de construir edificios con 14 y 18 niveles para departamentos de vivienda, y hasta 25 en una torre de oficinas, más un centro comercial y de entretenimiento, y todo lo que esto implica. En todos los casos, al resolver favorablemente la solicitud de cambio de uso del suelo, la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica afirmó que para cumplir las leyes, ``solicitó a las dependencias y organismos involucrados su opinión debidamente fundamentada y motivada'', pero hay razones para pensar que no fue así.

El pasado 11 de junio, el INAH publicó en los periódicos un ``aviso'' en el cual informaba que desde febrero se realiza supervisión arqueológica y vigilancia de excavaciones en el predio que ocupó la antigua fábrica de papel Peña Pobre, colindante con la zona arqueológica de Cuicuilco, lugar donde el Grupo Carso pretende construir un desarrollo inmobiliario. El aviso añadía que la información disponible hace suponer que el proyecto de construcción afecte visual y volumétricamente la zona arqueológica, por lo que ``el INAH exigirá al Grupo Carso la presentación del proyecto arquitectónico integral y defenderá que se respete el entorno histórico y arqueológico''.

Las explicaciones del INAH permiten concluir que su opinión no fue considerada por el DDF cuando aceptó modificar el uso del suelo y cuando otorgó la licencia de construcción, y que no se cumplió con el Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, cuyo artículo 44 dice que cualquier obra que se realice en predios colindantes a un monumento arqueológico ``deberá contar previamente con el permiso del Instituto competente'', o de lo contrario será suspendida ``mediante la imposición de sellos oficiales que impidan su continuación'' (art. 46). El INAH podría también prohibir las torres y edificios que a menos de 300 metros de la pirámide de Cuicuilco se pretenden construir, basándose en el artículo 6 de la Carta de Venecia (Unesco, 1964), que dice: ``La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el entorno tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda destrucción y todo arreglo que pudieran alterar las relaciones de los volúmenes y de los colores, deben ser prohibidos''.

El Grupo Carso tampoco cumplió con el estudio de impacto urbano que según la Ley de Desarrollo Urbano del DF debió haber presentado como requisito previo a la expedición de la licencia de construcción. Aunque no hay obligación legal de consultar a la población, sí hay una precaución política que el DDF trata de cubrir con la firma de representantes vecinales, aunque éstos no consulten a nadie. Así se procedió en el área vecinal 09 de Tlalpan, y entre quienes ayudaron a favorecer al Grupo Carso --sin reparar en el patrimonio histórico, el impacto urbano, ni la calidad de vida de sus vecinos-- se encuentran por lo menos dos aspirantes a diputados postulados, naturalmente, por el PRI.