Protestan ONG; pronto, un pronunciamiento del ombudsman capitalino

Miriam Posada García Ť Los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) violentan las bases de colaboración que esa dependencia estableció con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) en diciembre de 1995, como resultado de las críticas y el rechazo de ciudadanos, legisladores y organizaciones no gubernamentales (ONG) al operativo Reacción Inmediata de Máxima Alerta (RIMA).

Dichas bases señalan que ambas instancias buscarían los mecanismos necesarios para coordinar acciones que permitan legal y eficazmente fortalecer la prevención de delitos y la lucha contra la delincuencia, sin que implique la renuncia de atribuciones y facultades que por mandato legal les corresponden.

En este sentido, la segunda cláusula del convenio se precisa que la SSP, ``conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, formulará y ejecutará los operativos policiales necesarios en zonas de alto índice delictivo, considerando la demanda ciudadana recibida tanto por la ARDF como por la SSP.

``Previamente a su ejecución, la SSP los hará del conocimiento de la ARDF (los operativos) a través de la mesa directiva de la Comisión de Seguridad Pública para que dentro de los siguientes cinco días hábiles emita su opinión al respecto.

``Si transcurrido dicho término la Asamblea omitiera manifestar su opinión, se entenderá que está de acuerdo con la formulación del operativo planteado''.

Este convenio, señalaron fuentes oficiales, ``es resultado de varios meses de trabajo entre la ARDF, y el entonces secretario de Seguridad Pública, David Garay Maldonado, después de que la sociedad se manifestó en contra de la aplicación del operativo''

El RIMA --nombre con el que fue dado a conocer oficialmente por el regente Oscar Espinosa Villarreal el 28 de junio de 1995-- estaba encaminado ``contra las conductas antisociales de alto riesgo'' y debería ``investigar y esclarecer aquellos delitos que perturben la paz, la tranquilidad y el orden público''.

Originalmente participarían 3 mil 500 agentes y 800 vehículos de diversas corporaciones, que realizarían revisiones en puntos estratégicos de la ciudad, se reforzaría el patrullaje, ``se autorizaría la detención de presuntos sospechosos y toda la información al respecto sería canalizada a la Base Agosto.

Al realizarse los primeros operativos de revisión en microbuses, camiones, redadas y ``detención de sospechosos'' durante los primeros días de julio de 1995, la opinión pública los rechazó, ya que ``nadie puede ser detenido por tener aspecto sospechoso'' y por la violación de diversos preceptos constitucionales.

En diciembre del mismo año se firmó el convenio en el que se precisa que la ARDF ``participará en la ejecución de los operativos policiales aprobados, vigilando que se realicen con eficacia y con respeto a las garantías constitucionales''. La ARDF también podría participar en recorridos no anunciados.

El convenio suscrito por Garay, por parte de la SSP, y por los asambleístas Manuel Jiménez Guzmán, como titular de la Comisión de Gobierno; por Amado Treviño, secretario, y por los integrantes de las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos, detalla que cada dos meses o antes, si fuera necesario, las partes sostendrían reuniones para revisar y en su caso modificar las acciones. Asimismo, la ARDF y la SSP podrían invitar a la Procuraduría capitalina y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a integrarse a estas bases de colaboración.