Hacienda e IP: la reforma fiscal no pondrá en riesgo logros económicos

Antonio Castellanos, Patricia Muñoz y Humberto Ortiz Ť El gobierno federal comenzó ayer con el sector empresarial las pláticas tendientes a conformar una propuesta de reforma tributaria que contribuya a fortalecer el ahorro y la inversión, y abra espacios que permitan reducir la carga fiscal neta, pues de lo contrario se perderían sus principales objetivos.

Las disminuciones de niveles impositivos serían aplicadas conforme a los resultados de los cambios que se concretarán en 1998, primer año del ejercicio. En el encuentro inicial acordaron que las propuestas no pongan en riesgo los logros alcanzados en materia de estabilidad económica. Sin embargo, ``no debemos esperar resultados espectaculares'', aclaró una fuente que asistió al encuentro.

Los sectores público y privado, representados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Eduardo Bours, también estuvieron de acuerdo en evitar un efecto negativo en las finanzas públicas a corto y largo plazos, ante las necesidades de canalizar recursos a programas sociales y de infraestructura básica.

Convinieron en estudiar exclusivamente las propuestas que contengan ``pragmatismo y rigor técnico'', y los dirigentes del CCE indicaron que hay tiempo suficiente para analizar a fondo los problemas y presentar proyectos consensados.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Armando Araujo, indicó a su vez que en estas negociaciones el sector privado se centrará en tres demandas fundamentales, que son: deducibilidad de impuestos, simplificación fiscal y reducción de las penas y castigos contra delitos de los contribuyentes.

Sobre el mismo tema, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Carlos Gutiérrez, precisó que la petición central ante las autoridades será la simplificación tributaria, así como la creación de un timbre fiscal mediante el cual paguen sus impuestos quienes operan en la economía informal, y estimó que será a partir del año 2000 cuando México contará con un nuevo sistema fiscal.

La representación del CCE, encabezada por Eduardo Bours Castelo, anunció que trabajará sobre la base de cinco grandes renglones: Tasa del Impuesto Sobre al Renta y del IVA; ahorro interno, gasto público y el Sistema de Administración Tributaria, en una estrategia que permita consensuar el nuevo marco fiscal a más tardar en septiembre venidero y aplicarlo a partir de 1998.

Para dedicarse a las negociaciones de inmediato, con especial atención a la simplificación administrativa y seguridad jurídica al contribuyente, la SHCP y la iniciativa privada integraron sendos grupos de trabajo con cuatro integrantes cada uno, que sesionarán dos veces por semana.

El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gerardo Aranda Orozco, por su parte, se manifestó por una reforma fiscal que posibilite crear nuevas empresas y empleos, como factores definitivos para el éxito o fracaso del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide).

Las autoridades hacendarias indicaron que la agenda de temas será abierta y tratará aspectos relativos a la estructura impositiva, hasta los concernientes a la simplificación de trámites y reforzamiento de la seguridad jurídica del contribuyente.

El dirigente de la Concanaco, Armando Araujo, propuso derogar el uso de máquinas de comprobación fiscal y desaparecer el impuesto sobre los activos ``que en realidad no beneficia a nadie y sí perjudica a las empresas''. Exigió que todos paguen impuestos y no haya más sectores privilegiados.

Durante la reunión preliminar en las oficinas del secretario de Hacienda, las dos partes decidieron analizar las tendencias fiscales que prevalecen en el ámbito internacional, pero fundamentalmente acordaron ajustarse a los principios básicos que rigen en el país para que las propuestas al Congreso de la Unión sean congruentes con el objetivo de consolidar un sistema fiscal equitativo y de aplicación general.