El artículo 123 constitucional es norma conciliatoria en los términos de república popular que la asamblea de Querétaro sancionó en sus breves dos meses de debates; o sea, una norma que concede a los obreros el mínimo de beneficios en las relaciones del trabajo, disposición carente de la radicalidad del diverso artículo 27, el cual, al reivindicar en la nación, el derecho original sobre sus recursos, limita o excluye el abuso de la inversión extranjera y cambia la propiedad al distribuirla en nacional, social y particular, destruyendo el latifundismo feudal que prevaleció hasta los años revolucionarios, y echando las bases que conducen a la recuperación de recursos básicos, como los hidrocarburos (1938), entregados con anterioridad a las subsidiarias extranjeras, radicalidad que induciría en los gobiernos del sexenio 1917-23, los asesinatos de Zapata y Pancho Villa, ocurrido este último un año después de la muerte de Ricardo Flores Magón, en sórdida prisión estadunidense de Kansas, nombre éste por cierto que lleva la empresa ferroviaria que con un 80 por ciento del capital acaba de adquirir la línea Noreste de Ferronales.

Las masacres de Cananea, donde participaron rangers de Arizona, y de las fábricas de Río Blanco, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, ordenadas por Díaz, y el uso propiciado por el doctor Atl, con los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial, contra Villa y Zapata, debilitaron enormemente al movimiento obrero, cuyas demandas analizadas en el domicilio queretano de Pastor Rouaix originaron el tibio texto del artículo 123, moderación ésta insuficiente para detener las agresiones de los de arriba. Carranza anatematizó y disolvió la Casa obrera y sus batallones, sin perjuicio de perseguirlos brutalmente con los soldados de Pablo González; además, en 1916 decretó delito con pena de muerte la huelga de obreros que pedían el pago de salarios con moneda fuerte y no con el devaluado papel infalsificable. Era necesario, se afirmó, impedir la tiranía obrera, y esta necesidad exigía el control de los trabajadores para evitar abusos valiéndose de la Constitución, contra empresas del exterior o del interior.

Si la Revolución fundó un Estado defensor de las clases populares, ¿por qué sus gobierno cambiaron tal política por la opuesta? Entre las razones del porfiriato para combatir a mineros y textileros, las de Carranza para llamar delito a la huelga (1916) y las que impulsaron a Obregón, Avila Camacho y Miguel Alemán hacia el taponamiento del ejercicio de los derechos obreros, no hay ninguna diferencia cualitativa. Díaz acordó defender al capitalismo extranjero y nacional contra las masas fabriles, y esto hicieron los gobernantes posrevolucionarios al dinamitar la Casa del Obrero Mundial, propiciar la CROM de Morones --primera sindicación corporativa al servicio de las élites afluentes a través del gobierno--, abrieron las puertas de una CTM sin Lombardo Toledano (1914) y consolidaron el mando cupular de las masas con el golpe charrista al sindicato ferrocarrilero (1948), luego extendido como técnica de dominio a las demás clases, sin escapar la alta burocracia con la práctica del dedazo. Pero lo que interesa ahora es el sistema corporativo en el manejo obrero, que se ha conservado y reproducido con el apoyo político, policial y militar del gobierno. Fue posible así, por ejemplo, asfixiar a los mineros de Santa Rosita, los electricistas de Rafael Galván, los ferrocarrileros de Vallejo, y en tiempos más recientes a los obreros de la Volkswagen en Puebla o de la Ford en Cuautitlán.

Los resultados del corporativismo obrero son bien conocidos: la oferta de un mercado de fuerza de trabajo barata, el crecimiento del desempleo abierto o del llamado empleo informal junto con la desesperación de las masas y la sistemática represión de sus protestas transgresoras de las reglas o convenios fácticos que desde 1947 corona con laureles el gobierno de un Estado constitucional olvidado.

Ahora viene la indispensable interrogación final, ¿qué papel cumplió el líder Fidel Velázquez en la agitada trama gobierno-señores del dinero-obreros, de los últimos 55 años de la historia laboral mexicana? ¿Cree usted que la respuedsta sea difícil?.