El gobierno está en un enredo descomunal ante las elecciones federales --aun cuando no está en juego el control (salinista) del Congreso--, por la inminente debacle del PRI y de los tecnócratas, Córdoba, Zedillo y Chuayffet dándonos el espectáculo de una de las campañas más sucias de los tiempos recientes.
1. El gobierno abordó el proceso electoral de 1997 bajo una doble presión: a) la de los organismos financieros del exterior, lo mismo del Banco Mundial que de la Unión Europea, que exigieron una cierta democratización del régimen (que no puede sustentarse si no es aceptando la alternancia), y b) la presión de los intereses del ``sistema'' priísta, sostén fundamental de los tecnócratas, que no aceptan ceder más que pequeñas parcelas de poder. Y la respuesta de Ernesto Zedillo y de sus amigos ha sido sin embargo patética: pretenden que hay ya una ``normalidad democrática'' pero al mismo tiempo están utilizando todos los recursos del ``sistema'' para imponer a sus candidatos.
2. La elección del Distrito Federal ha trastocado todo el escenario ``de Zedillo'' haciéndole perder el estilo, pues tenía dos cartas supuestamente fuertes: Carlos Castillo Peraza (el candidato de Salinas) y Alfredo del Mazo (el candidato de Chuayffet), y al fallarle los dos por su mediocridad y su falta de estatura moral, no ha encontrado otra salida que la de enseñar el cobre y utilizar las peores manipulaciones del priísmo, desde la alteración del padrón hasta el anunciado intento de controlar las casillas el día de la elección, pasando por las operaciones de voto corporativo y de voto comprado y la guerra de intimidación.
3. El gobierno trata de impedir la elección de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal con una operación de Estado cuya naturaleza no se oculta. Elementos del Ejército atemorizaron a los ciudadanos y recogieron credenciales de elector en Iztapalapa y en Gustavo A. Madero; empleados públicos de diversas dependencias (entre las cuales está la Presidencia) fueron integrados en brigadas de propaganda priísta; el gobierno del estado de México sigue publicando desplegados difamatorios contra el PRD y su candidato; la capital fue tapizada con miles de carteles calumniosos colocados presuntamente por empleados del Departamento del Distrito Federal, y ahora aparece hasta un video denigratorio (La Jornada, 17, 19 y 26 de junio, y Reforma, 16 y 17 de junio).
4. La comisión de estos ilícitos habría provocado en cualquier régimen democrático la renuncia e investigación de los funcionarios responsables y la cancelación de la candidatura del aspirante oficial, pero aquí nada pasa.
5. El sistema electoral actual no genera confianza alguna porque su rasgo característico es que se sigue sustentando en la discrecionalidad del Ejecutivo para influir de manera importante en los resultados: lo mismo como ``jefe nato'' de un partido de Estado (al que puede alentar o frenar en sus actividades ilícitas) que como suprema autoridad de facto en materia electoral, pues, a pesar de lo que se afirma, desde Los Pinos se controla todavía al aparato del IFE y al Tribunal Electoral Federal.
6. El autoritarismo presidencialista no se ha terminado en materia político-electoral; sólo se halla acotado, de tal suerte que los candidatos de oposición no pueden triunfar más que en caso de que el voto derrote al ``sistema'' fraudulento y/o que previamente se negocien las condiciones de la elección y el gobierno acepte bajarle al fraude. Y ello porque el Ejecutivo está limitado, no por las Leyes (que siguen siendo tramposas) ni por el IFE (que continúa bajo su control), sino por la emergencia ciudadana que, al votar en contra del oficialismo y de sus aliados, puede poner en jaque al ``sistema'', como ya lo hizo en 1988.
7. No debe olvidarse sin embargo que la capacidad discrecional de quien ocupa la Presidencia de la República para determinar los resultados electorales se fortaleció a lo largo del sexenio de Salinas al lograr éste imponer a los dirigentes del PAN (Diego y Castillo Peraza) la lógica de ``la concertación'' para definir las condiciones de las campañas y los resultados electorales, práctica que la prensa bautizó como ``la concertacesión'' y que le dio la atribución ``no escrita'' de poder abrirle gradualmente espacios a la oposición.
8. El ``sistema'' sigue en pie y lo más grave en estas elecciones es que dicha práctica no se ha abandonado y que estamos, por lo mismo, ante un escenario cada vez más deteriorado. Los signos de que el gobierno de Zedillo está haciendo ofertas a la dirigencia del PAN para que a cambio del fraude en la capital y en Nuevo León acepte otras gubernaturas (Querétaro o Colima) son signos ominosos de que México aún está lejos de atisbar una vida democrática.
9. Las elecciones están siendo manipuladas como pocas veces por la necesidad de Salinas y de Córdoba de limitar su desgaste y por eso no es de sorprender tampoco que pretendan utilizarlas también para someter a las distintas fuerzas del PRI a su autoridad, y desembarazarse de sus enemigos (como en el caso de Fernando Ortiz Arana).
10. La liquidación del ``sistema'' no va a hacerse (sólo) por la vía electoral, pero ésta tiene hoy una función: decirle ``no'' a los salinistas que gobiernan a México.