Más que un informe, Observatorio de la salud --editado por Julio Frenk, de la Fundación Mexicana para la Salud-- es una colección de ensayos que profundizan en algunos de los temas que conforman la agenda de investigación en salud pública. Entre los cuales destaca el que da título a este artículo, de los doctores Lozano, Híjar y Torres: El problema de los homicidios y lesiones a terceros constituyen la sexta causa de muerte en México; mayoritariamente en población joven (el promedio nacional es menor a 30 años de edad) y causa de que se pierden muchos años de vida saludable, debido a la discapacidad generada por las lesiones.

El Distrito Federal es el mejor ejemplo de que en México la violencia crece; de 1981 a 1994 la tasa de homicidios pasó de 10.2 a 19.4 por cien mil habitantes, lo que representa un incremento de 90 por ciento en esos 14 años. Otra evidencia del cambio es que en 1981 el riesgo de morir por homicidio para un hombre del DF era dos veces menor que el promedio nacional, mientras que en 1994 eran casi iguales; el riesgo para las mujeres muestra un cambio más notable, al pasar de 1.6 --menor del promedio nacional en 1981-- a 1.2 veces más alto en 1994.

Más allá de estas cifras reveladoras, vale la pena retomar algunos conceptos que ayudan a definir el problema. Aunque generalmente se habla de violencia cuando se ejerce la fuerza física contra alguien con el propósito de dañarlo --o cuando se expresa el abuso del poder psicológicamente tanto en lo individual como en lo social--, desde la perspectiva de la salud pública se define como ``los hechos visibles y manifiestos de agresión física, que provocan internacionalmente daños capaces de producir enfermedad o muerte''.

En oposición al concepto de violencia se encuentra el de seguridad, que denota la calidad de libre o exenta de todo daño o peligro. La seguridad presenta una cara objetiva y una subjetiva: la primera se manifiesta por falta de peligro; la segunda se refiere a cómo se perciben las circunstancias que rodean a las personas. Los resultados de una encuesta realizada con habitantes de México y Estados Unidos permiten ejemplificar la visión subjetiva. Ante la pregunta de ¿qué tan seguro se sentía al caminar solo de noche en su localidad?, 29 por ciento de los entrevistados estadunidenses confesaron sentirse inseguros, en contraste con 49 por ciento de los mexicanos y 62 por ciento de quienes específicamente viven en la ciudad de México.

Los datos y los conceptos manifestados en el documento llevan a plantearse algunas preguntas: ¿cómo cambiar el desarrollo de patrones de conducta agresiva?, ¿qué hacer para disminuir la frustración que generan las luchas desiguales por la sobrevivencia, o para contratacar la falta de valor que se le concede a la vida humana?

Los autores expresan algunas reflexiones que intentan responder a estos interrogantes. Por ejemplo, plantean que el autoritarismo es y seguirá siendo una importante fuente de violencia social. Asimismo, que cuando a las desigualdades sociales se añaden creencias acerca de la existencia de papeles culturalmente asignados en los que se acepta la superioridad de unos sobre otros, la estructura social es la que termina por promover la violencia contra las mujeres, los niños, los ancianos, los indígenas, etcétera.

En virtud de que la violencia rompe con el sentido de comunidad y con las formas pacíficas y grupales de resolver conflictos, se expresa como un deterioro de todos los esfuerzos de convivencia. De hecho, el aislamiento es una forma de defenderse de ambientes violentos.

Los seres humanos del final de siglo aspiramos al mejoramiento de la calidad de vida, a la promoción de ambientes seguros, al fomento de la equidad. La falta de democracia se transforma en una forma violenta de ejercer el poder y afectar las relaciones sociales en la paz; en contrapartida, la democracia por sí sola no garantiza la paz. La educación en contra de la violencia es de fundamental importancia, ya que se concibe no sólo como un instrumento de instrucción, sino como un factor de generación de valores y principios que hacen del buen ciudadano un garante de su propia seguridad.