La Jornada 25 de junio de 1997

ONU: introdujo la reforma electoral incertidumbre en el sistema mexicano

Jesús Aranda Ť La reforma electoral introdujo un ``factor de incertidumbre'' en el sistema político mexicano, ya que tanto el partido en el gobierno como la oposición ``no tienen certeza ni de los resultados de las elecciones del 6 de julio, ni de las consecuencias políticas de los mismos'', así, los conflictos que se presenten podrían provocar crisis de gobernabilidad ``traducida en la pérdida de eficacia del sistema en la toma de decisiones'', como sería el caso de un gobierno ``dividido''.

Así lo señala el Análisis del Sistema Electoral Mexicano, ``Informe de un Grupo de Expertos'', elaborado bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que se agrega que, como consecuencia de la mayor competitividad y conflictividad en los comicios, se pondrá a prueba la capacidad del propio sistema político mexicano para resolver conflictos entre los diferentes poderes.

Al respecto, indica que el fortalecimiento del tripartidismo demandará un cambio de cultura política a fin de favorecer la negociación como un mecanismo sine qua non para la búsqueda de acuerdos indispensables que aseguren la gobernabilidad. Así, en la medida que la oposición tenga acceso a puestos de gobierno y un papel más determinante, tenderá a bajar su desconfianza en el proceso político-electoral.

En el documento de 62 cuartillas, elaborado por Felipe González Roura, profesor de derecho político y electoral de la Universidad de Morón, Argentina; Dieter Nohlen, catedrático de ciencia política de la Universidad de Heidelberg, Alemania; y Daniel Zovatto, consultor internacional en materia electoral, se precisan como posibles puntos de conflicto la lucha entre las distintas fuerzas políticas al interior de la Cámara de Diputados; entre ésta y el Senado, por tener diferentes mayorías; entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, en caso de que el PRI no alcance la mayoría de la misma; y entre el jefe del gobierno del Distrito Federal y el Presidente de la República, en caso de que gane la oposición.

Dichos escenarios, agrega el estudio --entregado ayer de manera oficial por el coordinador residente del sistema de la ONU en México, Bruno Guandalini, al consejero presidente del Consejo General del IFE, José Woldenberg, y al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis de la Peza--, traerán ``aparejado'' un ``stress'', tanto en lo que toca a la relación de los actores entre sí, como al funcionamiento del sistema político en su conjunto.

Esto, ``debido a la eventual crisis de gobernabilidad traducida en la pérdida de eficacia del sistema en la toma de decisiones''.

Añade el documento que un posible punto de conflicto y que ocupó un lugar central en la reforma política es el relativo a los avances en materia normativa que contrastan con la legislación anterior. Es decir, pese a este mejoramiento, ``el tema sigue presentando un alto grado de conflictividad, cuyas consecuencias contaminan la relación entre las élites''.

En este sentido, se subraya que el sistema electoral mexicano cuenta con un marco normativo y un aparato institucional idóneos para garantizar la realización de procesos electorales libres, justos y equitativos. Sin embargo, enfatiza, estos avances no cumplirán su cometido si no van acompañados por un cambio positivo en la cultura política, particularmente en lo que se refiere a las actitudes y comportamiento de los actores para disminuir ``el abismo'' que separa la ley de la práctica.

Tras precisar que persisten ``grados diversos de desconfianza'' de parte de la oposición y ``determinados'' grupos no gubernamentales, se destaca el proceso de ``ciudadanización'' del Instituto Federal Electoral.

En este que es el segundo informe sobre la legislación electoral elaborado por expertos con el apoyo de la ONU --el primero fue en 1994--, se destaca el fortalecimiento de los instrumentos y procedimientos dirigidos a evitar la manipulación fraudulenta del voto y garantizar mayores niveles de transparencia y certeza de los procesos electorales. Se advierten ``efectos no deseados o perversos'', como la sobrerregulación y la existencia de ``candados y contracandados'' relacionados con el padrón, con los listados nominales, la credencial para votar y la transmisión de resultados, ``con el consiguiente altísimo costo financiero''.

Por otra parte, el estudio destaca la incorporación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la ampliación de sus competencias.

Sin embargo, advierte, la ampliación del sistema de medios de impugnación puede traer, ``debido a su alto grado de complejidad'', consecuencias no deseadas en cuanto a su efectividad