Los operativos policiacos realizados ayer en Iztapalapa por miembros de diversas corporaciones --agentes judiciales, militares en funciones de policías y Fuerza de Tareas, entre ellos-- son una expresión muy preocupante, y cada vez más frecuente, de la tendencia de las autoridades capitalinas a enfrentar la delincuencia mediante acciones que atropellan derechos y garantías individuales fundamentales, y coinciden con la creciente presencia militar en labores de seguridad pública, cuya primera etapa se realizó, precisamente, en Iztapalapa.

Estos operativos resultan opresivos para la población, a la que se somete a registros y detenciones contrarias a derecho, y distorsionan el sentido del poder público en la medida en que, con ellos, se pretende perseguir a la delincuencia mediante métodos que vulneran la ley e infunden temor y preocupación a la ciudadanía.

Por añadidura, estos sucesos ocurren en un área urbana tradicionalmente conflictiva, con un índice elevado de ilícitos, como Iztapalapa, delegación en la que sus habitantes enfrentan, ahora, la doble preocupación de ser víctimas de los delincuentes y de los abusos perpetrados por las agrupaciones policiacas. El extralimitado despliegue policial tiene lugar, además, en un ambiente de tensión y crispación preelectoral en esa demarcación, clima que no contribuye a distender. Ha de considerarse, además, que en operativos similares efectuados anteriormente, los uniformados han realizado interrogatorios sobre la presencia de propaganda de partidos de oposición en las fachadas de las casas, solicitado credenciales de elector y recabado información sobre la militancia electoral de sus moradores; se ha generado, así, la sospecha de que operaciones de esta clase podrían tener como objetivo el hostigamiento político contra simpatizantes de partidos opositores.

Si bien es indudable la necesidad de un trabajo más amplio y efectivo para atacar el grave problema de delincuencia que se vive en la ciudad de México, cabe exigir que las fuerzas de seguridad pública realicen su trabajo con respeto a la población y a sus derechos y garantías constitucionales.

Las autoridades capitalinas debieran tener en cuenta esta situación y abstenerse de realizar operativos que, más que ofrecer a los ciudadanos mayor seguridad para la realización de sus actividades cotidianas, imponen nuevas tensiones y temores, restringen los espacios de tránsito, convivencia y trabajo, y se convierten en fuente de abusos e intimidaciones que en nada contribuyen a reducir la elevada criminalidad que se padece en el Distrito Federal.

Es de suyo grave y preocupante que la autoridad, en aras de perseguir a la delincuencia, cometa abusos de poder y atropelle los derechos de la ciudadanía con registros, arrestos temporales e interrogatorios totalmente injustificados. Pero resultaría aún más grave que tales atropellos aparecieran asociados a indicios de intimidación política, ya que con ello podría perturbarse y viciarse el proceso electoral en curso.