José del Val
Identidad y presupuesto
Podemos suponer razonablemente que los legisladores de fin de siglo que eligiremos el 6 de julio, darán una respuesta rápida e inmediata a los Acuerdos de Larráinzar.
Debería ser su primer acto legislativo, los diputados de todos los partidos mostrarían así su compromiso evidente y decidido con los más desfavorecidos.
Con esta legislación que asume constitucionalmente la diversidad cultural como la naturaleza social de los mexicanos, se iniciará finalmente la verdadera reforma del Estado nacional.
Pero esto es sólo el principio, recuérdese que con esta ``reforma de las identidades'' se dará cumplimiento apenas a los acuerdos de la primera mesa de negociación y según lo pactado nos faltan: ¡cuatro mesas más! en las cuales se discutirán múltiples asuntos y se deberán precisar los acuerdos y compromisos respectivos.
El tiempo que nos ha tomado la primera mesa pone en evidencia que algo falló en la estructura de la negociación. Si pensamos en las mesas y acuerdos que nos faltan, de plano algo tendrá que cambiar, de lo contrario estaremos concluyendo allá por el 2015; ¡varios sexenios más!
El perfil de los aspirantes a diputados de todos los partidos ha causado sorpresa y relativo desánimo en las organizaciones indígenas; no se perciben suficientemente representados en cantidad y calidad. Tampoco han visto reflejadas sus demandas y proposiciones en las campañas.
Coincido plenamente con esta percepción y coincido también en que es poco alentador. Frente a la tolerancia y sobriedad que los pueblos indios y sus organizaciones han mostrado en este proceso electoral, los partidos vuelven --¡otra vez!-- a equivocarse ubicando las cuestiones indias como un asunto marginal y postergable.
Craso error y peligrosa miopía que aleja a los partidos políticos de los pueblos indios, dejándolos ¡otra vez! sin caminos de representación y excluyéndolos, ¡otra vez!, del sistema político mexicano...
Olvidan fácilmente los partidos realmente existentes, que fueron los pueblos indios los que dieron el empujón definitivo para la actual transformación del Estado mexicano; su lucha obligó a la sociedad mexicana a acelerar los cambios; su valor, su lucidez, su coraje y su sangre fueron los argumentos.
Los pueblos indios exigen respuestas claras y precisas por parte del Estado mexicano, no sólo del gobierno; de todo el Estado. Respuestas de cuales van a ser los mecanismos para revertir la brutal pobreza en la que se desenvuelve su vida cotidiana.
Quieren conocer la forma y los montos. Quieren saber si por ejemplo: se creará un Fondo de Compensación; una especie de Plan Marshall cuyos recursos provengan del necesario y urgente programa de ``Combate a la Extrema Riqueza''.
El reconocimiento de los pueblos indios como sujetos políticos plenos, si no es articulado con un programa nacional emergente y verdaderamente espectacular en cuanto a recursos y energía social involucrada, durante por lo menos una década, no será más que una nueva dilación jurídica, una especie de renegociación de la ``deuda histórica'', un nuevo refinanciamiento del rezago histórico, con bajos intereses y a muy largo plazo...
No podemos jugar irresponsablemente con la Constitución y legislar y legislar... y legislar propuestas que sabemos de antemano son insuficientes y además que nunca podrán convertirse en realidad.
Basta de engaños indigenistas, digamos no a un neoindigenismo jurídico que encierra a los pueblos indios en una cápsula de falsas verdades, que provoque mayor frustración y justifique ¡otra vez! el desprecio y la discriminación, a partir de suponer que con las reformas constitucionales, quedará resuelto el complejo problema de la desigualdad de los indios de México y por lo tanto si siguen igual... es porque quieren.
Debemos ver con toda claridad que lo que está en el fondo de las soluciones es: el presupuesto nacional. Se trata de que parte del PIB va a ir al Fondo de Compensación para los Pueblos Indígenas.
Este fondo debe ser uno de los componentes esenciales del Programa Nacional de Combate a la Extrema Riqueza. A dicho Fondo de Compensación deberán ir todos los recursos públicos que la corrupción ha puesto en manos privadas en por lo menos, las últimas seis administraciones.
¿Cuánto creen que se juntaría por este concepto? ¿Unos 200 mil millones de dólares? No está mal para empezar.
También deberemos legislar la categoría de ``enriquecimiento inmoral'' que se tipifica: cuando una persona o sociedad privada obtiene ganancias desproporcionadas como resultado de situaciones financieras en las que está involucrado el trasiego de divisas, producto de errores o de movimientos especulativos, nacionales o internacionales, póngale cifras.
Recursos que por lo demás crearían empleo, incrementarían la demanda de bienes y servicios, dispararían exponencialmente el consumo interno, golpearían en su centro a la pobreza extrema y muchos etcéteras.
Si no tenemos un claro, comprometido y eficiente programa económico para consolidar el desenvolvimiento de la diversidad cultural del país, todo lo que hagamos será trivial. En cambio, si somos capaces de concebir ese gran plan se convertirá probablemente en el gran detonador de la transformación económica nacional.
Los pueblos indios saben mejor que nadie que los caminos del presupuesto son asimismo los caminos del florecimiento de la identidad.