ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Casi un centenar de médicos del hospital regional del Seguro Social de Orizaba, Veracruz, protestan ``enérgica e indignadamente'' por el uso incorrecto que de sus firmas dicen que hizo su colega Joaquín Hernández González al denunciar deficiencias y problemas en la atención a pacientes.

Los médicos, cuya relación de nuevas firmas para desmentir las anteriores encabezan Miguel Pimentel y Carmen Escudero, narran que desde unos dos meses atrás se presentó con cada uno de ellos el doctor Hernández González, mostrando un oficio dirigido al delegado regional Eduardo Luque Altamirano, ``para solicitar mejoras de los servicios sobre material, y sugerencias que eran necesarias para dar una mejor atención a los derechohabientes; no tuvimos inconveniente para firmar, puesto que sinceramente deseábamos esto para nuestro hospital, sabiendo de la buena disposición que usted tiene para tratar en todo lo posible de que esto se realice''.

Tenemos entendido, agregan los médicos, que Hernández González ``está utilizando nuestras firmas con fines diferentes al que se nos expuso''. Dicen que se sienten ``comprometidos y utilizados para los fines personales'' del recolector de firmas y que ``en ningún momento deseamos en lo más mínimo ir en contra de nuestras autoridades y mucho menos de nuestro Instituto'', pues ``sabemos que usted, licenciado (Luque Altamirano), ha hecho lo más posible por dar lo necesario y mejorar la atención de los derechohabientes, a pesar de la situación económica por la que atravesamos todos y que usted ha sabido sacar atinadamente adelante''.

Advierten que están dispuestos a responder por sus firmas ``con la mejor intención'', pero ``si éstas están siendo utilizadas para cualquier otro fin fuera de nuestras autoridades y de nuestra delegación, de ser necesario estamos dispuestos a aclarar e intervenir legalmente contra el doctor Hernández González si es que no actuó con honestidad, ética ni profesionalismo, abusando de nuestra confianza, ya que existe incongruencia del documento presentado ante nosotros (dos hojas de solicitud de insumos) con el presentado ante las autoridades (23 hojas).

Por su parte, el doctor Hernández González reiteró los términos de la denuncia presentada, aseguró que sus colegas firmantes fueron amenazados con el despido en caso de no retractarse, y dijo estar totalmente dispuesto a enfrentar las eventuales consecuencias laborales o penales que se le han advertido.``Todo lo dicho en el documento es cierto, pero el temor de quedar sin empleo hace que no se denuncie públicamente lo que realmente pasa en los hospitales'', señaló.

Planteados como están los dos puntos de vista, el lector tiene elementos de juicio para calificar la carta de los médicos como un desementido de fondo a las denuncias originales o un deslinde bajo presión con argumentos de forma.

Un comité de derechohabientes

El comité de vigilancia de los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social carece de personalidad jurídica --según advierten las autoridades--, pero actúa en ejercicio de los derechos que a sus integrantes les asisten como contribuyentes a ese instituto --replican sus promotores--, y en ese carácter han solicitado la atención de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y del director general del Seguro Social, Genaro Borrego. Los derechohabientes se acreditan con su número de afiliación y relatan sus dramáticos casos en decenas de cartas cuyas copias están a la vista de esta columna.

En esencia, estos derechohabientes se quejan de ``la falta de medicamentos, tanto en los servicios de urgencia como de hospitalización''; de que ``persiste el diferimiento de la consulta externa, como sucede en neurocirugía, por falta de más personal médico''; de que ``persisten los fallecimientos, en los pacientes hospitalizados y en el recinto postoperatorio, por falta de vigilancia médica adecuada''; de que ``los estudios auxiliares de resonancia magnética nuclear solicitados en forma urgente continúan tardándose hasta más de un mes en realizarse'', y de que ``los traslados para manejo quirúrgico a hospitales de tercer nivel, especialmente en neurocirugía, tardan hasta más de un mes, a pesar de que se solicitan con carácter de urgente o son rechazados en su lugar de origen''. Estos derechohabientes son encabezados por Daniel y Leopoldo Ledezma, Cristina Castellanos y Javier Salgado.

Una encefalitis fingida

Según relata María del Rosario Ramos Rodríguez en la averiguación previa 640/97, radicada el 11 de junio del presente año, su esposo, Julián Javier Chiquito Zurita, acudió el 2 de marzo pasado a la clínica 6 del IMSS, en Orizaba, solicitando atención médica ``porque tenía mucho dolor de cabeza, angustia y llanto''. Según la denunciante, ``lo atendió el médico de urgencias, quien le dijo que por qué era tan chillón, y se negó a realizar una exploración física y a canalizarlo al hospital de especialidades del IMSS de esta misma ciudad, dándole únicamente una pastilla de diazepán''.

Al siguiente día, el señor Chiquito Zurita acudió al citado hospital de especialidades ``y presentaba el mismo cuadro, pero con disminución de movilidad del brazo izquierdo. En dicho lugar fue atendido por el médico residente, quien le dijo a mi esposo que `estaba fingiendo', y le dio un placebo y lo envió de nuevo con su médico familiar''.

Ante la persistencia del problema, el presunto fingidor fue llevado a los hospitales privados Puerta Grande y Psiquiátrico, y en ambos se determinó que se requería un estudio tomográfico de cráneo, pues el paciente ``ya presentaba inclusive agresividad y alucinaciones''. Por falta de dinero se regresó al hospital del IMSS para pedir atención oficial a partir de los diagnósticos privados. El paciente fue llevado al Centro Médico Nacional, en la ciudad de México, donde le practicaron una biopsia y le dijeron que ya tenía secuelas graves. Luego lo regresaron a Orizaba, donde murió a causa de la encefalitis viral que no le atendieron a tiempo.

Una operación sencilla

Leonel Salgado Castillo entró al hospital de especialidades de Orizaba el pasado 4 de abril para que le extirparan las amígdalas. Ocho horas después se informó de su muerte aparentemente de un infarto al miocardio. Leonel tenía problemas cardiacos, ciertamente, y tal circunstancia constaba en el expediente médico correspondiente. Sin embargo, no consta en el resumen clínico del caso que se haya atendido tal circunstancia. Dicho resumen --documento oficial del IMSS-- da cuenta de que el paciente estuvo en recuperación normal posoperatoria hasta que, dos horas después de ese momento de normalidad, fue detectado sin signos vitales.

El hermano de Leonel, Javier Salgado Castillo, presentó formal denuncia contra los doctores Gerry Sandoval y Francisco Aguilar, y quien resulte responsable, por el delito de homicidio imprudencial, conforme a la averiguación previa 609/97.

Ayer mismo, el periodista Jesús Ramírez Lobato estaba redactando una denuncia similar luego que su madre fue desatendida todo un fin de semana de deshidratación debido a que no había especialistas en ese lapso en el varias veces mencionado hospital veracruzano.

Astillas: La comisión costarricense que investiga actividades de narcotráfico recibió oficialmente, de manos del embajador de Estados Unidos en aquella nación, Peter Jon de Vos, dos documentos relacionados con Carlos Hank González. El primero es un informe de ocho páginas, prove- niente de la DEA, en el que se hace constar la comparecencia de Andrew Reding, investigador académico estadunidense, respecto al involucramiento de Hank en lavado de dinero y su papel como ``el principal intermediario entre las organizaciones narcotraficantes multinacionales y el sistema político mexicano''. El segundo documento es el reportaje del Washington Post del pasado 11 de mayo. La comisión seguirá investigando...

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