Creado en la década de los 40 con el propósito de proporcionar servicios de asistencia y servicios médicos a los trabajadores mexicanos y sus familias, el Instituto Mexicano del Seguro Social constituyó uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana, respondiendo a una vieja carencia de la población mexicana, al llevar los servicios médicos a amplias zonas del país en las que no existía médico alguno.

Desde su fundación, el Seguro Social tenía, cuando menos, tres funciones básicas: proporcionar servicios médicos, asegurar una pensión a los trabajadores discapacitados por alguna lesión o retirados al término de su etapa productiva. Una tercera función tenía que ver con el bienestar y la salud preventiva de la población a través del deporte, las actividades familiares y el disfrute de periodos vacacionales de descanso.

Para cumplir sus funciones, el Seguro Social contaba con enormes recursos financieros, proporcionados de manera trilateral por trabajadores, patrones y gobierno. Con estos recursos, el IMSS expandió sus servicios en amplias zonas del país, rebasando incluso su ámbito de acción; a los deportivos, centros vacacionales y albergues se adicionaron teatros, unidades habitacionales y casas de cultura. La institución era el mejor ejemplo de lo que un gobierno paternalista podía hacer por su población, un motivo de orgullo para el país, aunque dos fallas importantes se hacían cada vez más notorias: las raquíticas pensiones de los jubilados y la ineficiencia administrativa. Ambas formaban parte de un modelo, criticado ampliamente en las dos últimas décadas por quienes en un momento lo aplaudieron, como hoy aplauden la política económica neoliberal.

El error fundamental de esas administraciones primitivas fue, desde luego, la falta de previsión, que decidió utilizar aquellos recursos destinados al ahorro interno en obras sociales, cometiendo de paso algunos excesos administrativos.

Para los gobiernos neoliberales de los tres últimos sexenios, la seguridad social y la solidaridad han tenido una prioridad menor, instrumentando una política que se ha caracterizado por: a) Reducir el presupuesto en gastos de servicios médicos a través del aumento de cargas de trabajo del personal médico (hacer más con los mismos recursos), racionalizar (que en muchos casos se traduce en restringir) la entrega de medicinas a los pacientes. b) Reducir el monto de las inversiones dedicadas a la construcción y ampliación de hospitales. c) Suspensión de programas de inversión relacionados con servicios diferentes a los médicos. d) Incentivación de los programas de seguridad y servicios médicos de carácter privado proporcionados por las empresas.

Por otra parte, los aspectos de los Fondos de Ahorro para el Retiro han adquirido una importancia estratégica, en virtud de la magnitud de los recursos financieros que sería posible captar del ahorro de los trabajadores, recursos que por su dimensión permitirían financiar el desarrollo futuro del país y evitar los riesgos y las crisis causadas por nuestra dependencia de capitales extranjeros, especulativos y volátiles.

La estrategia económica es clara y positiva; su instrumentación, en cambio, contiene fallas y falacias que nos llevan a cuestionar el programa en su conjunto. Si estos enormes recursos podrían ser manejados por una entidad pública, que podría ser el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social o alguna otra creada exprofeso, utilizando criterios financieros modernos que equilibren rentabilidad y responsabilidad social, ¿para qué recurrir al complejísimo mecanismo de las afores, cuyo funcionamiento requiere de la participación y acuerdos de tantos actores? (empresas, afores, bancos, Hacienda y Consar, cuando menos).

El único argumento a favor de las Afore es la desconfianza general entre la población, por la corrupción asociada con el gobierno, en virtud de experiencias concretas como la de Conasupo. Sin embargo, la supervisión de un Fondo Nacional del Ahorro por parte del Congreso de la Unión, cuyos miembros son en esencia los representantes de la sociedad, y la existencia de una oficina técnica encargada de la operación y colocación de los recursos en los mercados financieros, resolvería ampliamente el problema.

Los argumentos contra las Afores son muchos y contundentes; mencionamos aquí cuatro: a) Al ser las Afores organismos privados de propiedad nacional o extranjera, el ahorro nacional se ``golondrinizará'', adquiriendo las características de los capitales especulativos internacionales que tanto daño han causado a nuestra economía. b) Por la misma razón, el ahorro nacional al que tanta importancia se le ha dado como palanca para impulsar nuestra economía, terminará siendo irrelevante no sólo para ese fin, sino incluso para asegurar la estabilidad de los mercados financieros internos. c) El dispendio en publicidad para promover un ``servicio'' que por naturaleza es obligatorio, si bien no tiene un impacto directo en la economía del país, sí lo tiene en el costo que por ello pagarán los mismos ahorradores. d) La enorme complejidad que tienen la constitución y actualización de las cuentas individuales de ahorro, será cuando menos unas diez veces mayor que la del Infonavit, con los enormes gastos que ello implica y que serán también pagados del mismo ahorro de los trabajadores.

¿Por qué resolver el problema en forma tan complicada, pudiendo hacerse en forma sencilla y efectiva? ¿Vale la pena hacer todo esto para beneficiar a los mismos de siempre, los banqueros de nuestro país, de quienes alguna vez un Presidente dijo que no nos volverían a saquear?.