La Jornada 21 de junio de 1997

Recibirán 740 mil dólares los 2 mexicanos golpeados en Riverside

Afp, Ap, Reuter y Efe, Los Angeles, 20 de junio Ť Dos indocumentados mexicanos que el año pasado fueron golpeados por dos policías, cuyo caso se conoció gracias a que la acción de los uniformados fue grabada por cámaras de televisión, recibirán 740 mil dólares como indemnización, se informó hoy en esta ciudad.

Alicia Sotero Vásquez y su novio Enrique Funes Flores fueron golpeados con bastones por dos uniformados del condado de Riverside que interceptaron un camión que transportaba 18 indocumentados, luego de una persecución por 80 kilómetros de la autopista desde Temacula; el conductor y los otros pasajeros lograron huir, pero fueron detenidos posteriormente.

La persecución, el primero de abril de 1996, fue filmada desde helicópteros de televisoras, así como la golpiza: uno de los uniformados estrelló la cara de Sotero Vásquez contra el cofre del motor del camión, la sujetó por el cabello y la arrojó al suelo y finalmente arremetió a golpes contra ella. El agente Tracy Watson fue despedido y su compañero, Kurtis Franklin, fue suspendido por un mes.

Los indocumentados, apoyados por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) presentaron una demanda contra el condado de Riverside por violación de derechos civiles. El condado aceptó finalmente pagar 370 mil dólares a cada uno de los golpeados, pero a cambio de que retiren las demandas; Sotelo y Funes tampoco podrán demandar a los dos uniformados.

Aunque, el condado no ha aceptado que hubo crimen y no ha cambiado la política sobre persecuciones y uso de fuerza y la investigación sobre la golpiza, el director legal de la ACLU, Mark Rosembaum, indicó que ``el acuerdo anunciado lleva el mensaje inequívoco de que en este país no hacemos respetar las leyes de inmigración mediante golpes y epítetos raciales''. No obstante, Sotelo y Funes coincidieron en que se trata de un éxito parcial.

Por otra parte, el presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol, se encuentra en Estados Unidos para intentar que el gobierno estadunidense revise la nueva ley antinmigrante, que amenaza con la deportación de miles de salvadoreños que viven en el país. Al término de una visita a Washington, Calderon informó que legisladores y responsables gubernamentales se comprometieron a facilitar soluciones administrativas para flexibilizar la nueva ley.

Acuerdo con la industria del tabaco

Los negociadores de varios estados estadunidenses anunciaron este viernes un acuerdo con la industria del tabaco de Estados Unidos, que soluciona muchas de las disputas legales en torno a la industria.

El acuerdo, todavía preliminar, prevé la asignación de fondos al financiamiento de importantes y nuevos esfuerzos para combatir la adicción al cigarrillo y otros productos del tabaco. Según el acuerdo, negociado por representantes de la industria del sector y los procuradores generales de varios estados, la industria pagaría 368 mil 500 millones de dólares en 25 años para financiar los esfuerzos antitabaco. Requiere también que la industria limite la comercialización de cigarrillos a menores y veda la venta de cigarrillos en máquinas automáticas o aparatos similares.

A cambio, las compañías tabacaleras y los inversionistas quedarán protegidos de la incertidumbre ocasionada por centenares de demandas pendientes. El acuerdo todavía debe ser sancionado por el Congreso y las partes esperan con interés la opinión del presidente Bill Clinton.

Por otra parte, un comité de la Cámara de Representantes aprobó este viernes por escaso margen un proyecto para emprender la más drástica reforma de las leyes financieras estadunidenses de los últimos 60 años, y derribar los muros que separan la banca del comercio.

Para suavizar el impacto de las reformas en los consumidores, las medidas requerirán que los bancos, entre otras cosas, revelaran sin cortapisas si lo que ofrecen está garantizado por el gobierno federal, y a comercializar esas ofertas en un sector diferente de la bancaria propiamente dicha. El comité envió la iniciativa al pleno de la Cámara, donde las perspectivas para su aprobación son inciertas. El Senado no ha tratado un proyecto de ley similar este año.