Insuficientes, las notas diplomáticas contra la pena capital: PRI y AN

Mientras que en Texas se dijo que este estado, por no firmar la Convención de Viena, no está obligado a cumplirla, en México representantes del PAN y PRI consideraron que las notas diplomáticas que el país envía para evitar la pena de muerte son insuficientes, a la vez que organizaciones no gubernamentales convocaron a una convención mundial contra la pena capital.

El encargado para asuntos consulares con México del gobierno texano, Alberto González, expuso a los abogados de Irineo Tristán Montoya y a los de Javier Suárez Medina, otro mexicano que podría ser ejecutado el 16 de septiembre, que ``el estado de Texas no firmó la Convención de Viena'' sino que fueron representantes del poder federal estadunidense, por lo que están exentos de acatar dicho acuerdo internacional.

En tanto, el cónsul mexicano en Eagle Pass, Texas, José Luis Suárez y Coello, dijo que trabajan junto con la abogada Bonnie Goldstein para impedir que se cumpla la sentencia contra el mexicano Suárez Medina.

En México, Agustín Navarro, director de Asuntos Internacionales del PAN, dijo que el gobierno debe analizar los 36 casos de connacionales condenados a muerte en Estados Unidos, denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los procesos en que hubo irregularidades y no limitarse a simples notas diplomáticas.

Consideró que se debe ir más allá de las notas de protesta ante el gobierno estadunidense, pues éste se encuentra amparado con sus leyes.

``El PAN ha estado analizando el caso de Irineo Tristán y las leyes de Texas, California o Wayomi, donde se permite la pena capital, y ha detectado que cada una se maneja de manera distinta; esto lo debe entender el gobierno mexicano, la cancillería, y junto con ello analizar cada uno de los casos que aún faltan porque se les cumpla la pena'', agregó.

Humberto Roque Villanueva, dirigente nacional del PRI, expuso que México debe intensificar su apoyo a los inmigrantes y el respaldo consular a quienes son juzgados inadecuadamente en Estados Unidos.

Consideró que ha habido grandes esfuerzos pero son insuficientes, lo que obliga al país a impulsar arreglos diplomáticos mayores.

La diputación federal chiapaneca, que también se pronunció contra la ejecución de Irineo Tristán Montoya, envió una carta al Presidente de la República donde expone que los 36 sentenciados a muerte que aún esperan ser ejecutados en Estados Unidos pueden ser repatriados a México, según lo establece el artículo segundo del Tratado de Ejecución de Sentencias Penales.

En el documento, firmado por el diputado Walter León Montoya, se explica que el tratado no ha sido modificado ni se ha expresado reserva que lo afecte, en el sentido de que excluya de su beneficio a los sentenciados a muerte.

Dicho tratado establece que los sentenciados ``tienen derecho a ser repatriados'' para purgar en su lugar de origen la pena corporal correspondiente a su delito.

Ayer, integrantes de diez organizaciones no gubernamentales lanzaron una convocatoria mundial a todas las agrupaciones de este tipo para protestar contra la pena capital.

En el documento, firmado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, se llamó también a impulsar una reforma a la Constitución General de la República para que se proscriba en definitiva la pena de muerte en México.

Firman también la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Amnistía Intenacional Grupo México, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, el Movimiento Ciudadano por la Democracia, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y la propia academia.

Por otra parte, Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, dijo que la Iglesia apoya totalmente la política internacional de México, sobre todo en lo que a defensa de la vida se refiere.

Dijo que la pena de muerte no significa más que utilizar los mismos métodos erróneos de combatir la violencia con violencia.

Es una afrenta: EPR

El Ejército Popular Revolucionario se pronunció también en contra de la pena de muerte aplicada a Irineo Tristán Motoya, pues ``constituye una afrenta para el pueblo mexicano y se suma a la cadena de atropellos, torturas y asesinatos que impunemente comete la Border Patrol y diversos grupos paramilitares en contra de migrantes.

``Toda esta situación bajo la permisibilidad del gobierno mexicano, el cual, con su pasividad, avala en la práctica el escarnio y las afrentas que cotidianamente viven nuestros connacionales, dejándolos en total indefensión, tanto jurídica como económica y social''.

El EPR establece que es impostergable el impulsar el crecimiento de la organización de los migrantes, no sólo para defender sus derechos en ese país sino también para impedir que sigan reprimiéndolos y asesinándolos impunemente. (Efraín Klerigan, corresponsal, José Ureña, Jesusa Cervantes, Triunfo Elizalde y Fabiola Martínez)

Se reunió Madrazo con procuradores fronterizos de México y EU

Miroslava Breach Velducea, corresponsal, Chihuahua, Chih., 20 de junio Ť Jorge Madrazo Cuéllar, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), llegó hoy a Chihuahua invitado a la clausura de la 16 Convención de Procuradores Fronterizos, en la que participan los titulares de procuración de justicia de los seis estados fronterizos del norte del país, junto con sus homólogos estadunidenses, ante los que se mostró dispuesto a apoyar la solicitud de abrir oficinas de la PGR en las principales ciudades del sur de Estados Unidos para facilitar el intercambio de información que posibilite un mejor combate al crimen organizado en ambos lados de la frontera.

Durante su gira de trabajo por Chihuahua, el titular de la PGR atendió a un grupo de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezados por el candidato a diputado federal del I distrito, Jaime García Chávez, quien reclamó la tibieza de las autoridades mexicanas frente a la ejecución de Irineo Tristán y la amenaza de pena de muerte contra una amplia lista de mexicanos procesados en Estados Unidos, así como la exigencia de esclarecer el secuestro del diputado federal del PRD Víctor Quintana Silveyra, secretario de la comisión legislativa que investigó el caso Conasupo, cuya denuncia está siendo investigada por la PGR.