En el homenaje que la Academia Mexicana de Derechos Humanos rindió el martes 17 en el Auditorio Alfonso Caso de la UNAM a 41 representantes de 11 organizaciones no gubernamentales, que desde la década de los 60 introdujeron el tema de los derechos humanos en la agenda nacional, se volvió a reconocer con objetividad que las organizaciones ciudadanas son actores fundamentales en la creación de mejores condiciones para el ejercicio de la democracia en el país y su transición a un verdadero Estado de derecho. Prueba de ello son las múltiples acciones que desde entonces, pero sobre todo desde hace diez años, han venido emprendiendo con grandes sacrificios entre la ciudadanía y por toda la República, con los medios de comunicación social, y con las propias autoridades estatales y federales.

Como muestra, vale la pena destacar la campaña ``¡Ahora sí!, piensa... luego vota'', que el Movimiento Ciudadano por la Democracia, en coordinación con 80 organizaciones civiles de provincia, está llevando a cabo en 25 estados y en esta ciudad capital, mediante talleres de educación cívica para promotores, con el propósito de que la ciudadanía emita, sí, el 6 de julio un voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, como lo manda la ley y lo impera la ética, pero también razonado y responsable.

Para ello entre otras cosas ha editado, con el concurso y colaboración de muchas otras organizaciones civiles y sociales especializadas de todo el país, más de 20 Hojas Informativas sobre los principales tópicos que hoy preocupan a todos los mexicanos: infancia, alimentación, migración, vivienda, seguridad social, pobreza y desigualdad, deuda externa, alternativas ante la crisis, libre comercio, soberanía, derechos laborales y sindicales, ecología y medio ambiente, campo y campesinos, derechos de la mujer, seguridad pública, justicia y derechos humanos, transición a la democracia, paz justa y digna, medios de comunicación social, derechos y cultura indígena, etcétera.

Teniendo en cuenta lo que ordenan las leyes electorales acerca de la libertad del voto, el mencionado recurso didáctico tiene la virtud de presentar por un lado de manera sintética, clara y objetiva la realidad nacional, y de ofrecer por otro, con las mismas características, lo que opina la propia ciudadanía través de sus organizaciones, foros y encuentros, así como lo que proponen, cuando lo proponen, los principales partidos políticos en sus plataformas electorales. La intención es también que la ciudadanía organizada pueda darle seguimiento a lo que se comprometen los candidatos y partidos políticos durante las elecciones, mediante su monitoreo cuando sean asambleístas, diputados, senadores o gobernantes.

Otro ejemplo es el folleto popular ilustrado que Alianza Cívica ha editado y difundido por miles en todo el país, y que llamativamente lleva por título El A B C de las elecciones, y como subtítulo la invitación ``A votar conscientemente'', que con gran provecho educativo está siendo utilizado en talleres de observadores electorales, grupos de trabajo de base, organizaciones civiles y sociales. Además de dos didácticos y muy útiles anexos, en los que se incluyen un vocabulario electoral y la respuesta a una serie de dudas y preguntas frecuentes sobre la materia, se invita entre otras cosas a los ciudadanos a ponderar la importancia de las elecciones, a participar en su realización limpia y transparente como observadores electorales o representantes de partido, a votar libremente y sin presiones, a saber cómo hacerlo, a hacerlo con responsabilidad y conciencia, a defender su voto, y a denunciar los actos ilícitos sancionados por la ley.

``Las presiones --se dice-- son delitos electorales. Por ejemplo, está prohibido ofrecer o negar servicios públicos, permisos, trámites o beneficios sociales a cambio del voto; condicionar un servicio público para exigir el voto; utilizar recursos públicos para apoyar campañas de cualquier partido o candidato; solicitar credenciales y pedir firmas como compromiso de voto por un partido; hacer campaña política aprovechando los puestos de gobierno o de administración de servicios públicos''