A Irineo Tristán, a quien la ``justicia'' estadunidense obligó a dejar de vivir las injusticias propias de la mayoría de los mexicanos

Una de las mayores injusticias sociales, durante mucho tiempo asociada al nivel del subdesarrollo de cada región, y ahora cada vez más extendida por el mundo junto con el neoliberalismo, es el olvido y la precariedad para quienes han tenido que retirarse del trabajo, después de entregar al país toda su vida productiva.

Hace unos días, juntando literalmente sus centavos, lograron viajar a la ciudad de México, procedentes de todos los estados, algunos miles del millón y medio de pensionados que actualmente hay en el país. Los integrantes del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados (MUNJP) lamentan haberse quedado esperando a los candidatos a jefe de gobierno del Distrito Federal, porque hubieran querido exponer sus propuestas de gobierno, en especial lo referente a sus problemas específicos como trabajadores jubilados y pensionados, pero más lamentan que por no entender que se trata de problemas propios de trabajadores, los partidos políticos los clasifiquen junto con los indigentes, los discapacitados, o en el impreciso renglón de la tercera edad.

Ya en el Distrito Federal, y luego de hacer pública su decisión de permanecer en plantón indefinido frente a la Cámara de Diputados, una comisión representante del MUNJP fue recibida por legisladores de las comisiones de Seguridad Social y de Información, Gestoría y Quejas. De esta reunión celebrada el 17 de junio en un salón del palacio legislativo de San Lázaro, los miembros de diferentes partidos se comprometieron con el movimiento de pensionados y jubilados a hacer algunas recomendaciones, exhortaciones y gestiones.

Los legisladores ofrecieron, en primer lugar, hacer un exhorto a los congresos de los estados de la Federación para que se generalicen los beneficios de reducción en las cuotas de impuesto predial y servicios de agua -que ya se practica en 15 entidades federativas-, con la posibilidad de que estas reducciones en favor de jubilados y pensionados puedan hacerse extensivas a otro tipo de servicios públicos. En segundo lugar se acordó que el MUNJP enviará a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas un listado de jubilados y pensionados que, por sus condiciones de precariedad, pudieran merecer una despensa proporcionada por el DIF; los legisladores por su parte se comprometen a plantear este asunto al director del DIF, para que con base en la lista y ``de acuerdo a la capacidad de la institución'', se determinen los apoyos. Asimismo, el MUNJP proporcionará a la misma comisión otra lista de personas que pudieran ser beneficiarias de la obtención de becas y apoyos para útiles escolares para hijos o nietos de jubilados que estén en condiciones de orfandad y que dependan directamente de ellos; los legisladores harán el planteamiento a la SEP, y será ésta la que dará la respuesta. Como cuarto punto del acuerdo, los legisladores harán una recomendación a las comisiones de Hacienda y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, para que se analice la posibilidad de buscar un subsidio al consumo de energía eléctrica, generalizado a pensionados, y principalmente en zonas de clima extremoso. También se acordó que los legisladores exhortarán a los congresos y a los gobiernos de los estados a analizar mecanismos para la obtención de descuentos en el transporte público local. Finalmente, se fijó el primero de julio para otra reunión entre las mismas partes.

A lo largo de su historia, el MUNJP ha tenido muchas oportunidades de hablar con legisladores federales, pero los resultados positivos han sido tan pocos o tan menores que prácticamente no cuentan, y después de años de lucha el problema general más importante de los pensionados y jubilados sigue sin solución. Casualmente, los únicos dos puntos que quedaron excluidos del acuerdo con los legisladores son los que demandan elevar el monto de las pensiones básicas a dos veces el salario mínimo del DF, y homologar con éstas las pensiones que hoy están por debajo de un salario mínimo.

¿Es justo que las pensiones por invalidez y por incapacidad permanente sean de 120 pesos mensuales? ¿Cuántas veces en cada cena gasta un diputado los 80 pesos que recibe un minero como pensión mensual? ¿Hasta cuándo se va a seguir negando una pensión digna a estos trabajadores?.