A escasas tres semanas de las elecciones del 6 de julio la suerte está echada y, salvo sorpresas inimaginables, se anticipa un cambio de fondo en la correlación de fuerzas del país. Aun si el PRI logra conservar la mayoría legislativa, el escenario político mexicano habrá cambiado definitivamente.

Por lo pronto pueden registrarse como saldos positivos algunas cosas que ya se modificaron en estos comicios. La primera es que la discusión sobre el proceso electoral dejó de ser el tema central de la confrontación entre partidos. Salvo casos muy aislados y previsibles, en todo el país los comicios transcurrirán en un clima de tranquila normalidad, sin impugnaciones ``preventivas'' sobre el fraude, como acontecía en elecciones pasadas. Y lo que es más, los partidos parecen dispuestos a reconocer sin reservas --pese al encono y el tono actual de las campañas-- triunfos y derrotas. Este es, sin duda, un avance de la mayor importancia pues indica que hoy entre otras condiciones favorables, disponemos de instrumentos transparentes, confiables tanto para los ciudadanos como para los partidos. De la consolidación del IFE como una institución al servicio de la sociedad, ajena a los vaivenes de la política cotidiana, confiable, profesional y por lo mismo creíble, depende en buena medida el tránsito hacia la normalidad democrática.

En un país acostumbrado a vivir bajo la permanente confusión entre las atribuciones del Estado y las del gobierno, la sola existencia de un organismo autónomo en el cual las autoridades carecen por definición de cualquier presencia legal es, en cierto modo, una revolución en nuestros conceptos habituales sobre la naturaleza del ámbito ``público''.

Una novedad irreversible es la afirmación del pluralismo en la sociedad mexicana cuya magnitud y profundidad son tales que no deja el menor resquicio para soñar con monolitismo de ninguna especie, a menos que alguien esté pensando en una feroz involución que daría al traste con cualquier proyecto democrático. Paradójicamente, el PRI sigue pensando como un partido único: de palabra acepta el pluripartidismo pero en la práctica se resiste a un congreso de mayoría no priísta so pretexto del riesgo de incurrir en el autoritarismo y la ingobernabilidad. No hay tal.

Dados los difíciles equilibrios nacionales e internacionales de nuestra economía y asumiendo en su verdadera complejidad la endiablada agenda que surge de la desigualdad, es impensable que alguien se proponga todavía gobernar sin tomar en cuenta a los ``otros'', las demás fuerzas de la sociedad y la política. Por eso, me parece, que al mismo tiempo que se anuncia el final de una época ha sonado la hora de los grandes compromisos democráticos para definir un horizonte estratégico, más allá de los acuerdos puntuales entre las fuerzas parlamentarias que siempre serán necesarios para asegurar la marcha del país bajo las nuevas circunstancias. La sociedad tiene que acostumbrarse a convivir con las diferencias que dan su razón de ser a los partidos, a buscar acuerdos y equilibrios entre intereses opuestos, lo cual significa ni más ni menos que aprender a negociar con otros criterios que ya no pueden ser los mismos mecanismos de presión de la época autoritaria ni los consabidos métodos del viejo unipartidismo.

Sea que la oposición consiga o no la mayoría legislativa, el Congreso, que era un simple apéndice del Ejecutivo, cobrará una nueva vida. Por efecto de la propia democratización, los diputados tendrán ahora una tarea de verdadera representación en la cámara y una efectiva función dialéctica en el debate de los grandes problemas nacionales, cosa que hasta hoy era poco menos que una fantasía parlamentaria.

Si el cambio democrático no puede consistir en sustituir un presidencialismo de un partido por otro, es urgente avanzar en el diseño de una institucionalidad que sea capaz de cobijar las nuevas realidades políticas emergentes. La transformación del ``sistema'' no puede identificarse con la simple sustitución de un partido por otro. Para consumar la transición es preciso que la alternancia esté acompañada de una reforma del régimen político capaz de hacer realidad los grandes temas de la construcción democrática mexicana: separación de poderes, federalismo, municipalismo, libertades públicas, etcétera. Sin olvidar la fuente de nuestros conflictos de mayor calado: la injusticia social. Esperemos al 7 de julio para ver, entonces, si este debate comienza.