Aprovechando la recta final de las elecciones, el gobierno capitalino decidió presentar públicamente uno de los últimos proyectos de su gestión.
Serán suprimidos 24 kilómetros de la vía del ferrocarril de Cuernavaca para, en su lugar, construir una vialidad con trolebuses. La nueva vía, paralela al Periférico, pretende unir el Metro Cuatro Caminos con Magdalena Contreras.
Dado el contexto electoral, es lógico que tal proyecto haya pasado inadvertido para muchos, e incluso haya recibido apoyos por tratarse de una vieja demanda popular. Pero más allá de sus inmediatos propósitos electorales, sus verdaderas intenciones parecerían estar vinculadas a políticas de más largo alcance.
Aumentar 24 kilómetros a la red actual de trolebuses sí fortalece un transporte colectivo no contaminante sobre el individual. No hay duda de que se prioriza el transporte eléctrico, dando respuesta no sólo a las demandas de diversas organizaciones ecologistas, sino también a la propuesta de electrificar el transporte planteada por la ley en la materia y por algunos partidos contendientes al gobierno del Distrito Federal. Eso nadie lo cuestiona. El problema radica en dónde y cómo pretende el gobierno cumplimentar tal mandato. Veamos.
Suprimir 24 kilómetros de vías es parte de las políticas del transporte por continuar ejerciendo el predominio de las poderosas organizaciones del transporte automotor sobre la transportación de vías férreas en todo el país. Aquí la propuesta técnica del proyecto es absolutamente contradictoria.
¿Qué sentido tiene levantar las vías para asfaltar el tramo, colocando temporalmente trolebuses, y poco después llenarlo de autos y microbuses, como pasó con los carriles de los ejes viales? Otra visión oficial sobre el proyecto lo hace aún más contradictorio. Se prevé que en poco tiempo, al crecer la demanda, se volverán a colocar nuevamente vías férreas para operar un tren ligero. Esto último según lo afirmó Benjamín Hedding, director de Transportes Eléctricos del Departamento del Distrito Federal (DDF). (Reforma, 18 de junio).
Hay otras incongruencias. El proyecto no aparece en ningún plan maestro del transporte, y por tanto se trata de una propuesta aislada, sin correspondencia con un plan integral. Es decir, de un tramo más que se sumaría a la desordenada y poco planificada red de transportación colectiva. Nos preguntamos, ¿cuál es la prisa por iniciar un proyecto que no fue consultado siquiera con la Asamblea de Representantes o con el Consejo Asesor de Desarrollo Urbano del DDF?
En el fondo, su verdadera intención parecería estar vinculada con los intereses de la controvertida carretera La Venta-Colegio Militar. Es una modesta hipótesis urbanística, pero no por eso habría que desecharla. El tramo a suprimir forma parte del ferrocarril a Cuernavaca y atraviesa la sierra del Ajusco con una extensión, desde Topilejo a Buenavista, de 52 kilómetros. Al levantar un tramo de 24 kilómetros, los restantes localizados en el Ajusco quedarían inutilizados.
El tramo inutilizado que coincide, en general, con el trazo propuesto de la carretera La Venta-Colegio Militar, podría convertirse en parte de un nuevo trazo de dicha carretera. Si Ferrocarriles Nacionales cedió los derechos de vía de un tramo para asfaltarlo, no vemos ninguna dificultad para que ceda los restantes con los mismos fines, sólo que ahora los asfaltos no servirían para trolebuses, sino para el tránsito de cuota de vehículos privados. Contar con un derecho de vía ya existente reduciría al mínimo la protesta de las comunidades opositoras a la carretera.
De resultar cierta la hipótesis, la prisa por iniciar el proyecto tendría justificación. Pero ojalá y sólo se trate de una simple coincidencia y no de una deliberada intención, pues estaríamos ante un engaño que socavaría aún más la endeble credibilidad gubernamental.
Independientemente de ello, el proyecto debe ser suspendido por sus limitados fines y sus irreparables consecuencias. Más trolebuses sí, pero no a costa de convetirlos en caballos de Troya para suprimir valiosas redes de infraestructuras férreas que prevalecen aún en la ciudad. Todas esas vías podrían aprove- charse para contar con un sistema masivo de transportación suburbana. Suspender la obra sería conveniente en tanto el gobierno actual nos informara con mayor detalle sobre el impacto del proyecto, y de paso se abordaran sus incongruencias técnicas. Restaurar las vías férreas de la ciudad es mejor que seguir afectándola con obras cuyos cuestionables alcances heredará el próximo gobierno. Esperamos su respuesta.