México regresa a un lugar de honor en los medios mundiales de comunicación. Ahora por la denuncia de Amnistía Internacional en su informe anual, dado a conocer en Londres, y por las declaraciones del director de ese organismo en Estados Unidos ante un grupo de derechos humanos del Congreso de ese país, acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en México, que inclusive se habrían amplificado en los últimos tiempos.

El informe de la más importante de las ONG que ``monitorean'' en el globo la violación de los derechos humanos señala, con abundancia de datos, que ``en México... la tortura es extensa; muchas personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y docenas `desaparecieron' después de ser detenidas por las fuerzas de seguridad''. Además de que ``muchas personas, incluyendo a activistas políticos, fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares..., la mayor parte de los responsables se benefició de la impunidad''. Amnistía Internacional detalla ataques a miembros del PRD y a otros militantes políticos, así como a campesinos y comunitarios.

El organismo internacional recuerda que ninguno de los responsables de los crímenes cometidos en enero de 1994 --cuando surgió el EZLN--, sobre todo en el mercado de Ocosingo, ha sido enjuiciado y menos sentenciado.

Es decir, sigue estando presente, de manera inadmisible a estas alturas, el ``México bronco''. Y más que el ``México bronco'', el de los crímenes, la impunidad, la delincuencia, las complicidades, la letra muerta de la ley y del orden de derecho.

Mientras en los ``civilizados'' centros urbanos prospera la democracia y celebramos sus avances, en el ``otro México'', en el ``México de atrás'', sigue imperando el crimen y el desprecio de la ley, no por los delincuentes sino por las mismas autoridades que debieran velar por su cumplimiento y, lo que es más grave aún, por el Ejército mismo, según las denuncias de Amnistía Internacional.

Es sabido que cuando el Ejército interviene en tareas internas contrarrevolucionarias --en sus diversas modalidades, incluida la guerra de baja intensidad, que prevalece en México--, o se le encargan funciones de seguridad policiaca, es prácticamente inevitable que se manche las manos con la violación de los derechos humanos. Con el consecuente demérito y desprestigio de la institución nacional, que ha sido ya sometida a la prueba lamentable de la lucha antinarcotráfico y que ahora se exhibe ante el mundo con graves violaciones a las garantías individuales.

Sí, la transparencia y el respeto electoral son decisivos para el avance democrático, pero no son suficientes: un régimen democrático digno de ese nombre exige la plena vigencia del derecho (para no hablar de que la democracia exige igualmente un sistema igualitario, que tienda al menos a la igualdad, que no opere sobre escandalosas bases de injusticia, de concentración deliberada de la riqueza, de extensión de la pobreza y del abandono de los marginales).

Enormes son las tareas que esperan aún a la democracia mexicana. Y una decisiva es el respeto a los derechos de cada uno, en lo individual y en lo colectivo. Las autoridades del país se han quejado amargamente de los ataques y presiones por el manejo (que se sabe turbio a más no poder) de la lucha contra del narcotráfico y el lavado de dinero. Igual escándalo debiera motivar esta nueva denuncia, más grave aún si se quiere, respecto al lugar ``privilegiado'' que ocupamos como país que atropella los derechos humanos.

La cuestión es de urgencia nacional. Al igual que en el caso de la democracia, debiera fomentarse una amplia conciencia pública acerca de la gravedad del problema, y debieran iniciarse movilizaciones y una campaña de partidos, asociaciones civiles, movimientos políticos, personalidades, universidades, etcétera, para que se ponga un freno a la violación sistemática de los derechos humanos y para que se respete escrupulosamente la ley.

Por supuesto, también las autoridades --en primerísimo lugar-- tienen la responsabilidad. Jorge Madrazo Cuéllar, el actual procurador general de la República, por sus antecedentes (inclusive al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos), ha de recordar siempre que no sólo le compete la persecución de los delitos, sino que es función central de su cargo velar por el escrupuloso cumplimiento de la ley, evitando que el país aparezca en el discutible lugar ``privilegiado'' de uno de los mayores violadores de los derechos humanos en el globo.

Sí, otra tarea a su cargo, pero también otra tarea a cargo de todos los mexicanos que debemos luchar por el imperio de la ley.