El PRI concentró sus fuerzas en ganar el Congreso

Experto en ganar por mayoría en cada distrito, hoy enfrenta el escenario más complicado de su historia y apuesta a obtener sólo 43 por ciento de los votos. En el peor de los casos perdería de 95 a 100 curules ante el PAN y el PRD; 20 en la ciudad de México. Busca el éxito con base en los 3 millones 491 mil 808 ``activistas para la victoria electoral'' que han visitado a 12 millones de ciudadanos, cifra que esperan duplicar antes del 6 de julio

Mireya Cuellar Ť Derrotado antes de la elección en el Distrito Federal, el PRI va por 43 por ciento de la votación nacional federal que le permitiría controlar el Congreso. La ingeniería electoral, que no es sino una serie de operaciones aritméticas y escenarios que en función de encuestas y sondeos permiten prever los resultados de una elección, tiene a los priístas muy seguros de que ya tienen el Congreso en sus manos.

En el peor escenario --según informes en poder del Consejo Político Nacional-- el PRI perderá entre 95 y 100 diputaciones federales; PAN y PRD se podrían adjudicar 20 de las 30 curules en disputa en la capital de la República, y el tricolor perdería el control en la Asamblea del DF.

Una encuesta --que alimenta las expectativas priístas--, realizada en los últimos días de mayo en todo el país, reveló, ante la consabida pregunta de ¿por cuál candidato a diputado votaría si hoy fueran las elecciones?, que 41 por ciento se inclinaría por el PRI, 26 por el PAN y 17 por el PRD; 13 por ciento manifestó que ``por ninguno'' y 2 por ciento más dijo que ``no sabía''.

Esto cuando la expectativa de votación es de 73 por ciento del padrón, integrado por poco más de 52 millones de ciudadanos. Las encuestas no sólo permiten tener expectativas respecto de cuántos mexicanos saldrán a votar, sino que hay un nuevo indicador: muchos de los interrogados responden con un ``el voto es secreto''.

Todo indica que la Cámara de Diputados se la repartirán PRI, PAN y PRD. Los otros partidos, salvo alguna sorpresa del Verde Ecologista o del PT, se irán con las manos vacías. La legislación establece que para que un partido pueda tener representación en el Congreso debe obtener cuando menos 2 por ciento de la votación nacional total.

El PRI se enfrenta --así lo dicen las encuestas-- al escenario electoral más competido de su historia, no sólo porque los partidos políticos de oposición han crecido, sino porque las continuas reformas electorales impiden que quien obtenga el mayor número de votos se pueda sobrerrepresentar en exceso en el Congreso, como cuando existía la llamada ``cláusula de gobernabilidad''.

El PRI, sinónimo de gobierno

Ante preguntas como ¿cuál es el partido que identifica con el pueblo?, los electores respondieron en su mayoría que el PRD; mientras que al PRI se le ve como sinónimo de gobierno y, para su desventaja, en muchos casos de ``mal'' gobierno.

Bajo la premisa de que las elecciones se ganan con organización, y el PRI es el único partido ``verdaderamente nacional'' --porque tiene comités en todos los municipios del país--, le está apostando a que si bien hay estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Baja California, Chihuahua y Nuevo León donde perderá algunas diputaciones, se repone en sus ``nichos electorales'', como Veracruz, Guerrero y Tabasco, donde la oposición apenas si le hace sombra.

En Guanajuato y Jalisco el PAN sacará más votos que el PRI: 34 y 36 por ciento de la votación, respectivamente, frente al 30 que se adjudicará el Revolucionario.

En Puebla, según los cálculos del PAN --que coinciden con los priístas--, éste podría quedarse con cinco de las diez diputaciones que están en juego.

Las cifras de Michoacán preocupan al PRI. Los sondeos dicen que la balanza está inclinada en favor del PRD, que podría adjudicarse 30 por ciento de la votación estatal, mientras que apenas 18 por ciento sería para el PRI y 16 para Acción Nacional.

La apuesta por los porcentajes

Si antes al PRI sólo le interesaban los resultados de una elección en función del triunfo que se concreta en un distrito, hoy le apuesta a los porcentajes. De los 23 distritos electorales federales en que está dividido el estado de Veracruz, las encuestas indican que el PRI se quedará con 20; en Guerrero sólo el distrito de Acapulco le preocupa --podría perderlo ante el PRD--, y en Tabasco sus indicadores dicen que no le dejará un solo distrito a la oposición.

La especialidad del PRI, dicen sus análisis, ha sido ganar elecciones de mayoría relativa, porque históricamente ha registrado candidatos en los 300 distritos del país y es el único que hace campaña en los puntos más apartados gracias a la relación PRI-gobierno(s).

Hasta la elección de 1994 estuvo muy interesado en pelear distrito por distrito y nunca se había preocupado por sus listas plurinominales. Hoy sólo piensa en el preciado 43 por ciento.

El 6 de julio habrá 300 comicios diferentes, pero a la vez una elección nacional porque el control del Congreso estará en función del porcentaje de votos obtenidos por cada partido, al sumar uno a uno los votos obtenidos en cada distrito. En términos prácticos la única elección nacional es la de senadores. Todos los electores del país tendrán ante sí la misma lista de candidatos.

Para tener la mayoría del Congreso --y poder reformar leyes y aprobar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos sin necesidad de hacer alianzas con otros partidos-- el Revolucionario Institucional requiere obtener como mínimo 43 por ciento de la votación, ya que la actual ley electoral dice que el partido que obtenga el mayor número de votos sólo podrá sobrerrepresentarse con 8 por ciento más.

Es decir, para tener 51 por ciento de las curules de la Cámara de Diputados deberá obtenerse cuando menos 43 por ciento de la votación. Si ningún partido obtuviera ese porcentaje, el grupo mayoritario se vería obligado a negociar con alguna de las otras fracciones para, juntos, lograr la mayoría.

Del Senado, los análisis electorales no se han ocupado. Allí la mayoría priísta no está en peligro porque sólo se renovará 25 por ciento de sus integrantes.

Algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional se plantean que la del 6 de julio es la última elección que están obligados a ganar. De aquí en adelante el asunto será competir.

El caso Distrito Federal

Para el PRI el furor de los capitalinos por Cuauhtémoc Cárdenas no es más que la contraparte del odio que la sociedad mexicana siente hacia Carlos Salinas de Gortari. Cárdenas fue el hombre que se la pasó cuestionando a Salinas todo el sexenio anterior, cuando las clases política y empresarial, buena parte de la sociedad y hasta la Iglesia se sentían en las mejores manos.

El futuro de Alfredo del Mazo y de los 40 aspirantes a diputados a la Asamblea Legislativa --los que antes se llamaban asambleístas-- pasó a segundo término para una dirigencia nacional priísta que desde el principio se sintió relegada por el equipo de campaña de su candidato a gobernar la ciudad, el cual se apoyó más en la actual regencia del Distrito Federal que en la estructura partidaria.

En los círculos priístas la sensación es que el equipo de Del Mazo no se preocupó por romper la barrera y hacer campaña para una sociedad capitalina muy heterogénea. Se centró en los viejos grupos del PRI, en el esquema del político de los setenta: rígido, ajeno a los problemas de la urbe, que llegaba a sus concentraciones del mercado de La Merced vistiendo chamarras importadas de la mejor calidad.

La creencia general es que Del Mazo es el hombre de Emilio Chuayffet. Sin embargo, a la hora de las decisiones el regente Oscar Espinosa Villarreal y su equipo del Departamento del Distrito Federal (DDF) fue el que más le metió el codo.

El éxito del PRI en los comicios del 6 de julio está fincado en 3 millones 491 mil 808 ``activistas para la victoria electoral'', que, según sus propios reportes, han invitado a 12 millones de ciudadanos a votar por el partido oficial, cifra que esperan haber duplicado al día de la elección.

En un esquema que para algunos ya se agotó, el PRI le apostará quizá por última vez a su vieja maquinaria electoral. ¿A ver qué tan aceitada está.

Uno de los aspectos de mayor controversia en el debate entre los partidos ha sido a quién debe la ciudadanía conceder la mayoría en la Cámara de Diputados. A saber, las oposiciones se plantean como objetivo que el PRI no alcance el piso electoral a partir del cual se obtiene la mayoría absoluta: 42.2 por ciento de los votos válidos y 163 triunfos distritales.

El PRI se ha planteado como la mejor opción para que el esfuerzo realizado por los mexicanos durante los tres primeros años de la administración en curso surta sus frutos en beneficio directo de la población. El PRI señala que el partido tiene la madurez suficiente para ejercer en el Congreso una mayoría responsable. Adicionalmente, ha señalado que la ausencia de tal mayoría responsable pondría en riesgo la gobernabilidad (se afirma que se estaría asumiendo un riesgo, pero no se sostiene que ineludiblemente se presentaría la ingobernabilidad).

En contrapunto, la oposición ha acusado al PRI de pretender inducir el voto del miedo. Este, a su vez, señala que la oposición nunca ha aprobado las iniciativas del Ejecutivo que se relacionan con el presupuesto. Más aún, las plataformas electorales de los partidos distintos al PRI introducen planteamientos sobre el sentido del gasto que hace difícil el acuerdo en materia presupuestal. Desde una perspectiva que valore la gobernabilidad, esto es relevante toda vez que en nuestro régimen constitucional no se han previsto salidas temporales, parciales o emergentes en la hipótesis de la no aprobación del presupuesto. El no contar con una previsión constitucional en este sentido presenta la hipótesis de que la cerrazón de la oposición impida aprobar cualquier presupuesto enviado por el Ejecutivo y, en consecuencia, una virtual parálisis que podría devenir en inestabilidd política e ingobernabilidad.

La oposición plantea como solución al dilema señalado que en todo caso sería el gobierno federal el que tendría que modificar su posición para llegar a una postura intermedia. El problema es que el Ejecutivo también cuenta con un mandato democrático que le fue dado por seis años en julio de 1994 para desarrollar ciertos programas públicos y orientación de política que requieren presupuesto para operar. Además, la estrategia económica que ha venido desarrollando el Ejecutivo y que está vinculada con un determinado gasto gubernamental no sólo ha podido superar la crisis heredada, sino que existen expectativas fundadas de un crecimiento sostenido, duradero y con capacidad para generar beneficios a la sociedad en su conjunto.

Contrario a las perspectivas y pronósticos de las oposiciones, el país se encamina hacia tasas de crecimiento históricas respecto de las últimas décadas. Por otra parte, el cambio estructural en la economía aleja del horizonte las recurrentes crisis sexenales y posibilita un desarrollo sostenido mediante el

fortalecimiento del ahorro interno, flujos importantes de capital externo en forma de inversión directa, una planta productiva competitiva y una relación comercial con el exterior que genera inercias hacia la estabilidad económica.

Las oposiciones son rehenes de su demagógica descalificación de la política económica. Por ello, desde la perspectiva del PRI, preocupa que ante la ausencia de mayoría priísta las oposiciones cuenten con un poderoso instrumento (aunque en lo individual no sean mayoría) para interrumpir el proceso de reforma económica, bien sea por diferir de la política gubernamental o por un cálculo político perverso de que las dificultades del gobierno mejoran las posibilidades de triunfo de la oposición en el año 2000.

Sería absurdo, e inconsistente con su naturaleza de partido, que el PRI concediera el beneficio de la duda a la oposición. La lucha política es, precisamente, una disputa por un proyecto político determinado. Esta postura se reafirma al existir un reiterado antecedente de rechazo de las oposiciones a las propuestas presupuestales del Ejecutivo que, valga reiterar, tienen su origen en el voto favorable que la ciudadanía concedió al PRI en 1994 por seis años.

Recurrir al ejemplo de que en los estados de la República han existido gobiernos divididos como argumento de que esta situación no es de carácter problemático, no aporta argumentos convincentes o contundentes. Problemas los ha habido y la existencia de instancias centrales de gobierno y de partidos ha servido para mediar y para facilitar soluciones. Además, en el nivel federal no existe ninguna instancia política o institucional superior.

Por otra parte, es materia de honestidad política reconocer que la no aprobación del presupuesto federal sí paralizaría la totalidad de la administración pública, con repercusiones claras para el país, y pondría en riesgo la gobernabilidad. Situación análoga se presentaría con la ley de ingresos y con las leyes que deben expedirse para fortalecer y conducir el proceso de cambio.

En función de estos razonamientos, es cuestión de responsabilidad política señalar, definir y destacar los riesgos que entraña una Cámara de Diputados sin mayoría del PRI.

Existe un tercer argumento de naturaleza positiva en función del cual debe valorarse una mayoría priísta. El PRI ha propiciado y alentado el cambio político y la transformación institucional para una democracia más vigorosa. La reforma del Estado es una convocatoria no agotada. Existe una agenda por acometer. Un Congreso con mayoría priísta aseguraría proseguir con dicho proceso en condiciones de inclusión y de responsabilidad política e histórica.

En ese sentido, una mayoría priísta permitiría realizar las modificaciones necesarias para que el país no se enfrente ante callejones sin salida, como la indecisión en la aprobación del presupuesto de egresos ante lo que es natural en el juego democrático: ganar o perder, y la integración plural de los órganos legislativos.