Evalúa Washington interponer una ``apelación de emergencia''

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 17 de junio Ť A 24 horas de su cita con la muerte a manos de las autoridades de Texas, el mexicano Irineo Tristán Montoya espera la decisión, desde Washington, de nueve jueces sobre si aceptan o rechazan la petición legal para ``quedar'' (postergar) la aplicación de la inyección letal que le será aplicada el miércoles. Por otro lado, la noche de este martes, la administración de Bill Clinton evalúa la opción de anteponer una apelación federal de emergencia, lo cual aplazaría la ejecución.

Esta noche, a las 20:30 hora local, la Suprema Corte todavía no había llegado a una decisión sobre la petición, pero por lo pronto la embajada de México presentó este martes otra nota diplomática ante el Departamento de Estado, en la cual solicita ``la urgente intervención'' a efecto de que se detenga la ejecución.

Abogados del Departamento de Estado en esta capital discutían esta noche los temas relacionados con la Convención de Viena con los abogados de la Procuraduría General de Texas, pero un alto funcionario de la administración Clinton informo a La Jornada que toda decisión sobre este asunto tendría que ser tomada en torno a los hechos propios del caso y no sobre la base de notas diplomáticas o las relaciones con México.

Este funcionario señaló que la administración Clinton consideraba la posibilidad de presentar una apelación por separado ante las cortes federales, argumentando a favor de una reconsideración del caso con base a que si Tristán Montoya hubiera sido informado de sus derechos bajo la Convención de Viena, podría haber no sido condenado. Pero agregó que, al parecer, tal apelación es poco probable.

``Es prematuro decir si este es un caso en el cual vamos o no a intervenir mediante el sistema de cortes federales, pero hasta ahora esa decisión no ha sido tomada'', afirmó la misma fuente. El funcionario agregó que los abogados del Departamento de Estado exploran si la Convención de Viena fue violada, así como si un acto de esta naturaleza llevó o no a un resultado diferente en este caso. Los abogados de los departamentos de Estado y de Justicia, informó el funcionario, analizan las memorias de los juicios y fallos para averiguar si existen indicios de algún error en el proceso que amerite la intervención en el sistema de las cortes federales.

``Estamos intentando agotar todas las posibilidades'', explicó un funcionario estadunidense, quien insistió en que existe gran voluntad para explorar los hechos de este caso. Sin embargo, estas fuentes reiteraron que no presentarán una apelación federal sobre la base de una violación de la Convención de Viena si no están convencidos de que el acceso al consulado mexicano hubiera cambiado el veredicto.

En privado, algunos funcionarios estadunidenses también cuestionaron el porqué México presenta estos temas hasta ahora, ya que el cónsul tenía conocimiento del caso desde hace 11 años, cuando fue condenado Tristán Montoya.

La Suprema Corte de Estados Unidos informó a este diario que evalúan actualmente el caso a petición de la abogada de Tristán Montoya, Bonnie Goldstein, quien con base en el habeas corpus busca que la Corte suspenda la ejecución y otorgue una audiencia sobre el hecho de que los derechos del condenado a muerte de obtener asistencia consular le fueron negados.

Pero el estado de Texas, en una respuesta presentada hoy ante la Suprema Corte en Washington, alegó que la solicitud de Tristán Montoya debería ser negada por representar un ``abuso del proceso legal'', dado que las cortes ya han emitido fallos sobre los temas legales en relación con la Convención de Viena que se encuentran en esta apelación. Además, explicó esta noche un vocero del procurador general de Texas, la apelación ante la Suprema Corte no ofrece nuevas evidencias que indiquen la inocencia de Tristán Montoya.

``Esto se trata de si es culpable o inocente, y no sobre si alguien le avisó o no que podía comunicarse con su consulado'', afirmó el funcionario de la oficina del procurador general texano, quien solicitó el anonimato. El estado de Texas, en su argumento legal presentado ante la Corte, también afirma que la Convención de Viena no impone obligaciones sobre las naciones individuales, sino sólo ofrece una guía de procedimientos.

Finalmente, el gobierno estatal argumenta que México no es firmante de la Convención de Viena, aseveración que la embajada de México en Washington consideró ``absolutamente falsa''.

La Suprema Corte puede votar a favor de un aplazamiento con un mínimo de cuatro votos de los nueve jueces. Sin embargo, se requieren cinco votos para otorgar una audiencia sobre el caso. O sea, hay casos en donde la Corte ha aplazado la ejecución, pero al no otorgar una audiencia, aquéllas finalmente se han llevado a cabo. La Suprema Corte sólo puede aceptar casos en donde existe una disputa judicial o si se trata de un asunto de precedente legal.

Según Amnistía Internacional, la Suprema Corte ha otorgado audiencias a sólo una de cada 25 peticiones en casos de pena de muerte. La Suprema Corte puede esperar hasta el último momento para conceder un aplazamiento y/o audiencia en un caso de pena de muerte.

Por cierto, un ejemplo de esta posibilidad fue el caso de la ejecución en enero de Kirt Wainwright, en Arkansas, documentado por AI en su informe anual difundido hoy: ``Kirt Wainwright fue colocado sobre la camilla y sujetado, con la jeringa insertada en su brazo; la Suprema Corte de Estados Unidos decidió examinar una apelación de último minuto presentada por su abogado. Durante los siguientes 40 minutos Wainwright permaneció sobre la camilla, plenamente consciente, con la jeringa en su brazo hasta que la Corte decidió que la apelación estaba sin mérito y permitió la continuación de la ejecución''.

Según Mark Warren, de AI, el problema central en este caso es la interpretación de la aplicación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que establece el derecho de un extranjero detenido de tener acceso a sus autoridades consulares. En Estados Unidos, la cláusula de supremacía en la Constitución establece que todo tratado internacional forma parte de las leyes nacionales del país. El problema, dice Warren, es que las obligaciones de este tratado se conocen a nivel federal, pero todavía no hay procedimientos para incorporarlas por las autoridades estatales y locales.