Los derechos de los campesinos y trabajadores fue un tema inédito en el Congreso Constituyente de 1916-17. Hasta entonces ninguna Constitución había reconocido derechos colectivos. La tradición constitucionalista decimonónica reconoció sólo derechos individuales. Por eso las voces opositoras a la aprobación de los derechos agrarios y laborales en la Constitución pintaron su raya diciendo que ésta de plano se vería fea, sería como ponerle ``un par de pistolas a un Santo Cristo''.

Las voces enraizadas no en el formalismo jurídico, sino en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de justicia de los pobres lograron a fin de cuentas la aprobación de los artículos 27 y 123. Los profesores de Derecho constitucional se llenan la boca cuando explican en las aulas que dicho reconocimiento hizo de nuestra Constitución el paradigma universal del Estado social de Derecho. Con base en los hechos, en las demandas sociales, la Constitución se actualizó y nos puso de cara al futuro.

El avance no se puede negar; sin embargo, nos encontramos en este fin de siglo ante una realidad que demanda el reconocimiento de nuevos derechos. Ya no se trata de derechos para individuos, ni para grupos de la sociedad económicamente desprotegidos, sino para pueblos con culturas diferentes (entiéndase, para los pueblos indígenas). Ante esto, las voces opositoras --al igual que a principios de siglo-- se encuentran encharcadas en una lectura de los hechos con base en un manual de Derecho constitucional que no contempla dichos derechos. Por eso se dice que reconocer éstos implicaría permitir los sacrificios humanos, crear estadititos, aislar a los indígenas, desintegrar a la nación...

El racismo jurídico de las anteriores afirmaciones es evidente y también paradójico: aquéllos que destacan en las aulas el carácter vanguardista de nuestra Constitución al romper con su molde decimonónico, niegan públicamente el cambio del molde constitucionalista surgido en Querétaro.

Las voces indígenas de fin de siglo reivindican derechos por ser pueblos culturalmente diversos. Ello no significa debilitar el Estado individual y social, sino fortalecerlo con nuevos derechos. El camino hacia un Estado pluricultural, lo saben hasta los que no son poetas, se hace andando, es decir, dialogando. No es una exigencia individual o de grupo, es de la sociedad toda. No hay futuro sin negociación.