Sam Dillon, del NYT, entregará a la PGR documento que implicaría a Carrillo Olea en narcotráfico

Juan Manuel Venegas Ť El documento en que se basa parte del reportaje donde se involucra al gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, con el narcotráfico fue conocido por aquel antes de su publicación. ``Yo mismo se lo mostré y nunca me pidió que no se publicara, aunque consideró lo que se imputaba como una barbaridad. Ese informe es oficial y se entregará a la PGR como prueba'', afirmó ayer Sam Dillon, jefe de la corresponsalía de The New York Times en México.

En improvisada conferencia de prensa, en las escalinatas de la PGR, el periodista estadunidense -demandado tanto por Carrillo Olea como por el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones- informó que acudió a la PGR para presentar ante el Ministerio Público Federal las pruebas documentales del reportaje que hizo junto con Craig Pyes, además de ofrecer el testimonio de diversas personas de su país que pueden dar cuenta de que no se cometió delito alguno con la información publicada.

Después de las pruebas presentadas ayer por el periodista -que lleva como abogado al presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Rafael Heredia-, el siguiente en declarar será Carrillo Olea, quien el 21 de marzo pasado demandó a Dillon y Pyes por los delitos de difamación y calumnia.

La historia comenzó el domingo 23 de febrero de este año, cuando The New York Times publicó en su primera plana el reportaje ``Vínculos con la droga manchan a dos gobernadores mexicanos. La sombra en la frontera. Un reporte especial'', firmado por los periodistas Sam Dillon y Craig Pyes.

Basado en ``documentos confidenciales'' del gobierno de Estados Unidos, declaraciones de ex agentes de la Agencia Antinarcóticos de ese país y testimonios jurados, el reportaje del Times advirtió, en el caso de Carrillo Olea, que éste había dado protección al capo de las drogas Amado Carrillo Fuentes, cuando el ahora gobernador de Morelos ocupó la coordinación del programa contra el narcotráfico de la PGR, durante los primeros años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Presentado como una investigación que llevó cuatro meses, una de las partes que más irritó a los gobernadores mexicanos y que provocó la demanda contra Dillon, asegura lo siguiente: ``Funcionarios y ex funcionarios dicen que la evidencia sobre la participación de (Manlio Fabio) Beltrones era tan detallada y apremiante que el gobierno de Estados Unidos había incluido su nombre en un documento confidencial entregado al equipo de transición del presidente Zedillo, que enlistaba más de una docena de políticos mexicanos de los que se sospechaba que eran corruptos.

``Otro gobernador mexicano, Jorge Carrillo Olea, fue incluido en la lista negra estadunidense, debido a supuestos enredos con importantes narcotraficantes...''.

Más sobre Carrillo Olea: en 1992 -de acuerdo con el diario neoyorquino-, ``era el socio más influyente de Amado Carrillo en el gobierno mexicano. Carrillo Olea estaba a cargo de los radares de detección en México y, al utilizar la información que se le daba, pudo preparar el paso seguro de los aviones de Carrillo Fuentes''.

En la conferencia de prensa que ofreció este viernes, Dillon aseguró que la información ``es verídica, redactada en forma muy objetiva'', y consideró que el ejercicio de su publicación ``es uno de los derechos básicos de un periodista''.

Calificó la querella en su contra como ``un ataque a los derechos de los periodistas'', y destacó que en otros países ``las leyes de difamación han sido abrogadas porque son leyes que no admiten la verdad de una publicación como defensa''.

Dijo que no tiene ningún temor, ya que todas las referencias a los gobernadores ``fueron citas textuales de los documentos que conseguimos''.