``Peligroso'', que la OIT certifique el cumplimiento de convenios: Bonilla
Kyra Núñez, especial para La Jornada, Ginebra, 11 de junio Ť México no infringe convención alguna de la Organización Internacional del Trabajo y es muy cuidadoso en el seguimiento de las convenciones y de los informes de los diversos comités, aseguró hoy, aquí, Javier Bonilla García, secretario del Trabajo y Previsión Social.
Luego de su intervención ante el pleno de la 85 Conferencia Internacional del Trabajo -en donde calificó de ``iniciativa peligrosa'' querer ``certificar'' el cumplimiento de las convenciones- Bonilla dijo a La Jornada que ``México está en desacuerdo con certificaciones o etiquetas de cualquier clase, porque son claramente discriminatorias; además, el hecho de que la OIT quiera aplicarlas, incluso a aquellos países que no han ratificado todas las convenciones, puede ser peligroso porque son los países soberanos los que deciden aceptar las obligaciones internacionales''.
La OIT, en su afán por identificar un mecanismo que le permita afrontar los desafíos de un mundo globalizado que pudieran incidir en la promoción de la justicia social y de la equidad, propuso recientemente que los Estados miembros del organismo acepten la fórmula de una certificación o ``etiqueta social'' que se otorgaría a las naciones que respetan y promueven los derechos laborales.
En su Memoria destinada a la conferencia, Michael Hansenne, director general de la OIT, aboga por dicha cláusula social, aduciendo que ésta podría asegurar que ``la globalización va parejamente con la justicia social''.
En su discurso ante la conferencia, Bonilla García fue contundente en el rechazo mexicano a tal iniciativa: ``Si los miembros suscribiéramos la idea de un mecanismo por el cual la OIT certificara el cumplimiento de convenios -incluso los no ratificados-, así como el avance en pos de la justicia social en cada país, estaríamos soslayando las diversas realidades nacionales. Se negaría la libertad de cada miembro a decidir soberanamente respecto de sus obligaciones, y se cedería el derecho inherente de los propios ciudadanos a juzgar y evaluar el progreso alcanzado en lo interno. Exigir que se cumplan normas que no han sido aprobadas por los órganos competentes de los Estados es, por lo tanto, una iniciativa peligrosa''.
Más aún, ``las labores de inspección propuestas rebasarían las prácticas establecidas por la organización y podrían, incluso, violentar el marco legal de los países miembros.
Hansenne pidió que ``la iniciativa de la etiqueta social sea examinada sin precipitaciones'', lo cual coincide con la posición de México. A juicio de Bonilla García, debe examinarse con mayor objetividad su conveniencia, contenido y procedimientos asociados, para ``evitar el riesgo de que, partiendo de los elevados objetivos laborales y humanos que persigue, pudiera en la práctica traducirse en fuente importante de restricciones al comercio y en el inicio de una época, si no de persecución, sí de confrontación y exclusión, en vez de colaboración para el progreso y cooperación para el desarrollo''.
México -añadió- ha planteado aquí que la propuesta del director general, Michael Hansenne, no es definitiva, sino que debe tomarse como materia de reflexión para un análisis muy serio de lo que se pretende con y para ello. Nuestro país tiene desde 1917 una Constitución que garantiza principios que también se encuentran en las convenciones básicas de la OIT, pero el peso de la responsabilidad recae exclusivamente en el país.
En entrevista, se le recordó al secreatario que los expertos de la OIT afirman que México contraviene, cuando menos, dos convenciones, la de la libertad sindical y la de los pueblos indígenas y tribales, y que las infracciones vienen, incluso, de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, urgen al gobierno a adecuar las legislaciones nacionales con lo estipulado en las convenciones.
-No -respondió el funcionario-, México es muy cuidadoso en el seguimiento de las convenciones y de los informes de los diversos comités de la OIT; tan sólo en 1996 se le presentaron 16 memorias de aplicación. Las demandas y quejas específicas que nos turnan los expertos son tratadas con esmero; tal es el caso de aquella sobre la Convención número 96, respecto de una demanda del Sindicato de Pesca, que motivó un fallo de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que se permita la existencia de más de un sindicato. México no infringe ninguna convención ni derechos de trabajadores; el problema aquí es de interpretación de la jurisprudencia.
-Pero los expertos se refieren al monopolio sindical impuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y por la Constitución.
-No hay quejas ni demandas en ese sentido. De cualquier manera, México se rige por principios procesales y de acuerdo con un sistema jurídico que acepta fallos y resoluciones de tribunales y de la Suprema Corte. Por ahí se debería empezar.