Quizá nunca podremos saber si son legales o no las propiedades del gobernador duranguense. Pero ofenden a nuestro pueblo.

Por el bien de Maximiliano Silerio, de su partido, de su régimen, pero sobre todo de la sociedad, es necesario aclarar el origen de la enorme fortuna acumulada, por quien toda su vida ha sido un activo y destacado miembro del sistema.

Podrá salir airoso o no de esta denuncia periodística, pero el que no saldrá bien librado es el partido oficial. Su caso no es el único. Al contrario, es el hecho común y corriente de los últimos 50 años en el país.

Quienes llegan a los puestos públicos sin fortuna personal, al cabo de un breve lapso emergen con enormes fortunas.

El mandatario de Durango está metido en un conflicto del que parece no tener bien pensada la manera de librarlo. Al preguntársele si era rico respondió que sus propiedades tenían un valor sentimental.

También lo tienen cuantificable en pesos y centavos. Si su ganado requiriera gastar la mitad de lo necesario para el estabulado, el gasto diario para alimentarlo ascendería a la suma de 20 mil pesos, a 600 mil mensuales y a 7 millones 200 mil pesos al año. Lo que ganarían en el mismo tiempo mil trabajadores de salario mínimo.

Sin embargo, el asunto de la riqueza de nuestro gobernador apenas empieza. Con lo anterior no afirmo que sea culpable de los delitos que se le imputan, pero las instalaciones del rancho Las Aguilas rebasan los alcances de quien sólo ha trabajado en la función pública: presidente municipal, diputado local, federal, senador, secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y gobernador. Total, más de 20 años como funcionario público, toda una vida sostenida por el erario.

¿Es culpable de enriquecimiento inexplicable? La cuenta secreta del Presidente de la República y el manejo discrecional de los ``apoyos'' a los gobiernos municipales y estatales, dan para enriquecer a cualquier persona que llegue a ciertos niveles de gobierno. Y sin la obligación de informar a nadie.

¿Será éste el caso de Silerio?

Lo cierto es que está en graves aprietos.

La argumentación de que obtuvo su riqueza por invertir bien en la Bolsa, pasa también por el marco de la sospecha: En aquel crack

bursátil solamente se beneficiaron quienes fueron alertados de los movimientos financieros.

Por donde le busquemos está turbio el asunto. Silerio tendrá que realizar varias cosas para limpiar su imagen. No será con declaraciones de inocencia. Deberá poner al alcance de la ciudadanía todos los documentos que avalen su dicho.

Su caso es una muestra de agotamiento de una forma de gobernar. No podemos seguir así. Las propiedades de quienes asuman cargos públicos deben ser conocidas por la ciudadanía. ¿Por qué la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) debe mantener ocultas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos? La ciudadanía los eligió y es ésta la que debe tener acceso a ellas, y no esperar que una investigación periodística saque a flote lo que parece el escándalo del sexenio en Durango.

Las construcciones cuyas imágenes vimos en la prensa nacional, nos hicieron recordar las casas de López Portillo en la ``Colina del perro'', el ``Partenón'' de Durazo o las ``Mendocinas'' de Raúl Salinas de Gortari. No se vale.