Político-financiera, la meta de reformar el pase automático, dicen 15 consejeros

José Gil Olmos Ť Un grupo de 15 integrantes del Consejo Universitario rechazó, mediante una carta, la decisión de aprobar las reformas al pase reglamentado de la UNAM y las nuevas restricciones de permanencia a los estudiantes tanto en bachillerato como en licenciatura.

Los consejeros aseguran que se afectará principalmente al sector estudiantil de escasos recursos económicos y con conflictos sociales, y advierten que la UNAM ``se está convirtiendo en una institución elitista y ajena a la realidad social''.

Los consejeros de siete escuelas y facultades que no ingresaron a la sesión celebrada este lunes en la Coordinación de Humanidades señalan en el documento que las restricciones al pase reglamentado y la modificación del artículo 19 del Reglamento General de Inscripciones, al establecer los límites de permanencia en la UNAM, ``tienen fines políticos y financieros'', antes que académicos.

Señalan que los nuevos criterios del pase reglamentado son ``filtros'' para los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades, y al establecer el 7 de promedio en un máximo de cuatro años para ingresar a la licenciatura ``la universidad estará reprobando a los estudiantes que ella misma considera que poseen los conocimientos suficientes para tener acceso al ciclo escolar siguiente''.

Rechazan el argumento de las autoridades universitarias de que ``los fósiles ocupan un espacio que otros estudiantes merecen'', porque ``los alumnos que se encuentran en la situación prevista en el artículo 19 del Reglamento General de Inscripciones no tienen derecho a grupo, de forma que no ocupan lugar alguno''.

Según los consejeros académicos y estudiantiles, el Plan Barnés es la conclusión de un proyecto que se inició hace una década, con los rectores Jorge Carpizo y José Sarukhán, encaminado a ``elitizar, aumentar cobros, desarticular a la UNAM y hacerla autofinanciable, es decir, rentable para el gobierno, reduciendo el gasto público y, obviamente, desaparecer la universidad pública''.

Sostienen que la Rectoría no se ha preocupado por investigar los problemas económicos, sociales y personales de los estudiantes y por los cuales tienen la necesidad de alargar su estancia en las aulas.

Además, afirman que para responder a la necesidad de un mejoramiento en la eficiencia terminal de los estudiantes se deben ubicar primero los rezagos sociales que vive el país, dar mayores apoyos a los estudiantes, exigir más recursos para elevar el salario y la formación de los académicos, así como mejorar las condiciones de estudio en los planteles y diseñar planes y programas con visión prospectiva y pedagógicamente adecuada.

Entrevistada por separado, María Esther Navarro, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, anunció que esperan enviar una carta a los demás consejeros para manifestar su rechazo a las medidas aprobadas por el máximo órgano de gobierno de la UNAM el lunes pasado.