Prevé la oposición pugnas con el Trife y las juntas locales

Jesús Aranda Ť El PRD y el PAN ven con ``preocupación'' el desarrollo de los comicios del próximo 6 de julio y ubican a las juntas estatales y distritales como las probables ``fuentes de conflictos''. Aunado a lo anterior, el primer partido no tiene confianza en la imparcialidad y la objetividad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), ya que este cuerpo colegiado ha demostrado en la práctica su proclividad ``al partido oficial y al gobierno''.

En entrevistas por separado, los diputados federales Leonel Godoy y Juan Antonio García Villa, representantes de PRD y PAN ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), destacaron la necesidad de que la imparcialidad, independencia, legalidad y transparencia con que han actuado los consejeros electorales ``permee'' a los otros órganos responsables del proceso a fin de garantizar el respeto del voto ciudadano.

Ambos reconocieron la complejidad de la ley general del sistema de medios de impugnación y la falta de abogados especialistas en derecho electoral, pero aseguraron que sus respectivos partidos están en condiciones de atacar jurídicamente cualquier irregularidad que se presente antes, durante y después de la jornada del 6 de julio.

Para ello, Godoy y García Villa, encargados en sus respectivos partidos de diseñar la política de defensa del voto, anunciaron que se pondrán en marcha programas de defensa de la legalidad a través de una red de abogados que abarcará no sólo lo relacionado con la Sala Superior del Trife sino con las sedes de las cinco salas regionales del tribunal y, ``cuando menos'', las 31 capitales de los estados y el Distrito Federal.

Leonel Godoy cuestionó que el hecho de que el Trife haya rechazado 38 de 89 asuntos que ha recibido, se deba a que al carecer los partidos de especialistas en la materia sus impugnaciones estén mal integradas y, por ende, sean improcedentes.

``Es cierto que faltan abogados especializados en materia electoral, pero entre ellos incluyo a los propios magistrados del tribunal, todos sabemos que son improvisados, que antes pertenecieron al Poder Judicial Federal y que son producto de una decisión arbitraria de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación'', señala.

Afirmó que el Trife es un órgano conservador que ve el derecho electoral como una rama del derecho privado y no del derecho público, además de que lleva a cabo una aplicación restrictiva y no extensiva del derecho electoral.

``Nos preocupa bastante y estoy seguro que a los otros partidos de oposición también les preocupa este posicionamiento conservador y oficialista que ha asumido el Tribunal'', ya que la última palabra sobre las elecciones del 6 de julio estará en sus manos.

A unos días de que el Trife resuelva la inconformidad del PRI y otros dos partidos en contra de las multas que les impuso el Consejo General del IFE, Godoy advirtió: ``Si no corrigen (los magistrados electorales) en los próximos días este alineamiento con el gobierno y con el PRI, pondrán en entredicho la imparcialidad e independencia que debe caracterizar a éste órgano''.

El legislador perredista puso énfasis en la integración de las juntas locales y distritales y afirmó que gran parte de los funcionarios que las integran no reúnen los requisitos de imparcialidad, objetividad, independencia y legalidad que marca la ley.

Recordó que a pesar de que el PRD objetó ante el Trife los nombramientos de 23 vocales ejecutivos, éste rechazó las quejas por considerar que su partido no acreditó ``pruebas evidentes''. Sin embargo, acotó, ``ello no ocurrió por desconocimiento del derecho electoral sino por la ausencia de hechos probatorios, que es distinto a ser ignorante del derecho electoral''.

El PRD, agregó, quería dejar precedente de su inconformidad por el hecho que de 300 vocales ejecutivos distritales quedaran 270, y de los 32 vocales ejecutivos locales se mantuvieran 23, ``lo que demuestra que la mayoría de los presidentes locales y distritales pertenecen a esa vieja estructura y que simplemente por la necesidad del cambio deberían haber salido para darle mayor confiabilidad a la elección''.

Por su parte, García Villa explicó que la ley electoral ha sido históricamente muy complicada por dos cuestiones fundamentales: ``por un lado, para dificultar a los partidos de oposición acogerse a los medios de defensa, y por el otro, evitar que éstos multiplicaran recursos de impugnación con el propósito de una promoción o defensa a ultranza sólo para deslegitimar el proceso electoral''.

Sin embargo, confía en que se dé una evolución hacia el cumplimiento estricto de los principios constitucionales que deben regir los procesos electorales, como son la legalidad e imparcialidad, de manera que estos principios rectores se conviertan en una realidad.

``Como la que ya empezamos a ver claramente en el ámbito del Consejo General del IFE, que vaya permeando en la línea de los órganos de dirección'', es decir, en los consejos locales y distritales. En esa medida deberá evolucionar el propio sistema de medios de impugnación --cuya ley tiene 108 artículos, siendo que, por ejemplo, la ley uruguaya dedica a ese aspecto unos cuantos preceptos.

La aspiración, concluyó, debería ser que el sistema electoral fuera más transparente, imparcial, objetivo y legal para evitar que se tenga que acudir de manera sistemática a la interposición de recursos.