Luego de los enfrentamientos del sábado 24 y del martes 27 de mayo entre el Ejército Mexicano y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), se revivió en Guerrero un debate que viene desde la irrupción del grupo armado el 28 de junio de 1996 en el vado de Aguas Blancas, a un año de la matanza de 17 campesinos por policías del estado.

Se trata de una suerte de tensión entre las preocupaciones de los guerrerenses y las prioridades de la Federación. Así, mientras que desde la óptica nuestra se tiende a poner el énfasis en la necesidad de la paz y del diálogo, desde la óptica de la ciudad de México se asume una postura más de persecución y de represión del grupo armado.

Estas posiciones atraviesan a todos los actores, incluidos los partidos de oposición y los analistas políticos. Desde las vísperas de las elecciones locales del 6 de octubre pasado, mucho se discutió sobre la guerrilla y la militarización. Incluso hubo una declaración pública del Consejo Estatal Electoral de condena a la violencia, pero al mismo tiempo de prevención de una salida autoritaria al conflicto. Se llamaba al Ejército Popular Revolucionario a que decretase una tregua, y después la misma instancia acordó con el gobierno estatal y los ayuntamientos que éstos un mes antes interrumpieran la celebración de actos públicos de entrega de recursos e inauguración de obras. Simultáneamente, el Ejército Mexicano se unió a esta tendencia y redujo al mínimo sus operaciones en el estado a cuyas regiones serrana y montañosa tropas suyas habían llegado en cantidades no vistas antes.

Al final, pese a los augurios y los conflictivos antecedentes en este campo, hubo un proceso electoral sin grandes impugnaciones, sin violencia y del que surgió un nuevo mapa político en el estado de Guerrero.

El siguiente momento de tensión vino antes del término de la tregua unilateral decretada por el EPR, que vencía el 27 de octubre de aquel año. Entonces, el gobernador Angel Aguirre Rivero dijo que estaba ``en la mejor disposición de sentarse a dialogar con los miembros del EPR'' y que consideraba la tregua de éste como la ``antesala de una negociación''. Pero el mismo miércoles 16 de aquel mes en que Aguirre dijo: ``Está mi palabra empeñada y mi mano abierta para dialogar'', el comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, el general Miguel Elías Leyva García, declaró que ``no existe ninguna tregua'', que es ``una cuestión que apareció en los diarios'', y a pregunta sobre la oferta de Aguirre, contestó: ``Eso es un aspecto político, no militar''. (El Sur, 21/X/96.)

Para cerrar el círculo, el jueves 17 el entonces subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Natividad González Parás, dijo que la única relación que sostendría el gobierno federal con los eperristas será ``en el marco de la procuración de justicia'' porque ``siempre hemos mostrado nuestro rechazo a las acciones subversivas y terroristas del EPR''.

Y aunque Aguirre dijo al día siguiente que él era el ``responsable político de la entidad'' y como gobernador él es ``quien manda'', lo cierto es que desde entonces no ha vuelto a hablar de diálogo.

Este hecho fue recordado por los representantes de los partidos Acción Nacional y el Cardenista en el informe de gobierno de Aguirre el pasado 16 de abril. El panista Enrique Caballero Peraza de plano responsabilizó a la federación de oponerse al diálogo y le reprochó: ``como la violencia es acá y no en la capital del país, como son nuestras familias las que peligran...''.

Pero ahora los llamados a la paz, a una mesa de diálogo, a un entendimiento forman una avalancha en Guerrero como se expresa en las declaraciones públicas de obispos de la Iglesia católica local, del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Congreso local y de su coordinador, de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) en el estado y de nuevo del Consejo Estatal Electoral con el apoyo aquí del representante del Partido Revolucionario Institucional, para no hablar de los partidos de oposición. Finalmente, el miércoles pasado el gobernador se reunió con los dirigentes de todos los partidos políticos en Guerrero y allí, con expresiones que iban de la preocupación a la condena, todos los presentes se refirieron a las acciones del Ejército Mexicano en la sierra y en La Montaña.

Y es que en la ciudad de México debieran entendernos. Acá no queremos ningún desaparecido más, ningún torturado más, ningún inocente detenido más. La guerra sucia de los 70 sólo

sirvió para soslayar problemas que tienen su raíz en la pobreza de los guerrerenses y en la prevalencia de relaciones políticas caciquiles. Y ahora, uno espera del centro soluciones que apuntalen un futuro de oportunidades para todos, de igualdad ante la ley y de respeto al voto, y no respuestas que miran al pasado y que han demostrado su ineficacia.