EN SACO ROTO, RECOMENDACIONES DE ONG SOBRE TRATO A MIGRANTES

Claudia Herrera Beltrán Ť Más de 40 organismos no gubernamentales, agrupados en la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, enviaron ayer una carta a la Unión Europea (UE) pidiendo que presione al gobierno mexicano para que tome medidas que ``remedien el incremento de violaciones de estos derechos''.

Las ONG aprovecharon que hoy comienzan las pláticas sobre el acuerdo de cooperación entre México y la Unión Europea, para exhortar a los países miembros a que tomen en cuenta en sus negociaciones la situación de los derechos humanos en el país.

En la misiva dirigida a Manuel Marín González, vicepresidente de la Comisión Europea --órgano colegiado de la UE-- y a miembros del Parlamento Europeo, las organizaciones dijeron que una muestra de que en México no se respetan los derechos humanos es que se bloqueó la entrega de fondos de la UE para la observación electoral y se expulsó recientemente a observadores internacionales.

La red se mostró a favor de que ``un punto principal en los convenios entre la Unión Europea y otros países sea el compromiso de respeto a los derechos humanos'', y que esto pueda servir para hacer un llamado de atención a México.

Propusieron a la UE que insista ante las autoridades mexicanas sobre la importancia del respeto a los derechos humanos, el papel de la sociedad civil en el proceso de democratización de México y promueva la elaboración de programas de asistencia técnica para introducir reformas en la policía y el Poder Judicial.

A los parlamentarios europeos les pidieron que resalten su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en México y exijan que el país elabore informes anuales sobre este tema. Señalaron que es urgente que en México se realicen reformas para la creación de un sistema judicial independiente, se formen cuerpos policiacos profesionales que operen sin impunidad, se remueva a los militares de las tareas civiles, se cumplan los acuerdos de San Andrés y se ratifiquen los instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Claudia Herrera Beltrán Ť En 1996 México compartió con Colombia el segundo lugar entre los países que recibieron más peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que tomara medidas cautelares a favor de víctimas de violaciones a los derechos humanos, cuyas vidas se encuentran amenazadas, indica el informe anual de esa instancia dependiente de la OEA.

El documento fue presentado en la 27 sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos --realizada la semana pasada en Lima-- en la que también se acordó incluir a los organismos no gubernamentales en las discusiones sobre posibles cambios en el seno de la CIDH y, con ello, prácticamente se desestimó la propuesta del gobierno mexicano de hacer a un lado a las ONG de este proceso.

Según el informe, entre enero de 1995 y julio de 1996, la CIDH pidió a México que en cinco casos aplicara medidas cautelares para proteger la vida de personas amenazadas de muerte. Colombia recibió el mismo número de peticiones, mientras que Guatemala se ubicó en el primer sitio con ocho solicitudes de este tipo, del total de 30 que envió el organismo a ocho países.

La comisión solicitó medidas cautelares para evitar daños irreparables contra Virginia Galeana, testigo de la matanza de Aguas Blancas, y para David Fernández y otros defensores de derechos humanos que fueron amenazados de muerte.

Asimismo, dictó medidas para proteger a miembros de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo, hostigados por participar en un conflicto de posesión de tierras; para Gabriela Zavaleta, otra integrante de un grupo de defensores de derechos humanos amenazada de muerte en una cárcel del estado de México, así como a miembros de la Organización de Pueblos y Colonias, quienes habían sido víctimas de secuestro y tortura por su presunta vinculación con el EPR.

En tanto, Martha Recasens, una de las dos representantes de organismos no gubernamentales que estuvieron presentes en la Asamblea General de la OEA, informó ayer que las discusiones para modificar la CIDH fueron favorables para las ONG, ya que el organismo hemisférico acordó incluirlas en un diálogo que se iniciará para fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.

Mostró el acuerdo de la asamblea en el que además se manifiesta por someter a evaluación a las instancias que protegen los derechos humanos del continente y después, a partir de ese diagnóstico, proponer los cambios.

Recasens, miembro de la Comisión Mexicana de Protección a los Derechos Humanos, consideró que la inclusión de las ONG en las discusiones fue un logro de las organizaciones internacionales y del continente que cabildearon con los gobiernos y se pronunciaron en contra de modificaciones que restringieran el acceso de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la CIDH.

Señaló que la resolución de la OEA no significa que se haya rechazado la postura del gobierno mexicano en el sentido de prohibir a las ONG internacionales y obligar a las nacionales a que se coordinen con la comisiones gubernamentales de derechos humanos para presentar casos ante la CIDH. ``Apenas es el principio de las discusiones. Se prevé que en 1998 se trate con mayor amplitud este tema y será cuando los organismos defensores de derechos humanos deberán demostrar que han realizado acciones concertadas''.