El gobernador de Texas rehusó interceder en favor de Tristán

David Aponte y Elizabeth Velasco Ť El mexicano Irineo Tristán Montoya ha visitado en tres ocasiones la antesala de la muerte, Las Paredes, el sitio donde son ejecutados los presos de Huntsville, Texas.

Antes del próximo 18 de junio --fecha prevista para la aplicación de la inyección letal--, será enviado una vez más a The Walls para cumplir su sentencia, ahora sin recursos legales a su alcance, según la defensa.

El gobernador de Texas, George W. Bush, rechazó por su parte intervenir a favor de la vida del mexicano, y dijo que este caso ``será tratado conforme a derecho; pero nos aseguraremos de que haya recibido juicios justos y todas las apelaciones a que tiene derecho''.

En tres ocasiones los abogados han logrado aplazar la ejecución con diversos recursos legales, como el habeas corpus en la Corte Estatal de Apelaciones Criminales de Austin. La última suspensión ocurrió el 19 de marzo de 1996, horas antes de la ejecución.

Tristán Montoya, originario de Tampico, Tamaulipas, fue sentenciado en primera instancia en junio de 1986 acusado del robo y homicidio de John E. Kilheffer, ocurrido el 17 de noviembre de 1985.

Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el sistema judicial texano violó las garantías constitucionales del mexicano: el juez de primera instancia presionó indebidamente a los miembros del jurado para que emitieran un veredicto de pena capital y permitió la imputación de otros delitos. ``Tristán no estaba acusado de asociación delictuosa o conspiración. Posteriormente ese delito es mencionado'', expone.

El conacional, preso en la cárcel de máxima seguridad Ellis I de Hunstville, no contó con un traductor en el juicio, y las autoridades policiacas no dieron aviso a la red consular mexicana, lo que viola la Convención de Viena en la materia, agrega el reporte.

Después del juicio, el juzgado de primera instancia fijó el 6 de agosto de 1992 como fecha para la aplicación de la inyección letal. Tristán Montoya fue trasladado a Las Paredes, ubicada en el poblado de Hunstville, a 120 kilómetros al norte de Houston.

La corte de distrito 138 del condado de Cameron aplazó la ejecución para el 17 de septiembre del mismo año. A las 17:55 horas del 16 de septiembre el juez federal en el distrito sur de Texas, Filemón B. Vela, suspendió la aplicación de la pena de muerte.

Los viajes del conacional a la antesala de la muerte continuaron. Los fiscales lograron que el sistema judicial programara una nueva fecha: el miércoles 20 de marzo de 1996. La Corte Estatal de Apelaciones Criminales suspendió la ejecución. No obstante, los jueces texanos programaron el 18 de junio de 1997 para la aplicación de la inyección letal.

Ahora sólo resta que la Junta de Perdones del estado de Texas ofrezca una respuesta positiva a la solicitud de clemencia formulada por el Ejecutivo mexicano a través de la SRE.

Piden a Zedillo que intervenga

Senadores, diputados federales, representantes y dirigentes de partidos políticos solicitaron la intervención del presidente Ernesto Zedillo ante el gobierno de Estados Unidos para que se suspenda de manera definitiva la ejecución de los mexicanos Irineo Tristán Montoya, Ramón Martínez Villarreal y Javier Suárez Medina.

En una misiva enviada al mandatario, afirman que los procesados han sido injustamente sentenciados a la pena capital, ya que de acuerdo con denuncias públicas de sus abogados, se han cometido diversas irregularidades en el proceso judicial que se les sigue. En el caso de Tristán Montoya, mencionan que fue objeto de engaño por la Corte de Brownsville, Texas, que bajo el argumento de deportarlo a México le hizo firmar una declaración de culpabilidad en inglés, idioma que desconoce el procesado.

Advierten que hay evidencias que muestran que otro sujeto es responsable de la muerte de John Kilheffer, y también existe una carta escrita de puño y letra por Juan Villavicencio, donde se aprecia su participación directa en el crimen.

La sentencia, precisan, viola la Convención de Viena, en las relaciones consulares de 1963, que le otorga al mexicano el derecho de comunicarse al consulado del país de origen antes de ser interrogado y firmar alguna declaración.

A propósito de la declaración que obligaron a firmar a Irineo, se distribuyó un escrito firmado por él durante la tercera Reunión de Signatarios del Pacto de Californias celebrada en San Lázaro, en la que el tamaulipeco, de 28 años de edad, narra la forma como fue acusado, detenido, procesado y sentenciado a la pena capital en forma irregular.

En el caso de Javier Suárez Medina, acusado de asesinar a un policía, los legisladores afirman que sólo trató de defender su vida, lo cual es un derecho constitucional, y respecto de Ramón Martínez, manifestan que es una víctima más del racismo de Estados Unidos y, por lo tanto, tiene derecho a ser representado por el gobierno mexicano.

La misiva fue firmada por los legisladores Carlos Reta, José Luis González Aguilera y Oscar Alexander, del PRI; Carlota Botey y Rafael Jacobo García, del PRD; Fernando Rivadeneyra Rivas y Zenen Xochihua Valdez, del PAN, y Luis Sánchez Aguilar del PSD.