En el nuevo acto de la ópera chiapaneca, el coro oficial ya comenzó a entonar a todo pulmón la nueva consigna: en Chiapas hay condiciones para la realización de los comicios federales del 6 de julio. ¿Será cierto?

Para responder hace falta distinguir en el conjunto del estado los distritos electorales que forman parte de los Altos, la selva y el norte, y comprender que los comicios no consisten solamente en depositar un voto, sino que son un proceso que comienza antes y se prolonga después del 6 de julio.

Cuatro hechos comparten los comicios en todo el estado. Primero, la existencia de un padrón poco confiable, base para que en 1944 se efectuara un fraude de proporciones mayúsculas. Sin embargo, en Chiapas no sólo el padrón no es confiable, sino tampoco el censo sobre población y vivienda elaborado por el INEGI, al punto que en 1995 tuvo que levantarse nuevamente. El nuevo conteo no pudo incorporar la información de más de diez municipios donde el conflicto es mayor. Así las cosas ¿será posible que no se tengan

cifras oficiales sobre población y vivienda pero se cuente con un padrón electoral ``fidedigno''?

Segundo, el aparato técnico para organizar elecciones está en manos del mismo personal que operó los fraudes electorales de 1991 y 1994. En ese último año se cometieron anomalías en mil 720 casillas de las 2 mil 760 instaladas. El vocal ejecutivo del IFE, Mario Villegas, fue subsecretario de Organización del comité directivo estatal del PRI de 1985 a 1987, subdirector de recursos materiales y patrimonio estatal en 1988, secretario técnico de la Junta Local del IFE desde 1991 hasta 1996. Su chofer es pagado por el gobierno.

Tercero, se utilizan recursos públicos para apuntalar a los candidatos del PRI. En Ocosingo, la Coalición de Organizaciones Autónomas denunció que el 6 de junio el gobernador Ruiz Ferro hizo proselitismo a favor del partido oficial. Finalmente, según un monitoreo de Alianza Cívica, los medios de comunicación favorecen al PRI.

No obstante, la mayor cantidad de irregularidades en el proceso electoral se concentran en las regiones Altos, selva y norte. Allí se conjuga la decisión de los caciques de Chamula y Mitontic de impedir a los partidos de oposición hacer proselitismo (Chamula es priísta, dicen), una amplia militarización y la amenaza creciente de acciones ofensivas por parte del Ejército (acompañada de la instalación de nuevos campamentos), la acción de grupos paramilitares vinculados al PRI, como Paz y Justicia, que impiden el libre tránsito en la zona, las dificultades para instalar casillas en más de las 21 reconocidas oficialmente y el temor de los opositores a las re-

presalias.

El conflicto en Chamula no es nuevo, y más que no permitir que se realicen elecciones amenazan con impedir que las casillas se instalen, buscando forzar una negociación con el gobierno del estado. Así lo hicieron en 1994 cuando, a cuatro días de los comicios, el gobierno se comprometió a no ejecutar más de 50 órdenes de aprehensión pendientes, a cambio de instalar casillas. Finalmente, los caciques cruzaron casi 14 mil 493 papeletas a favor del PRI. Aunque las casillas se instalen ¿puede hablarse de elecciones justas en ese municipio cuando los partidos de oposición no han podido hacer campaña electoral?

Cuando en 1994 miles de indígenas de estas regiones se volcaron a votar por Amado Avendaño y le otorgaron el triunfo en muchos municipios, fueron víctimas en los meses posteriores de

todo tipo de represalias gubernamentales: desde la cancelación de obra pública en sus comunidades hasta la militarización. ¿Quién garantiza que no volverá a suceder?

La situación es aún más grave en la zona norte, donde Paz y Justicia ha establecido el reino del terror. Al controlar los caminos y gozar de impunidad, el grupo paramilitar ha impedido la

realización de las campañas electorales en aquella región. Durante diez días de mayo, los profesores de la región pararon actividades exigiendo frenar la agresión del grupo en su contra. El 28 de mayo, en Masojá-Shujá, fue asesinado Macario García, que había regresado a la comunidad después de haber sido expulsado al negarse a militar en Paz y Justicia. ¿Quién se responsabilizará de la seguridad de los opositores cuando las elecciones hayan pasado?

¿Por quién votarán los miles de soldados estacionados en esas regiones? ¿Su presencia en la región es garantía de imparcialidad cuando ellos son parte del problema? ¿No son acaso un factor de intimidación a la población? ¿Van a decidir ellos quién representa a los indígenas? Poner la papelería electoral en manos del Ejército o de la Seguridad Pública -responsable de algunas de las más salvajes represiones en los últimos meses- ¿puede verse como parte de un ejercicio democrático?

El IFE tendrá que tomar una difícil decisión. Avalar un proceso electoral con tantas anomalías, como el de algunos distritos chiapanecos, no parece el mejor camino para fortalecer su papel en la organización de comicios justos y libres. En Chiapas no hay democracia, sino una ficción democrática. Las elecciones en esos distritos no ayudarán a conquistarla.