Informaciones presentadas en el Foro Internacional en Defensa de los Derechos Plenos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, que se realizó la semana pasada en la Universidad Obrera de esta capital, así como datos procedentes de Estados Unidos, conforman un preocupante panorama sobre la situación de indefensión en que se encuentran los trabajadores mexicanos en el país vecino, las vejaciones, maltratos y agresiones de que son víctimas, las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos por parte de las autoridades policiacas y judiciales estadunidenses y la marginación en la que viven.

Nuestros conacionales conforman, del otro lado del río Bravo, un sector poblacional de gran importancia para la economía y la cultura estadunidenses, pero al cual se niega el acceso a la educación y a los servicios de salud; que carece de posibilidades reales de ejercer sus derechos ante un sistema judicial discriminatorio y predispuesto a la fabricación de culpables y chivos expiatorios preferentemente entre los no anglosajones, y que es sujeto de sospecha y de persecución policiaca desde el momento en que cruza la frontera común.

De estas condiciones deriva, para los mexicanos en Estados Unidos, un abanico de riesgos que va desde el contagio de sida -posibilitado en buena medida por la falta de programas de prevención y salud dirigidos a ellos- hasta los procesos penales irregulares que culminan incluso en sentencias a muerte, pasando por las golpizas y las detenciones ilegales por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), los accidentes carreteros a que los expone la persecución y los falleci- mientos por hambre, deshidratación o asfixia en lugares desiertos o en vagones de ferrocarril.

La indefensión legal de los connacionales en el país vecino ha quedado de manifiesto en los casos de Ricardo Aldape Guerra, recientemente absuelto y repatriado después de más de una década de procesos judiciales desvirtuados, durante la cual estuvo en varias ocasiones a punto de ser ejecutado, y de Irineo Tristán Montoya, quien enfrenta la inminencia de que le sea aplicada la inyección letal a consecuencia de un juicio que, desde su inicio, estuvo plagado de irregularidades.

Las alarmantes condiciones a que se ha hecho referencia obedecen en primer lugar, sin duda, a factores internos, sociales, políticos y económicos de Estados Unidos: a la xenofobia creciente de la sociedad han de añadirse los manejos demagójicos de políticos locales que buscan atribuir a los inmigrantes la responsabilidad por todos los males de su país, así como la determinación de la clase gobernante estadunidense de utilizar el estatuto de los mexicanos como instrumento de presión contra México, y el interés de Washington de mantener el control sobre la mano de obra migratoria como una válvula que le permite regular la oferta de mano de obra, principalmente en el sector agrícola.

Paralelamente, es necesario admitir que ni la sociedad ni el gobierno de nuestro país han hecho todo lo necesario para defender a estos connacionales que viven en permanente riesgo, bajo acoso constante y en condiciones de indefensión inaceptables; que es tiempo de que el país en su conjunto se involucre en el asunto de manera más activa y comprometida, y que todos y cada uno de los mexicanos estamos en deuda con nuestros compatriotas que trabajan y padecen del otro lado de la frontera y quienes, a pesar de su situación desesperada, contribuyen en forma sustancial a las economías de los dos países y a la comunicación entre ambos pueblos.