La Jornada 10 de junio de 1997

La carta del regente, especie de inducción al voto, dice el consejero

El regente Oscar Espinosa Villarreal está usurpando facultades legales que no le corresponden y que son de competencia exclusiva de las instituciones electorales, advirtió ayer Jaime Cárdenas, consejero electoral del Instituto Federal Electoral.

En alusión a la misiva que en papel membretado del Departamento del Distrito Federal ha puesto a circular el regente para invitar a la ciudadanía a votar y a ``evaluar los avances obtenidos y las dificultades que persisten'' en la capital del país, Cárdenas expuso que puede entenderse como ``una especie de inducción al voto'', aun cuando no pide directamente un voto a favor del partido oficial.

La iniciativa de Espinosa Villarreal, dijo, podría ser sancionada por que utiliza recursos del erario federal, pues se trata de una carta con el membrete del Departamento del Distrito Federal, y en caso de que la ciudadanía, los partidos políticos o legisladores presentarán la denuncia correspondiente.

Cárdenas aseguró que no es competencia legal del regente invitar a la ciudadanía a que acuda a las urnas, ya que todos los asuntos electorales son competencia exclusiva del IFE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación y del fiscal para delitos electorales.

Si se presentará la denuncia correspondiente, precisó que tendría que ``evaluarse si se trata o no de un delito electoral y si procede, en su caso, un juicio político.

``El caso de Espinosa es muy elegante, ya que la invitación a votar por su partido no se hace de manera directa. Sin embargo, pueden darse situaciones de que se haga una invitación directa o se comprometa a un servidor público a votar o a hacer campaña política a favor de un partido, o que se comiencen a regalar borregos'', dijo en alusión a la denuncia del líder nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

El consejero electoral del Instituto Federal Electoral indicó que la ciudadanía y los medios de comunicación deben estar muy atentos, ya que no se descarta que a menos de 26 días de las elecciones se cometan acciones similares por parte de gobernantes, principalmente de la provincia.

Es probable que este tipo de acciones y otras en que se trate de comprar el voto o inducirlo sean cometidas no sólo por gobernantes, sino también por caciques, militantes de un partido político o simpatizantes que no han entendido que la situación política ha cambiado en el país, anotó.

Dijo que cualquiera que cometa delito electoral (acción u omisión que afecte el derecho al sufragio o la organización de las elecciones) podrá ser sancionada con 10 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, según el título 24 del Código Penal.