DF: qué ciudad recibirá el ganador

Escaparate nacional por su potencial económico, la capital del país es también la frontera con la miseria. Las cifras de la ciudad son tan contrastantes como la metrópoli misma: una cuarta parte del Producto Nacional Bruto lo aporta el trabajo de los habitantes del Distrito Federal, 5 millones de los cuales, dicen también las cifras oficiales, viven en la pobreza y uno más se encuentra en la extrema pobreza.

Metrópoli de contrastes, en la capital del país coexisten realmente dos ciudades en una misma. La infraestructura instalada supera en todos los rubros al resto de las entidades del país: 99 por ciento tiene luz eléctrica; 97 por ciento de la población tiene servicio de agua, y el 95 tiene drenaje, aseguran las cifras del gobierno en su informe sobre la dotación de servicios. Pero también oficialmente se reporta que tres de las primeras causas de muerte en la capital son originadas por padecimientos asociadas a la pobreza.

La desnutrición, las enfermedades diarreicas o las infecciones respiratorias agudas, vinculadas a la mala calidad de los servicios, refiere un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la realidad social de la capital.

Es la realidad urbana, más allá de las estadísticas. Es la ciudad que el actual regente heredará al primer jefe de gobierno electo en la historia política de la capital del país.

Una ciudad en donde se tendrá que hacer frente a las grandes desigualdades, a la corrupción, a la violencia, a la creciente inseguridad, a los servicios urbanos deficientes y que afectan a grandes zonas, como los 800 mil habitantes que reciben agua de mala calidad.

Drama y miseria

Pero en otros casos las cifras oficiales también dan cuenta del drama de la ciudad. En 1996, 330 miserables murieron en la vía pública. Nadie reclamó sus cadáveres. Solamente entonces la autoridad dio trámite a los indigentes para testificar su defunción con la acotación --en su acta final-- de que su estado era paupérrimo, según refiere en el informe anual sobre indigentes del gobierno de la ciudad.

Es parte de la herencia del nuevo gobierno de una ciudad.

La misma que genera anualmente 600 mil millones de pesos como producto Interno Bruto, según la cuantificación de la riqueza que tiene la Secretaría de Finanzas del Departamento del Distrito Federal (DDF).

Una riqueza no disfrutada por la propia capital: sólo el 6 por ciento de esa masa de recursos los administra el gobierno de la ciudad como presupuesto anual.

Entre las aportaciones a la federación y la concentración de la riqueza urbana, la capital ha visto disminuir aceleradamente desde hace diez años los subsidios para sus habitantes. Hoy sólo el transporte mantiene subsidio financiado por los propios recursos de la capital, aunque se le hereda al nuevo gobierno su desaparición paulatina. Los programas sociales son los que más han resentido las insuficiencias presupuestales del gobierno de la capital. La reducción del subsidio en transporte ante la crisis financiera de los organismos públicos; el virtual retiro del gobierno en la construcción de vivienda de interés social; el abandono del sistema hospitalario capitalino y el incremento en las tarfas de agua, son ejemplos de la nueva realidad financiera de la capital.

El potencial económico con que cuenta la ciudad no ha podido explotarse y en la actualidad la ciudad se ha ido descapitalizando; el sector industrial ha perdido presencia importante, al tiempo que el sector servicios ha cobrado relevancia como uno de los sectores más dinámicas de la ciudad. Los programas para alentar la industria maquiladora no se han consolidado.

Potencial económico, pero el desempleo sigue

No obstante, el potencial económico que tiene la capital, las políticas de empleo no han podido revertir el lugar que ocupa a nivel nacional en materia de desemplo, colocada en el primer lugar desde hace 18 meses.

A las elevadas tasas de desempleo --4.7 por ciento, según el reporte de mayo-- se añade la distribución salarial que expresa la concentración de la riqueza en la capital. El 70 por ciento de la población tiene ingresos inferiores a tres salarios mínimos; 12 por ciento percibe menos de cinco salarios y sólo 4 por ciento recibe más de diez salarios mínimos.

Investigadores universitarios advierten que la concentración de la riqueza tiene expresiones territoriales: la segregación social. A las limitaciones salariales se ha añadido los cambios sustanciales en materia de política de vivienda, en la que prácticamente el gobierno se ha retirado de la construcción, para ser sólo intermediario con la banca privada.

En contraste, durante los últimos años la vivienda y el acceso al suelo se ha regido por el mercado inmobiliario. La población de escasos recursos --señalan algunos análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana-- ha sido expulsada de las áreas centrales a la periferia.

El impacto inmediato de la segregación social es una mayor presión al sistema de transporte en la capital, particularmente en las zonas limítrofes, al incrementar el número y la distancia de los viajes.

La herencia del nuevo gobierno en materia de transporte es el desmantelamiento de la empresa pública de autobuses --Ruta 100-- y la imposibilidad de concretar las conformación de las nuevas empresas privadas que la sustituirían.

Objetivo central de la administración de Oscar Espinosa Villarreal, la transformación del transporte en la ciudad --tanto en el saneamiento financiero de los organismos públicos como la mayor responsabilidad de la empresa privada-- ha fracasado, según advierte la Comisión de Transporte de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que ha cuestionado el incumplimiento de la ley vigente que daba soporte al cambio.

El crecimiento anárquico del transporte concesionado en los últimos 10 años ha generado la pérdida paulatina de su control por parte del gobierno. Actualmente, lejos de ser complementarios, señalan investigadores de la UAM, los distintos modos de transporte compiten entre sí con el consiguiente impacto ambiental.

Punto neurálgico en la problemática de la capital, la seguridad pública es la principal demanda ciudadana. Con militares al mando de la SSP, una legislación que aún preserva como facultad presidencial la designación del jefe de la policía y un programa de capacitación cuya responsabilidad recae en la Secretaría de la Defensa Nacional, el nuevo gobierno prácticamente no tendrá injerencia en la materia.

En la capital del país se registran hoy diariamente 657 delitos, de los cuales, según estimaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 90 por ciento quedan impunes por la ineficacia de las corporaciones policiacas y de procuración de justicia.

Con una creciente violencia y una cada vez mayor presencia del crimen organizado --según advierte la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea de Representantes del DF-- la seguridad pública enfrenta problemas presupuestales, corrupción interna y la mala capacitación de sus elementos.