AI: compromiso de México, respetar a defensores de derechos humanos

Triunfo Elizalde Ť Amnistía Internacional (AI) pide al gobierno de México ``cumplir el compromiso implícito de garantizar el libre ejercicio de los defensores de los derechos humanos a promover y defender dichos derechos en el territorio mexicano'', según lo manifestado por José Angel Gurría, secretario de Relaciones Exteriores, a una delegación de alto nivel de ese organismo en noviembre de 1995.

AI recuerda que en esa ocasión el canciller Gurría afirmó que ``México ya no consideraba la vigilancia de los derechos humanos como una injerencia en sus asuntos internos y que, por lo tanto, había adoptado una política de puertas abiertas para cualquier organización internacional no gubernamental que deseara investigar la situación de los derechos humanos en el país''.

En un comunicado interno, del cual La Jornada tiene copia, AI manifiesta creer que ``es responsabilidad ineludible de los estados garantizar el libre ejercicio del derecho a promover y defender los derechos humanos. Los estados están fundamentalmente obligados a promover y proteger este derecho, a evitar que sea amenazado, restringido o suprimido y a proteger las libertades y la seguridad de los que lo ejercen. Este derecho se extiende a todos los defensores de los derechos humanos en México, independientemente de su país de origen''.

La autoridad ejecuta actos contrarios a lo que expresa públicamente

Lo anterior viene a cuento por la ``expulsión arbitraria'' que en abril de este año hiciera el gobierno mexicano de dos defensores centroamericanos de derechos humanos (Vilma Núñez de Escorcia, nicaragüense, y Benjamín Cuéllar, salvadoreño), ``alegando que su visado no era el adecuado para llevar a cabo labores de vigilancia de los derechos humanos de los mexicanos''.

Núñez de Escorcia y Cuéllar se encontraban en México invitados por varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para investigar sobre violaciones de derechos humanos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Les retiraron el visado luego de que estuvieron en la prisión municipal de Acapulco, donde platicaron con personas víctimas de tortura, acusadas de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Esas disposiciones, asegura AI, ``contradicen el compromiso expresado públicamente por el gobierno mexicano de permitir a los defensores internacionales de los derechos humanos la libertad de acceso a México''.

Relata que en el mismo mes de abril el Instituto Nacional de Migración (INM) le retiró el visado que tenía a Georgia Ante Potter, directora de Programas Internacionales del Unitarian Universalist Service Committe, de Cambridge, Massachussets, por haber visitado en la ciudad de Oaxaca ``a organizaciones locales de derechos humanos''. Dicha humanista fue interrogada de manera intimidatoria y tuvo que salir de México 72 horas después de habersele retirado la visa.

De hecho, AI ha criticado en el pasado al gobierno mexicano por expulsar de forma similar a defensores de derechos humanos extranjeros. Lo hizo, en junio de 1995 con los sacerdotes Rodolfo Izal Erloz, español; Loren Riebe, estadunidense, y Jorge Barón Gutlein, argentino, mismos que fueron detenidos arbitrariamente y expulsados. Los tres, dice AI, ``eran destacados activistas de los derechos humanos en Chiapas''.

Epoca de severas críticas

Llama la atención, asienta AI, que las expulsiones se produzcan ``en un momento en que el historial de derechos humanos de México, por lo que respecta a la prevención y el castigo de la tortura y los malos tratos, ha sido objeto de severas críticas por parte del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas''.

En una acción combinada con los Grupos de la Red Defensora de los Derechos Humanos, AI exhorta a todas las ONG de América Latina y de Europa a enviar al gobierno mexicano peticiones de garantía pública para que ``permita que los extranjeros defensores de derechos humanos realicen en México sus actividades pacíficas libremente y sin temor a persecuciones''.

Recomienda estar pendientes para saber si México, que comenzará pronto negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE), está dispuesto a firmar la ``cláusula democrática'' que ese bloque económico le exige y a la cual México no se opondrá, según ha declarado Gurría.

``Por supuesto --se asegura que declaró Gurría--, México se suma plenamente a la voluntad de la Unión Europea de promover la democracia y los derechos humanos en el mundo entero''.

Sin embargo, para AI, la reciente expulsión de defensores internacionales de los derechos humanos ``parece demostrar que, una vez más, el gobierno mexicano dista mucho de cumplir sus compromisos y promesas internacionales'', por lo que recomienda a las secciones de los países de la UE enviar el documento externo a diputados del Parlamento Europeo, en caso de que lo consideren adecuado''.