Pese a los tres años y medio transcurridos desde el alzamiento indígena del EZLN, poco han cambiado, en Chiapas, las condiciones de marginación social, opresión y cerrazón políticas, miseria, cacicazgos, impunidad y enfrentamientos entre comunidades o intracomunitarios que imperaban en 1994. Por el contrario, en la medida en que no han sido resueltos, tales problemas se han larvado y enconado, la polarización política ha llegado a peligrosos y explosivos límites, y las tensiones se han extendido a zonas de la entidad que no forman parte de la llamada ``zona de conflicto'', hoy acotada por un cerco militar que en buena medida ha profundizado los agravios sufridos por las comunidades zapatistas y ha acentuado, en consecuencia, su descontento.

Ante tal escenario, es indudable la necesidad y la urgencia de establecer, en esa entidad, vías pacíficas y legales para resolver los conflictos, ámbitos para confrontar propuestas de solución y mecanismos para dirimir conforme a derecho los enconos políticos. En suma, la celebración de elecciones, deseable y obligatoria por ley en todo el país, en el caso de Chiapas es a todas luces imprescindible.

Pero, paradójicamente, la agudización de los problemas mencionados amenaza con obstaculizar -o impedir- la realización de comicios regulares en diversas regiones de la entidad.

En su zona norte los enfrentamientos entre comunidades y militantes priístas y perredistas, el accionar de guardias blancas y grupos paramilitares como los denominados Chinchulines, sumados a la incapacidad o la falta de voluntad de las autoridades estatales para procurar justicia y salvaguardar la paz y la concordia, ponen en peligro las condiciones necesarias para la realización de elecciones. En el área de San Juan Chamula los añejos cacicazgos anteponen su filiación priísta y niegan hasta la existencia de otras opciones políticas en sus comunidades. Y, por lo que hace a la ``zona de conflicto'', preponderantemente zapatista, el empantanamiento de las gestiones de paz entre el gobierno federal y la dirigencia rebelde deja a las autoridades electorales sin ningún margen de acción.

Ante estas condiciones adversas, es necesario señalar que si las regiones mencionadas se quedaran al margen del proceso cívico del 6 de julio, ello tendría un altísimo costo político y moral para todos: para los partidos, para los rebeldes zapatistas, para los gobiernos estatal y federal y para el conjunto de la sociedad mexicana. Por ello, cabe demandar que las autoridades de Tuxtla Gutiérrez asuman sus responsabilidades y avancen en el establecimiento de un verdadero estado de derecho en la zona norte de la entidad y en las comunidades chamulas; que el Revolucionario Institucional se deslinde de las expresiones de intolerancia de los liderazgos regionales afiliados a ese partido y que, en lo tocante a las áreas predominantemente zapatistas, el gobierno federal adopte medidas de distensión tendentes a reactivar el diálogo con el EZLN y, en lo inmediato, a crear las condiciones para que los ciudadanos de la selva y de las cañadas puedan emitir su voto, para que, así, este 6 de julio no sean, una vez más, los excluidos.